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La perversa moral de hacer caridad con lo ajeno MARÍA MARTY Imagina este escenario.
La toma de poder de Santos en nombre de la paz. MARY ANASTASIA O’GRADY Hugo Chávez

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Chile: ¿cambiar la Constitución?

CRISTIÁN LARROULET

Existe una abundante literatura académica que muestra la estrecha relación entre las instituciones de un país y su desarrollo. Historiadores, sociólogos y, por supuesto, economistas dan cuenta de este vínculo a través de diferentes metodologías. Solo por mencionar a tres de ellos: Douglas North, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1993, precisamente por su trabajo seminal en esta materia, y los autores del reciente best seller Por qué fallan las naciones, Acemoglu D., y Robinson, J.

Las instituciones, como son la Constitución y las leyes, pueden ser muros o puentes para alcanzar el desarrollo humano. Son puentes cuando contienen mecanismos que incentivan el esfuerzo, el intercambio y la innovación en la sociedad; y son muros cuando agobian la creatividad y permiten los abusos.

Sobre el impacto que tienen las Constituciones en el ámbito económico, existen destacados trabajos académicos como el de Persson y Tabellini; B. Weingast, y Ben-Bassat y M. Dahan. Recientemente dos economistas chilenos, Sebastián Edwards y Álvaro García, estudiaron la relación entre los derechos constitucionales educativos y el desempeño académico en la Prueba Pisa 2012.

Cómo salir del subdesarrollo

ENRIQUE GÓMEZ

Para la izquierda, la culpa de la pobreza en el mundo está en el capitalismo y en la globalización, a los que consideran perversos y al servicio de las multinacionales “Yo estoy al servicio de la gente, no de los mercados” decía Susana Díaz, Presidenta del Gobierno de Andalucía. ¡Al servicio de la gente estamos todos!

Para los organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, BID), las instituciones europeas (casi todas social demócratas) y para el Vaticano (con este papa peronista) la solución es aumentar la ayuda a los países pobres. No importa que esta ayuda se haya venido practicando desde hace muchos años y haya fracasado. Con ella solo se consigue financiar a los malos gobernantes para que puedan mantenerse indefinidamente en el poder, financiar guerras locales y a veces directamente el terrorismo, como sucede con el Estado Palestino. Esto es así porque de los 300 Jefes de Estado que se sientan en la ONU, más de 200 son dictaduras.

Y sin embargo eliminar la pobreza es posible. Hay un hecho. Los 25 países más desarrollados del planeta son democracias liberales. Solamente hace falta ingresar en ese club y seguir los pasos que realizaron los países ricos cuando adoptaron el sistema capitalista tras la Revolución industrial.

La OEA, clave para destrabar la crisis venezolana

RAÚL RICARDEZ

Venezuela se encuentra en medio de una profunda crisis política, económica, social e institucional. Se trata de un proceso que afecta a todos los estratos de la sociedad, alterando su orden constitucional y poniendo en grave riesgo la vigencia plena de los derechos humanos, así como la paz interior y la seguridad de sus ciudadanos. Con un sincero espíritu de solidaridad y de cooperación con el pueblo y la nación venezolana, los estados americanos del Hemisferio Occidental deben iniciar coordinadamente y de inmediato acciones que contribuyan a restablecer la paz interior y la normalidad democrática en ese país.

El marco apropiado es la Organización de Estados Americanos a la cual pertenecen como miembros plenos todos los países del Hemisferio. La crisis de Venezuela, nación de grandes dimensiones e importancia, debe ser analizada y solucionada dentro de un marco regional. No es suficiente en las actuales circunstancias recurrir solo a organizaciones subregionales como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En estas últimas, no están representados Canada, EE. UU., México y la casi totalidad de los estados del Caribe, todos los cuales observan con profunda preocupación el desenvolvimiento de los acontecimientos en Venezuela. Más aún, los países miembros de la O.E.A. disponen de un instrumento jurídico fundamental para la preservación de la democracia en las Américas.

La militarización socialista de Venezuela

JUAN RAMÓN RALLO

Venezuela se está descomponiendo a pasos agigantados. El Gobierno de Nicolás Maduro no sólo ha abocado el país a la hiperinflación, a los apagones eléctricos diarios y al desabastecimiento de casi todos los productos, sino que acaba de optar directamente por utilizar el ejército para tomar el control de las fábricas paralizadas y para encarcelar a sus empresarios bajo la acusación de estar cometiendo sabotaje.

El colapso de la república bolivariana es la crónica de un desastre anunciado; anunciado desde el mismo momento en el que el precio del petróleo comenzó a pinchar. No en vano, el Estado venezolano se había convertido, desde la misma época de Chávez, en una maquinaria clientelar dedicada a repartir entre la población las rentas obtenidas mediante la exportación del crudo. Las locuras socialistas y el desmantelamiento institucional perpetrados por el chavismo pasaban inadvertidos en medio de las fortísimas entradas de petrodólares. Toda la especialización económica de Venezuela pasaba por producir y vender crudo al exterior (el 93% de las exportaciones venezolanas están basadas en el petróleo), merced a lo cual se importaba la mayor parte de los bienes básicos (medicamentos, alimentos, vehículos o el tantas veces mencionado papel higiénico).

Con tales mimbres, el pinchazo global de los precios del petróleo hacía inexorable que la sociedad venezolana se empobreciera: si el que es, de facto, tu único producto se hunde de precio, por necesidad tu poder adquisitivo se ha de desplomar. O dicho de otro modo, por necesidad el precio de todos los bienes importados –o de todos los bienes fabricados internamente con inputs importados– se tenía que encarecer. Pero como el encarecimiento de los productos básicos conducía a que los más acaudalados –y aquellos con conexiones políticas– se quedaran con un porcentaje mayor de su reducida oferta, el Ejecutivo bolivariano juzgó inasumible tolerar tales subidas de precios y optó por dos soluciones devastadoras: la primera, mantener el nivel nominal en bolívares de las rentas internas, lo que requería de una impresión de moneda muy superior a las disponibilidades de dólares que presuntamente respaldaban su valor; la segunda, establecer un amplísimo control de precios para que todos los bienes se vendiera en términos asequibles.

La nueva guerra fría

CARLOS ALBERTO MONTANER

Para Beatrice Rangel, que me puso sobre la pista

Tal vez fue una casualidad, pero coincidieron en el tiempo. En abril de 1990, durante el gobierno de George Bush (padre), pocos meses después del derribo del Muro de Berlín, cuando era evidente que la URSS y el comunismo se hundían, Washington comenzó a planear su próxima batalla en nombre de la seguridad nacional.

Fue entonces cuando se creó el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una dependencia del Departamento del Tesoro que habitualmente contrasta y complementa sus informaciones y actividades con el FBI, la DEA, la CIA, la NSA y otras agencias de inteligencia.

Originalmente, el nuevo enemigo era mucho más difuso, extendido y, al mismo tiempo, limitado: los traficantes de drogas. La estrategia era seguirle la pista al dinero por los vericuetos financieros hasta descubrir y asfixiar a los grandes capos. Al fin y al cabo, una masa de plata de ese volumen no se podía esconder en el colchón. Había que invertirla.

La vieja y sabia expresión de los investigadores anglo-norteamericanos se convertía en el plan de batalla: follow the money. Mientras los franceses aseguraban que, tras el delito, siempre había una mujer (cherchez la femme), para los estadounidenses la clave estaba en la plata. Acertaban.

La guerra contra las drogas debería ser librada por economistas

TOM WAINWRIGHT

En abril, representantes de todos los gobiernos del mundo se reunirán en Nueva York para asistir a una asamblea especial de La Organización de Naciones Unidas. El objetivo de la reunión es discutir la forma de resolver el problema de las drogas. Las expectativas no son muy altas: desde una reunión similar celebrada hace casi dos décadas, a la industria de los narcóticos le va mejor que nunca. A partir de 1998, el número de personas que utilizan el cannabis y la cocaína ha aumentado 50%, mientras que el número que consume heroína y otros opiáceos se ha triplicado. Las drogas ilegales son un negocio que mueve hoy en día US$300.000 millones en todo el mundo, y los diplomáticos de la ONU no están ni remotamente cerca de hallar la forma de acabar con él.

Este fracaso tiene una razón muy sencilla: los gobiernos continúan tratando el problema de las drogas como una batalla que librar, no como un mercado que deben contener. Los carteles que manejan este negocio son monstruosos, pero enfrentan los mismos dilemas que las empresas comunes, y tienen las mismas debilidades.

En El Salvador, el líder de una de las dos principales pandillas del país se quejó conmigo sobre los problemas de recursos humanos que enfrenta debido a la alta tasa de rotación de sus empleados (irónicamente, sus principales fuentes de reclutamiento son las mismas prisiones que se supone deben reformar los jóvenes delincuentes). En los pueblos de México, los carteles proporcionan servicios públicos básicos e incluso construyen iglesias, una versión cínica de la “responsabilidad social corporativa” que las empresas tradicionales usan para limpiar sus imágenes. El cartel de Los Zetas se expandió rápidamente mediante la afiliación de mafiosos locales, de quienes retiene una parte de sus ingresos. Actualmente franquicia su marca al estilo de McDonald’s y enfrenta disputas territoriales similares entre sus afiliados. Mientras tanto, en los países más ricos los distribuidores callejeros están siendo superados en precio y calidad por la llamada “web profunda”, de la misma manera en que las tiendas físicas están siendo socavadas por Amazon.

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Noticias de la semana

eldia

Artes y Letras

Chiquitos y la música

(Iglesia Chiquitana) 

MARIO VARGAS LLOSA

Los primeros jesuitas que llegaron a este lejano rincón del Oriente boliviano vieron que las viviendas de los indígenas tenían puertas tan pequeñas que bautizaron a toda la comarca con el nombre de Chiquitos. El padre José de Arce y el hermano Antonio de Rivas pisaron por primera vez estas selvas a fines de 1691. En vez de armas, traían instrumentos de música; sus experiencias en Perú y Paraguay les habían enseñado que el lenguaje de las flautas, los violines o las cítaras facilitaban la comunicación con los naturales del nuevo mundo. Pero aquellos primeros misioneros nunca pudieron imaginar la manera como los pueblos chiquitanos se apropiarían de aquellos instrumentos y de la música que acarreaban desde Europa, incorporándolos y adaptándolos a su propia cultura. Al extremo de que cuatro siglos después se puede decir que la Chiquitania (o Chiquitanía: se acentúa de las dos maneras) es una de las regiones más melómanas del mundo, donde la música barroca sigue tan viva y actual como en el siglo XVIII, matizada y coloreada de sabor local por unas comunidades cuya idiosincrasia concilia, de manera admirable, lo tradicional y lo moderno, lo artístico y lo práctico, el español y la lengua aborigen

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