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¿Quién frena los bloqueos?

EDUARDO BOWLES

El prolongado bloqueo de la carretera que une a Santa Cruz con el Beni y conecta directamente con la Chiquitania ha terminado de mostrar las aristas más perjudiciales de una medida irracional desde el punto de vista económico, ilegal en el contexto jurídico legal y de escasos réditos políticos y sociales, especialmente en la actual coyuntura política que atraviesa el país. Este bloqueo no solo está generando ingentes pérdidas económicas a transportistas y empresarios exportadores, sino que golpean duramente a la ciudadanía necesitada de ejercer su derecho de libre tránsito por el país, tanto para acudir a su fuente de trabajo, por razones de salud o de quehacer social y económico.

La ciudadanía y la opinión pública cruceña se preguntan qué hace el Gobierno para frenar este tipo de medidas que rayan en la esfera criminal, porque no solo privan a las familias bolivianas de la oportunidad de ganarse el pan de cada día, sino que lesionan gravemente la cadena de la producción nacional y el andamiaje económico del país. Los transportistas que prestan servicio al Beni, por ejemplo, han señalado la pérdida de hasta 39 mil bolivianos por día. Suspendidos los viajes, sin perspectiva de soluciones duraderas, los municipios de la Chiquitania, los productores y exportadores sufren grandes e incontables daños por la pérdida o deterioro de sus mercaderías y productos.

Es de conocimiento general que el bloqueo en San Julián es por un asunto administrativo académico de la Universidad estatal cruceña. Los bloqueadores, exigen la creación de la Facultad Integral del Noreste, decisión que recae en el Ilustre Consejo Universitario de la UAGRM. Si se mira bien, los bloqueadores han decidido perjudicar a la región para lograr la satisfacción de intereses personales o de grupo, lo cual debe motivar al Gobierno para actuar con mano dura hacia los responsables de semejante desatino. Dentro de su estructura interna, los universitarios están en su pleno derecho de exigir cuanto vean conveniente, hacerlo a costa del perjuicio de la región resulta ruinoso

Se ha señalado que la suspensión del bloqueo de la carretera está supeditado a lo que decida el Ilustre Consejo Universitario respecto de la creación de la Facultad Integral del Noreste. Semejante postura debería hacer reaccionar al Gobierno de la forma más enérgica, puesto que está obligado a sancionar con el peso de la ley a quienes están infringiendo las normativas legales vigentes. Corresponde, pues, actuar cuanto antes en defensa de la población y del aparato productivo, para colocar en su lugar a quienes se burlan de la ciudadanía y de la ley. Conviene insistir en que el bloqueo de carreteras perjudica la actividad económica y genera una innecesaria inseguridad e incertidumbre.

Resulta oportuno señalar que la cultura del bloqueo ha sido en su momento un arma política de gran efectividad y beneficio para la actual estructura del poder. La coyuntura política ha sido determinante, sin duda. Sin embargo, hoy por hoy, esa misma cultura resulta nociva para la paz social y economía cuando es utilizada para lograr propósitos que están lejos del interés ciudadano, sino de intereses personales y de grupo. El bloqueo de carreteras asoma sin lugar a dudas, como una figura delictiva que el Gobierno no puede permitirse tolerar por más tiempo sin deteriorar su menoscabada imagen. De lo que haga o deje de hacer en este terreno depende su credibilidad política.

Tomado de eldia.com

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