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Criminalidad y política

EDUARDO BOWLES 

Cuando se observa que los noticieros de televisión de Santa Cruz tienen hasta un 70 por ciento de contenido policial y de crónica roja parece una exageración o el resultado de una inclinación sensacionalista de los reporteros, pero al considerar las estadísticas de la incidencia del delito en la ciudad, la percepción cambia radicalmente.

De acuerdo a una reciente investigación realizada por una reconocida empresa de encuestas, el 63 por ciento de los ciudadanos asegura haber sido víctimas de la delincuencia en algún momento de su vida o en el último año, cifra superior a la que se obtuvo en un sondeo hecho el año pasado.

El informe sostiene que cuatro de cada diez habitantes de Santa Cruz han sido blanco de algún tipo de delito en los últimos doce meses. En este caso, el crecimiento representa el diez por ciento respeto del 2015, un fenómeno que debería ser considerado alarmante y cuando menos, motivo de preocupación de la opinión pública y principalmente de las autoridades que tienen que ver con la búsqueda de soluciones a este problema.

La encuesta revela también que es abultado el porcentaje de personas que confesó haber recibido ataques de la delincuencia en más de una ocasión, lo que no deja dudas que todos los planes, programas, estrategias y demás iniciativas lanzadas por los organismos públicos han sido estériles. Lo peor del caso es que durante los últimos años, tanto el Ministerio de Gobierno, la Policía, la Gobernación y el Municipio han hecho multimillonarias inversiones en la compra de vehículos y de armas, la contratación de personal y dotación de equipos especiales y todo aquello parece haber sido en vano, pues el delito sigue prácticamente intacto.

Ni siquiera la compra de helicópteros, la adquisición de drones, la instalación de centros de monitoreo o la creación de unidades especiales en la Policía han sido capaces de ofrecerle a la población algo de tranquilidad. Los sectores que tienen mejores posibilidades económicas gastan millonadas en contratar seguridad privada y lógicamente los que más padecen la violencia y la pérdida de sus bienes son los estratos de menor poder adquisitivo.

Lo más probable es que todo ese gasto realizado en materia de seguridad no haya servido más que para fortalecer la capacidad represiva del estado, dirigida especialmente a contener las fuerzas políticas contrarias, en lugar de combatir a las bandas de criminales. La Policía es más fuerte, tiene mayor capacidad de movilización y está mejor pertrechada, pero eso solo beneficia a la propia actividad burocrática de las fuerzas del orden y como extensión, al Gobierno y su aparato político que se asienta sobre el copamiento institucional, que incluye a militares y policías, por supuesto.

Esta relación entre criminalidad y política, que se nutre de la profusa información periodística sobre el crimen, representa un círculo vicioso, cuyo único beneficiario es el poder hegemónico. Ante mayor inseguridad la gente tiende a pensar que es necesario fortalecer a la Policía y la capacidad de represión. Si queremos obtener otros resultados, es momento de pensar en una nueva estrategia, que solo es posible si recuperamos la plena vigencia de la democracia.

Tomado de eldia.com.bo

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