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Ley y autoridad en Bolivia

EDUARDO BOWLES 

Siempre despotricamos contra el centralismo, la peor lacra que existe en Bolivia, pero cuando se observa lo que pagan los paceños por vivir alrededor del Palacio, la mirada suele cambiar radicalmente. Esta semana les tocó vivir uno de esos paros criminales del transporte, en los que salen a relucir los instintos más salvajes de los choferes, de la Policía y por supuesto, de los politiqueros que aprovechan cada resquicio para abonar su pequeña parcela de poder.

Pese a los chicotazos, las calles bloqueadas, los insultos y la gente caminando por horas para llegar a sus puestos de trabajo, la actitud más primitiva la asume el Estado y todas sus instituciones que toleran el martirio al que es sometida la población porque se trata de una medida de protesta que favorece sus intereses políticos y se estrella contra los opositores. De esta manera, la Policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y todas las instancias que deberían salir en defensa del ciudadano, miran de palco este acto de flagelación colectiva.

El truco para sobrevivir y sacar provecho de estas circunstancias es aprender a dominar la lógica del funcionamiento de la ley y la autoridad en Bolivia. El que se perjudica obviamente es el que cree en la justicia, que paga sus impuestos, respeta las normas y todavía sigue convencido que el Gobierno está para buscar el bien común.

Los cooperativistas mineros representan el mejor ejemplo en estos días de la manera cómo se le juega a un Estado aparente, que aplica las leyes solo cuando le conviene a la minúscula élite que controla el poder. Estos aguerridos obreros, que actuaron como un verdadero ejército armado, llegaron al extremo de asesinar a un alto dignatario estatal y ahora se atrincheran en una comunidad del Altiplano, donde protegen a los culpables y están a punto de crear una suerte de zona de exclusión que le cierra el paso a la Policía.

Cómo se va a poder evitar ese extremo, si el Chapare y sus alrededores, el feudo controlado por el sector más privilegiado del país, se ha convertido en un Estado dentro de otro, con sus propias reglas, territorio y mandamases con la potestad de hacer huir a quienes tengan la osadía de aplicar las leyes del resto de los bolivianos.

Y así como esos, en Bolivia siguen proliferando los señoríos, grandes y pequeños, urbanos y rurales, algunos de los cuales actúan frente a los ojos de todos, como los informales, los contrabandistas, los tratantes de personas, los sistemas financieros paralelos controlados por pistoleros, los sicarios (como los de San Matías, donde solo funciona la ley del revólver), narcos y “dirigentes sociales” que lotean, avasallan y atropellan a nombre del “proceso de cambio” (con credenciales y todo).

Los bolivianos podríamos sentirnos tranquilos, pues la cuestión sería hallarle la vuelta, entablar una buena relación con este sistema (torcido, pero sistema al fin) y encontrar algún tipo de transacción que beneficie al gobernado y por supuesto, al gobernante. El problema es que últimamente se han estado presentando muchas disidencias, es decir, sectores que sienten que la protección del Estado ya no les sirve, que los privilegios que les otorga ya no funcionan y parecen transitar hacia una suerte de autonomía, mucho más peligrosa que la que asustó a los centralistas en el 2008.

Tomado de eldia.com.bo

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