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¿Causa o efecto?

EDUARDO BOWLES

El sector productivo de Santa Cruz ha vuelto a poner sobre la mesa del debate un asunto preocupante: el constante avasallamiento de propiedades rurales que cumplen una función social y productiva. Esta permanente amenaza no solo conlleva enormes perjuicios para los productores, por la cuantiosa pérdida de bienes y variados daños a la infraestructura que ocasionan los avasalladores, sino que supone un clima de violencia entre partes, con resultados imprevisibles si no se actúa con oportunidad. El Gobierno está obligado a dar señales más claras de que la aplicación de la ley en que está empeñado, se dirige a las causas del problema y no solamente a los efectos visibles.

Los últimos avasallamientos de propiedades han tenido lugar en la zona de Pailón, aunque en justicia se debe señalar que ocurren en diversos puntos del departamento, llegando a sumar sesenta tomas de propiedades en el último trimestre. El desalojo de los avasalladores, medida que habla a favor del Gobierno, muestra a las claras que es posible aplicar la ley como corresponde. Pero, de manera puntual conviene preguntarse ¿Se está aplicando la ley a las causas del problema o a los efectos? Sin duda que restituir a los productores sus tierras, cuando no sus bienes, irremediablemente perdidos, es tan solo una solución parcial a los efectos perniciosos de estos avasallamientos.

Los autores intelectuales de los avasallamientos están plenamente identificados y contra ellos debe dirigirse cualquier acción que sirva no solo de ejemplo sino de valioso precedente. El Gobierno, y las autoridades de los niveles pertinentes, deben recordar que los avasalladores actúan en nombre del partido gobernante o en función del movimiento social que apoya al proceso de cambio. En uno y otro caso, los transgresores señalan como el origen de todos los conflictos al propio Gobierno. Vistas las cosas desde este ángulo, lo menos que pueden hacer las autoridades es aplicar la ley a los autores materiales e intelectuales de estos delitos. Es decir, atacar las causas.

El Gobierno tiene la obligación de desligarse, de manera clara, de la desafortunada sospecha de ser cómplice de los avasalladores. Para ello, se hace preciso actuar con celeridad y transparencia. Resulta sensato advertir que al proceder de esta manera está ofreciendo la seguridad jurídica que tanto reclaman los productores para invertir y hacer respetar su derecho propietario. Por otra parte, puede sentar precedentes disuasivos que desalienten otros intentos de avasallamiento. De manera adicional, resolver este asunto por la vía de la ley le permite atender, con justicia y mayor objetividad, los legítimos reclamos y necesidades de los humildes campesinos engañados por los avasalladores.

Además, dentro del ambiente de acercamiento del Gobierno a los productores y empresarios cruceños, podría convertirse en un auténtico aliciente el que por fin se dirijan las acciones legales más hacia las causas primigenias de los conflictos de la propiedad privada y menos a los efectos que estos provocan. En la medida que el Gobierno aplique la ley como corresponda y se envíen señales positivas a favor de la seguridad jurídica para los inversores, empresarios y productores, se estará construyendo un nuevo ambiente donde la confianza en la ley, y en el propio Gobierno como ejecutor, sea capaz de alentar mayor inversión, iniciativa y mejor producción.

Tomado de eldia.com.bo

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