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Cuando lo primero es la política

EDUARDO BOWLES 

En Bolivia la política está primero que las leyes y las decisiones se toman en función del apoyo popular y de los intereses de los sectores involucrados, en lugar de buscar el bien común o por lo menos, el sentido común. Eso no ha cambiado en lo más mínimo pese a que teóricamente vivimos tiempos revolucionarios orientados en función de las demandas de los sectores mayoritarios y de los más necesitados.

El ejemplo más claro está en el transporte público, que ha vuelto a elevar sus tarifas no solo en Santa Cruz, donde los transportistas, excelentes aliados de todos los gobiernos de turno, han impuesto nuevamente sus condiciones en detrimento de las necesidades de la gente. El ciudadano está obligado a pagar más por un servicio cada vez más deteriorado, mientras que las autoridades miran para otro lado y permiten que se consume el abuso.

Algunas cosas son demasiado serias como para dejarlas en manos de los políticos, siempre dispuestos a realizar cálculos y a someterse a las encuestas de aprobación antes incluso de combatir el delito. Eso está ocurriendo específicamente con el narcotráfico en el país, donde diferentes sectores involucrados en la fabricación de cocaína, comienzan a hacer llegar sus quejas por el supuesto abuso policial, cuando en realidad tratan de defender su “derecho” a proteger un medio de vida ilícito en el que están envueltas numerosas comunidades del norte del departamento, donde el oficialismo tiene sus principales bastiones políticos.

Justamente en esa zona, la politiquería ha hecho la vista gorda de los avasallamientos a las principales reservas forestales que han destruido una prometedora industria. Las autoridades parecen estar dispuestas a tolerar la destrucción de la naturaleza y las fuentes de vida del país, siempre y cuando las acciones negativas vengan de las masas de potenciales votantes, en tanto que se vuelve infranqueable contra las empresas que explotan los recursos de manera racional, pagando impuestos y aportando al desarrollo nacional. Exactamente la misma política es manejada en el plano impositivo; por un lado se hostiga, se multa y se clausura en el sector formal y por otro lado, se tolera, se perdona y se ignora la evasión de grandes sectores de informales que gozan incluso de la potestad de incumplir las leyes, como ocurre con los contrabandistas y vendedores de ropa usada.

Si antes la política mantenía secuestrada la justicia, ahora está peor y así lo admiten los propios exponentes del “proceso de cambio” que se sumaron a este proyecto de distorsión del funcionamiento del principal poder del Estado, que se ha convertido en un nido de chantajistas y negociantes que actúan como esbirros del régimen de gobierno.

Y así como pasa con el transporte, que el ciudadano parece sin derecho a aspirar a un servicio decente; con los impuestos, que jamás nos permitirán edificar el futuro, porque no hay cómo financiar ni la salud y la educación, los dos pilares de cualquier sociedad sostenible; así como estamos tirando por la borda el medio ambiente a nombre de la inclusión y los derechos de unos que gozan de pan para hoy, pero que mañana sufrirán de hambre y finalmente, así como el narcotráfico tiende a destruir el tejido social y jurídico del país, es imposible construir la utopía de una nación próspera, sin esos grotescos índices de pobreza que jamás van a ceder significativamente por más bonanza económica que, dicho sea de paso, se la está administrando a punta de demagogia barata.

Tomado de eldia.com

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