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Pensiones: balance de un conflicto

ROBERTO LASERNA

(Fuente: fundacion-milenio.org Informe de coyuntura 197) 

El 10 de diciembre de 2010 el Gobierno promulgó la Ley No. 065 haciendo ostentación de haber logrado consenso con los trabajadores. Pero es evidente que cometió muchos errores técnicos, que se manifestaron antes de cumplir los dos años de vigencia provocando una masiva movilización de mineros, obreros, médicos, maestros, policías y otros sectores que forman parte de la Central Obrera Boliviana.



Conflicto

La COB planteó al Gobierno:
• Una pensión equivalente al 100 por ciento del salario para los trabajadores, similar a la que perciben los militares y
• Una pensión mínima de Bs. 5,000 al mes para los mineros.

Después de más de dos semanas de conflicto y sin suscribir documento alguno, el Gobierno ofreció:

• Realizar un estudio matemático actuarial con participación de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley No 065 ha omitido el estudio matemático actuarial que es indispensable para el diseño sustentable de un sistema de pensiones.

• Conformar equipos técnicos para revisar al menos 30 artículos de la Ley 065, que si requiere tan pronto de tantas reformas no parece ser una buena ley.

• Reponer una pensión equivalente al 70 por ciento del salario como establecía la Ley No. 1732, en vez del 60 por ciento previsto en la ley 065,

• Revivir el Fondo Complementario de la Policía Nacional para garantizar una pensión equivalente al 100 por ciento de su salario.

La movilización de los trabajadores es el resultado de haber emitido una norma con errores y sin el suficiente respaldo técnico actuarial.

Errores de la Ley No 065

La ley No 065 comete errores e incumple los siguientes principios internacionales de la Seguridad Social: Solidaridad, economía, eficacia, oportunidad y financiamiento sostenible.

Solidaridad

Este principio establece que todos deben aportar para beneficio de los que necesitan de manera que el costo de las prestaciones debe distribuirse entre los asegurados, los empleadores y los contribuyentes para evitar una carga demasiado gravosa a las personas aseguradas de escasos recursos.

La Ley 065 impone la carga del costo sobre empleadores y algunos trabajadores liberando al Estado de aportar excepto en su calidad de patrón.

Economía

El Seguro Social debe percibir cotizaciones sin incurrir en gastos administrativos desproporcionados.

La solución planteada por el Gobierno pretende renacer los Fondos Complementarios que no solo significa incurrir en costos administrativos más elevados y generar pensiones inequitativas respecto a la población en general, sino también parece olvidar los actos de corrupción del pasado como por ejemplo del Fondo Complementario de la Administración Publica FOCCSAP).
(
El principio de economía también se refiere a definir y pagar prestaciones con las debidas precauciones para evitar abusos.

El diseño de la Pensión Solidaria para personas que cumplan 58 años de edad, establece aportar el 10 por ciento de sueldo durante 10 años y recibir una pensión equivalente al 60 por ciento del sueldo en forma vitalicia. Significa ofrecer una pensión definida sin la debida precaución, que nació desfinanciada, podría incentivar el abuso, la evasión consistente en cotizar solamente durante diez años y garantizar una pensión desproporcionada a los aportes, que contraviene también el principio de eficacia.

Eficacia

El principio establece que: La administración de los recursos debe ser tan rigurosa y eficaz para que la seguridad social pueda afrontar con garantía sus obligaciones de pagar las prestaciones.

Aportar una parte del salario durante diez años y recibir una pensión equivalente al 60 por ciento del salario en promedio durante más de veinte años, no resiste el mínimo análisis aritmético.
En cumplimiento a la Ley 065, el ahorro de los trabajadores que al mes de abril de 2013 alcanzaba a US$ 7,976 millones (siete mil novecientos setenta y seis millones 00/100 dólares), será objeto de inversión en el marco de los límites previstos en reglamento a ser
emitido por el Órgano Ejecutivo, cuando opere la Gestora Publica que sustituirá a las AFP. Existe el peligro de que al ser el Estado juez y parte, la inversión de los aportes sea destinada a proyectos ajenos al interés previsional y en ese caso, la seguridad social no podría afrontar con garantía sus obligaciones de pagar las prestaciones.
Por el contrario, las inversiones de los fondos de capitalización individual efectuadas por las AFP estaban sujetas a límites, clasificación de riesgo y criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad.

Oportunidad

Las prestaciones deben sustituir lo más pronto posible, hasta un nivel tan razonable como sea factible, los ingresos perdidos como consecuencia de la ocurrencia del riesgo, para garantizar la continuidad de los medios de subsistencia de los asegurados.

Sin contar con el cálculo matemático actuarial necesario, la ley 065 bajó el límite de 70 por ciento a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez y la edad de 65 a 60 años provocando el aumento en el número de jubilados pero con pensiones más bajas.

Disminuir la pensión de vejez del 70 por ciento al 60 por ciento, no reemplaza en un nivel razonable y suficiente los ingresos perdidos por causa de la edad afectando la continuidad de los medios de subsistencia de los segurados.

Demagógicamente se ha incentivado a salir del mercado de trabajo antes de tiempo y retirarse, pero sin aclarar que las pensiones vitalicias serían más bajas que antes.
Entre 1997 y 2010 se han jubilado 29,980 personas (2,306 personas al año) mientras que con la Ley 065 se han jubilado 23,932 personas (10,396 por año). Se ha quintuplicado el número de jubilados por año con ingresos más bajos para el resto de su vida, seguramente por esto es que ahora los trabajadores se sienten engañados con la Ley 065 que los hace más pobres durante los últimos años de su vida.

Financiamiento sostenible de prestaciones

Al mes de abril de 2013, el número de trabajadores afiliados supera el millón y medio de personas.

La ley subió los aportes y bajó las pensiones, la gente no está de acuerdo en pagar más para recibir menos.

La Ley en vigencia respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, se transfiere su saldo acumulado a un fondo común destinado a repartir pensiones inequitativas porque no todos aportaron en la misma proporción.

Se ha multiplicado el número de jubilados con pensiones financiadas por una bolsa común donde la pensión ya no depende del ahorro previsional y como hay más gente que accede al beneficio seguramente el fondo alcanzará para mas personas pero a costa de recibir menores pensiones. Si continua la tendencia de crecimiento del número de jubilados, desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada