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La arrogancia y el error

university-of-notre-dameCARLOS ALBERTO MONTANER

El profesor Haroldo Dilla, exiliado cubano radicado en Santo Domingo, discrepa de mis ideas sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria expresadas a propósito de las manifestaciones estudiantiles en Chile. Su texto, La ignorancia y el cinismo, puede consultarse en 7días.com.do del 8 de julio pasado. Se trata de un periódico digital dominicano que posee, me dicen, una extensa difusión.

Es la cuarta polémica que sostengo con otros tantos cubanos últimamente. No me quejo, porque, como decían los campesinos en sus controversias rimadas, “me dan pie para la décima”. La primera fue con el periodista radial Edmundo García, la segunda con el cantautor Silvio Rodríguez y la tercera con el profesor Arturo López-Levy. Todas pueden localizarse en la red. Los tres primeros encarnaban diversas posiciones del oficialismo cubano. Ahora surge este inesperado intercambio con el economista Haroldo Dilla, exiliado en República Dominicana.

El tema que se debate

En efecto, como irrita al profesor Dilla, creo que es inmoral que el conjunto de la sociedad afronte las responsabilidades económicas de unos pocos adultos, generalmente pertenecientes a las clases medias y altas del país, que luego se beneficiarán del ejercicio de las profesiones alcanzadas.

Como escribí en La buena educación (www.elblogdemontaner.com), reproducido en diversos medios, me parece más razonable y justo que el Estado invierta los escasos recursos de que dispone en mejorar notablemente la enseñanza pre-escolar, primaria y secundaria, cuando los niños y adolescentes todavía no han sido declarados adultos responsables, porque es en esa etapa de la vida cuando se crean el carácter, los hábitos y los valores que los van a acompañar hasta su muerte.

Es en esa fase, además, donde están presentes prácticamente todas las personas, y no el porcentaje minoritario que accede a las universidades (desde el 51% en Canadá hasta el 3% en África subsahariana, con un promedio planetario de algo menos del 7%). Si de lo que se trata es de preparar a los ciudadanos para que puedan competir y sobresalir, es en los primeros años donde es más útil poner el acento.

Naturalmente, si la sociedad fuera inmensamente próspera y el Estado igualmente rico, no habría que elegir. Teóricamente, se podría subsidiar a todos, todo el tiempo, siempre que existan suficientes riquezas. Sólo que ese panorama es muy poco frecuente y, cuando existe, como sucede en algunos pozos de petróleo con himnos y banderas del Medio Oriente, las marginaciones son de carácter religioso. En algunos de esos países el todos no suele incluir a las mujeres.

Simultáneamente, el profesor Dilla rechaza mi conformidad con que esos estudios universitarios también puedan ser actividades lucrativas, como suele ocurrir con la enseñanza primaria o secundaria, zona de la educación donde proliferan las buenas, escuelas privadas. Dilla comparte con muchos religiosos el rechazo a la obtención de beneficios producidos por una ocupación a la que le confiere una majestad especial.

Le escandaliza que una persona, o un grupo de inversionistas, arriesguen sus capitales y su tiempo fomentando una actividad empresarial dedicada a transmitir conocimientos a alumnos universitarios que libremente han decidido pagar por ellos porque los encuentran adecuados. Dilla prefiere obligar al conjunto de la sociedad a que sufrague los costos que eso implica.

Por supuesto, no estoy en contra de que exista enseñanza universitaria pública, pero me parece incorrecto que sea gratuita. Defiendo que conviva con otras expresiones de la docencia: universidades privadas con y sin fines de lucro, o regidas por cooperativas, sectores empresariales o sindicatos. La pluralidad y la diversidad siempre son buenas para la educación.

Desde hace años tengo alguna vinculación académica con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que me honró nombrándome Profesor Visitante, una empresa o institución con fines de lucro, y me consta que es una de las buenas instituciones de educación superior del país. Fue allí donde pude desarrollar un curso sobre los orígenes y características de nuestro continente, que luego apareció publicado en dos volúmenes: Los latinoamericanos y la cultura occidental y Las raíces torcidas de América Latina.

La UPC educa a unos 30 000 estudiantes en 9 facultades y 30 carreras. Forma parte de un consorcio global llamado Laureate International Universities que posee y opera 76 universidades en 27 países. Los accionistas de esa multinacional ganan dinero vendiendo buena educación a más de 600 000 universitarios en diferentes países del mundo, actividad que me parece absolutamente meritoria. Como cualquier otro empresario, deben cuidar la calidad y los precios para sobrevivir en el mercado. (Aclaro que no tengo el menor interés económico en esa empresa).

Esta operación, permitida por la inteligente y franca legislación peruana, me parece mucho más limpia y transparente que las universidades privadas, aparentemente sin fines de lucro, que disfrazan la obtención de beneficios por medio de sofismas o contabilidad creativa.

Entiendo, claro, pero no lo justifico, que esa trampa es el resultado de que, en casi todos los países, existe la superstición de que las actividades universitarias no deben rendir beneficios o, si los producen, estos deben reinvertirse en la propia actividad.

A mi juicio, una universidad privada creada con fines de lucro, como sucede con muchas escuelas de niveles inferiores, o con centros que ofrecen servicios médicos, pueden y deben ser empresas sujetas a los mismos riesgos y responsabilidades que cualquier otra actividad concebida para obtener beneficios a cambio de prestar un servicio.

En ese caso, no deben tener ventajas fiscales ni privilegios de ningún tipo. Tampoco suelen poseerlos los laboratorios farmacéuticos, y no creo que nadie ponga en duda la importancia que estos tienen, nada menos que para la preservación de la vida.

En cuanto al costo de la educación, como he escrito en el artículo citado, creo que el Estado debe avalar los préstamos que necesita el adulto para educarse, si éste no dispone de ahorros o suficiente patrimonio personal. Y, como sucede con cualquier otro bien, puede esperarse que, además del educando, la familia se comprometa con la devolución del préstamo. Si los padres no tienen fe en el estudiante, ¿por qué debe creer el resto de la sociedad?

Por otra parte, es razonable que los liberales, que sostienen las virtudes de la meritocracia, propugnen que se otorguen becas a los buenos estudiantes. Premiar a los mejores, siempre que sean elegidos con criterios imparciales, es algo absolutamente recomendable para que se propague el ejemplo y se eleve el nivel general de la educación.

Otro de los argumentos del profesor Dilla, en el que lleva cierta razón, pero poca, y la poca que tiene no le sirve de mucho, es cuando alega que la educación es un “derecho”, algo que aparece consignado en numerosas constituciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita (y escasamente respetada) por todos los países miembros de la ONU.

Es verdad, pero el hecho de que exista un derecho, no quiere decir que sea necesariamente gratuito. Casi todos los textos legales hablan del derecho a la propiedad privada, mas eso no implica que el Estado debe regalarles una casa o un automóvil a los ciudadanos. Desgraciadamente, hay cientos de millones de personas que viven en países en donde existe el derecho a la propiedad privada, pero sólo son dueños de la sombra que pisan.

También existe el derecho a la libertad de expresión, lo que no garantiza que el Estado debe proporcionar el medio de ejercerlo. Simplemente, quiere decir que no se puede privar a nadie de esta posibilidad si tiene los medios para realizar esa tarea.

En todo caso, creo que cuando se habla de derechos económicos, o derechos a ciertos servicios o condiciones de vida, se confunde la palabra “derecho” con la expresión “aspiración legítima”, generalmente por razones de despreciable demagogia política.

Hablar del “derecho a la educación”, como del “derecho a una vivienda digna”, un “trabajo bien remunerado” o a “servicios de salud”, es crear una dudosa expectativa que tiene muy poco que ver con la realidad.

Para dotar de educación y servicios de salud a una comunidad hay que crear y acumular riquezas. ¿Cómo puede convertirse en un “derecho” un servicio que cuesta una cantidad de recursos que acaso no tenemos hoy y se corre el riesgo de tampoco poseerlos mañana?

Para ofrecer un empleo bien remunerado hace falta una empresa, generalmente que agregue bastante valor a la producción, y que, encima, obtenga beneficios. ¿Qué sucede si no existen o no se crean esas empresas? ¿Qué debe hacer el trabajador desempleado? ¿Denunciar en el juzgado de guardia al Presidente y a sus Ministros por violar sus derechos?

Naturalmente, el Estado puede asignarle arbitrariamente un salario al desempleado, como hacen en los estados asistencialistas-clientelistas. O puede nombrar a esa persona en una empresa que no lo necesita, como hasta hace poco hizo el gobierno cubano.

En los años setenta del siglo XX, en Venezuela, el primer Carlos Andrés Pérez creó 50 000 empleos de un plumazo. ¿Qué hizo? Obligó a que cada ascensor, aún los automáticos, fuera operado por un ascensorista absolutamente innecesario. Ese, obviamente, es un camino corto y estúpido hacia el empobrecimiento colectivo, aunque también es una manera de cumplir con el “derecho al trabajo”.

La cuestión personal

Hasta este punto, el planteamiento del profesor Haroldo Dilla me parece un debate importante. Encapsula dos visiones diferentes sobre el gasto público y la misión del Estado que divide al planeta desde que en 1776 el escocés Adam Smith, esencialmente un profesor de ética, publicó su extraordinario Indagación sobre la riqueza de las naciones, libro que sentó las bases teóricas para desmontar el mercantilismo, sistema económico propio del Antiguo Régimen que tanto parecido tiene con los rasgos principales de los estados neopopulistas de nuestros días.

De entonces a hoy, esa discusión se ha ido enriqueciendo con mil nuevos argumentos y experiencias. Hay, incluso, hasta un gracioso debate cantado en versión reguetón entre Hayek y Keynes que puede encontrarse fácilmente en la red. Vale la pena verlo y escucharlo en YouTube porque es muy divertido.

Sin embargo, dada la trascendencia del tema, lamento que el señor Dilla personalice la cuestión y rebaje la calidad de sus razonamientos llamándome “ignorante, alguien que opina sobre lo que no conoce, ofende a sus adversarios y hace de su ideología un credo fanático”. Por supuesto, no voy a responder en el mismo plano. No me interesa tratar de herirlo en su amor propio o defenderme de sus ataques.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.

El liberalismo

La primera aclaración es que eso que el señor Dilla llama “el neoliberalismo” como dogma ideológico, un método parecido al marxismo, sencillamente, no existe. Hay algunas creencias básicas, extraídas de la experiencia y del juicio moral, a lo que llamamos liberalismo, pero nada más.

No sé con cuántas de ellas el señor Dilla está en desacuerdo, pero le anoto las ocho más importantes para que él, si lo desea, explique por qué las rechaza:

· Situamos la libertad a la cabeza de nuestros valores y prioridades, y la definimos como el derecho a tomar decisiones individuales sin la coerción del Estado o de otros grupos poderosos.

· Creemos que la responsabilidad individual es la contrapartida ineludible de la libertad individual. No puede haber ciudadanos libres si no son, al mismo tiempo, responsables de sus actos.

· Sostenemos que existen derechos naturales que no pueden ser abolidos por el Estado o por grupos poderosos. Entre ellos, existe el derecho a la propiedad privada, ámbito, por cierto, en que mejor puede preservarse la libertad individual.

· Proponemos la existencia de un Estado limitado por un orden constitucional universal, que no favorezca a persona o grupo alguno, que establezca la separación y balance de poderes, fundamentalmente dedicado a proteger los derechos individuales, preservar la paz e impartir justicia.

· Suponemos que la posibilidad de crear riquezas se logra con mayor intensidad, eficiencia y justicia en el seno de la sociedad civil, aunque no descartamos la responsabilidad subsidiaria del Estado.

· Exigimos la absoluta transparencia de los actos públicos y la constante rendición de cuentas. Para los liberales, el Estado es o debe ser un conjunto de instituciones libremente segregado para beneficio de las personas. Los empleados públicos, desde la cabeza hasta el más humilde, son nuestros servidores y han sido elegidos para obedecer la ley.

· No creemos en las virtudes de la igualdad de resultados, sino en la de igualdad de oportunidades para luchar por conquistar el tipo de vida que libremente escogemos. De ahí que el método natural de selección de los liderazgos entre los liberales esté basado en la meritocracia, aunque sabemos que ella conduce a la desigualdad.

· Aceptamos que la democracia representativa es el método menos ineficiente que se conoce para tomar decisiones colectivas en el ámbito público, y estamos de acuerdo en que las elecciones periódicas y limpias entre partidos diferentes que compiten por el poder y se alternan y vigilan en el ejercicio de la autoridad, es un modo razonablemente adecuado de organizar la convivencia, siempre que se respeten los derechos individuales plasmados en la constitución y las leyes.

El liberalismo en el terreno de las medidas de gobierno

Al margen de esos principios fundamentales que unifican a los sectores liberales, la experiencia de los últimos dos siglos ha ido decantando ciertas ideas, proposiciones y posturas de carácter económico que me imagino que horrorizan al señor Dilla o provocan su rechazo intelectual, pero, como en el caso anterior, sospecho que los lectores querrán saber por qué se opone a ellas con tanta vehemencia. A continuación consigno las doce medidas de gobierno más populares entre los que nos consideramos liberales:

· Suponemos que el libre mercado, a juzgar por la experiencia, es mucho más eficiente que la planificación centralizada desde el Estado para asignar recursos y crear riqueza.

· Impulsamos la defensa del libre comercio frente al proteccionismo.

· Propugnamos la apertura al comercio internacional y la inversión extranjeras.

· Proponemos la existencia de un Estado reducido que haga pocas tareas, pero que las haga bien, y ponga el acento en impartir justicia y en cuidar la vida y la seguridad de las personas.

· Rechazamos los déficits fiscales, el endeudamiento excesivo y a la impresión de dinero “inorgánico”, políticas todas que conducen a la inflación y al empobrecimiento colectivo. Es decir defendemos la moderación y la austeridad en el terreno macroeconómico.

· Suponemos que es preferible un nivel bajo de presión fiscal para que la sociedad civil disponga de mayores recursos para crear riquezas.

· Tenemos la convicción, derivada de la experiencia, de que el Estado es un pésimo empresario, corrupto y malgastador, y, por lo tanto, es preferible privatizar el aparato productivo que tiene en sus manos.

· Dentro de ese espíritu, preferimos, cuando sea posible, la opción de la “tercerización” de servicios públicos antes que aumentar la burocracia.

· Rechazamos, en general, los subsidios, por ser una fuente de corrupción y clientelismo, y porque convierten el asistencialismo en el instrumento de grupos de poder que perpetúan la pobreza y convierten a los necesitados en su base electoral.

· Favorecemos la toma de decisiones de las personas mediante vouchers, antes que colocar esas decisiones en manos de los burócratas del Estado para que decidan cómo, cuándo y qué deben consumir los individuos o cómo alcanzamos la felicidad.

· Optamos por desregular cuando las normas entorpecen la creación de riquezas, pero regular cuidadosamente para garantizar la competencia, la transparencia y el fair play.

· Junto a los teóricos de la creación de “capital humano” y “capital cívico”, dos nociones propuestas y muy analizadas por los pensadores liberales, creemos en la importancia extraordinaria de la educación, especialmente en los primeros años, cuando, como he señalado antes, se forjan el carácter, los hábitos y la escala de valores.

Como el señor Dilla me considera un ignorante (y seguramente lo soy, puesto que las cosas que sé son infinitamente menos que las que ignoro); y aunque no soy dado a respaldar mis posiciones con opiniones de autoridad (me parece un dudoso procedimiento para imponer las ideas extraído del método escolástico), advierto que estas doce amplias proposiciones, a las que probablemente se oponga el señor Dilla, porque tienen el tufo de lo que él llama neoliberalismo, cuentan con el respaldo parcial de una notable pléyade de pensadores e intelectuales calificados como liberales, entre los que, a vuela pluma, puedo citar a la siguiente docena de Premios Nobel de Economía: Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, Douglass North, Robert Lucas, Robert Mundell, Edmund Phelps, Edward C. Prescott, Amartya Sen, Robert W. Fogel y Ronald H. Coase. No es conmigo, sino con ellos con quienes debe debatir estas cuestiones que él domina con tanta certeza dado que, felizmente, no es un ignorante.

Asimismo, a los efectos del debate, sería útil que explicara por qué el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo suelen recomendar todas o algunas de estas medidas como expresiones del buen gobierno, o por qué, en Maastricht, cuando los países europeos fueron a adoptar una moneda común, el euro, crearon un marco de referencia bastante ajustado a este recetario liberal que describía a los Estados bien gobernados.

El regreso de la sensatez liberal

¿Cómo llegaron los liberales, o muchos de ellos, a proponer esas medidas de gobierno y, en algunos casos, a llevarlas a la práctica exitosamente? Básicamente, por el fracaso continuado de los planteamientos contrarios.

El profesor Dilla yerra o no sabe lo que dice (con perdón) cuando afirma que: “El neoliberalismo [sic] es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de Pinochet en Chile –con sus asesinatos, desapariciones y torturas—fue un ejemplo trágico”.

Es asombroso que una persona bien informada, como pretende ser el profesor Dilla, ignore que las mayores y más exitosas reformas liberales del Estado en el siglo XX han sido llevadas a cabo en democracia, con el consentimiento de las mayorías y con arreglo a la ley.

Lo dice con bastante claridad Fareed Zakaria: “Cuando Thatcher llegó al poder, la vida del británico promedio era una serie de interacciones con el Estado: el teléfono, gas, electricidad, agua, los puertos, trenes y aerolíneas pertenecían y eran administrados por el gobierno, así como también las empresas siderúrgicas y hasta Jaguar y Rolls-Royce. En casi todos los casos esto llevaba a la ineficacia y la esclerosis. Tomaba meses el llegar a tener instalada una línea de teléfono en el hogar. Las tasas impositivas marginales eran muy altas, llegando hasta el 83%”.

¿Qué hizo Margaret Thatcher? Sigamos con Zakaria: “Privatizó 50 empresas y los gobiernos de Europa, Asia, América Latina y África siguieron el mismo curso. Los impuestos se recortaron en todos lados. La tasa impositiva marginal más alta de la India en 1974 era de 97.5%. Hoy la tasa más alta es del 40%. En EEUU en 1977, los impuestos sobre las ganancias del capital y dividendo eran del 39.9%; en 2012 la tasa era del 15% (…) Esos cambios se han llevado a cabo bajo gobiernos conservadores, liberales y hasta socialistas. Como declarara Peter Mandelson, arquitecto del ascenso del partido Laborista en los años 90: Ahora todos somos thatcheristas”.

Los neozelandeses, autores de una ejemplar reforma liberal, a finales de los años ochenta, hundidos por el peso del estatismo y el lastre de la fantasía del Estado de Bienestar, más pobres que España en ese momento, decidieron jugar la carta de la apertura económica, y en menos de una década le dieron la vuelta a la situación. ¿Cómo? Reduciendo los subsidios, eliminando los contratos de trabajo sectoriales, liberalizando las relaciones laborales, reduciendo los impuestos y desregulando muchas actividades económicas. Y lo interesante es que esa reforma liberal no la hizo la derecha, sino los laboristas, porque esas políticas públicas que escandalizan a los neopopulistas pertenecen al ámbito del sentido común y de la experiencia.

Le haría bien al profesor Haroldo Dilla leer los papeles del exdiputado sueco Mauricio Rojas sobre la realidad de su país de adopción, especialmente su libro Reinventar el Estado de Bienestar. Rojas, que llegó a Suecia como un exiliado chileno que huía del pinochetismo, entonces convencido de las ventajas del estatismo, poco a poco se transformó en liberal. ¿Por qué? Porque fue testigo del peligroso descalabro del mítico modelo socialista sueco cuando, en 1993, el gasto público alcanzaba el 72.4% del PIB y la inflación y el desempleo se dispararon. ¿Qué hicieron para salvar la situación? Según Rojas, liquidaron el monopolio estatal sobre la provisión de servicios abriéndose a la empresa privada, redujeron los subsidios, introdujeron la competencia y delegaron las decisiones educativas y sanitarias en el usuario mediante un sistema de vouchers. Es decir, recurrieron a muchas de las medidas propuestas por los liberales.

Otro maravilloso ejemplo de reforma liberal en libertad es el de Israel, el más exitoso de los experimentos sociales del siglo XX. La pequeña nación, que se fundó en 1948 en medio de una peligrosa guerra, con un presupuesto ideológico socialista democrático, basado en cooperativas y kibutz, evolucionó pacíficamente hacia un modelo económico que descansa en las empresas privadas y el mercado, realizando esa revolución sin recurrir a la violencia, hasta convertirse en uno de los países más prósperos y creativos del planeta, pese a los frecuentes conflictos bélicos en los que, muy a su pesar, ha debido intervenir.

Finalmente, qué duda cabe de que el gobierno de Pinochet fue responsable de execrables crímenes que jamás dejé de condenar por las mismas razones que censuraba a los cometidos por los Castro en Cuba, pero las reformas que se llevaron a cabo en ese país, y que cambiaron su faz económica hasta ponerlo a la cabeza de América Latina, no se produjeron porque el general las impulsó a sangre y fuego (lo que no deja de ser un argumento pinochetista), sino porque el país las necesitaba y el régimen, negando la usual tradición estatista y nacionalista de las dictaduras militares, aceptó el consejo de uno jóvenes chilenos formados en la Universidad de Chicago.

¿Qué pasaba en Chile tras la experiencia socialista de Allende? Así lo describe el diplomático chileno Juan Larraín: “Entonces el país gozaba de una inflación del 508%, el déficit fiscal era superior al 25% del PIB, la deuda externa había crecido en un 23%, las reservas internacionales eran apenas 200 mil dólares y había harina sólo para una semana. Por la vía de las confiscaciones, expropiaciones, intervenciones y nacionalizaciones, el Estado se había apropiado de más del 70% de la actividad económica”.

La grandeza de la Concertación que vino después del régimen de Pinochet, cuando se instauró la democracia, fue conservar esas medidas liberales que habían rescatado a Chile de la miseria, de la misma manera que Tony Blair profundizó, en vez de anular, las reformas iniciadas por la señora Thatcher. Por ellas, por las medidas liberales, hoy Chile, pese a todas las dificultades, continúa creciendo, se acerca a los $20,000 dólares per cápita (PPP) y ha disminuido sustancialmente el índice de pobreza.

Pero no sólo Chile hizo reformas de carácter liberal. Sin recurrir a la violencia, la Bolivia del cuarto Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) fue rescatada del abismo por esas medidas, luego continuadas durante la presidencia de Sánchez de Lozada (1993-1997). La Costa Rica del primer Óscar Arias (1987-1991); la Colombia de César Gaviria (1990-1994); el México de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000); el Uruguay de Luis Alberto Lacalle (1990-1995); el Brasil de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), cuyas reformas luego respetó Lula da Silva; incluso la Argentina de Carlos Menem (1989-1999 en dos periodos consecutivos), a pesar del antiliberal aumento del gasto público y la nauseabunda corrupción que rodeó los procesos de privatización, tuvieron aciertos indudables.

¿Cuáles son hoy los países latinoamericanos que más y mejor crecen en América Latina? Sin duda, los de la Alianza del Pacífico: los que mantienen políticas dotadas de cierta orientación liberal, como México, Colombia, Perú y Chile.

¿Cuál es el peor? Sin duda, la Venezuela del chavismo, cuyo gobierno, dirigido por trágicos payasos, ya fuera el difunto “Comandante eterno” o el peculiar Nicolás Maduro, especialista en onomatopeyas ornitológicas, es el gran enemigo de las ideas de la libertad.

En fin, si el profesor Haroldo Dilla desea continuar este debate en el terreno de las ideas, yo estoy dispuesto. No lo deseo, porque me aburre mucho, pero la pelota queda en su cancha.

Tomado de eldiarioexterior.com

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