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En defensa de las revelaciones de Edward Snowden

JUAN CARLOS HIDALGO 

¿Héroe o villano? La historia de Edward Snowden ha captado la atención mundial en el último mes y medio desde que revelara que el gobierno federal de EE.UU. intercepta masivamente la información de llamadas telefónicas de millones de estadounidenses. Desde entonces, el escándalo ha crecido en magnitud con las revelaciones de que el espionaje de Washington también incluye todas las comunicaciones electrónicas (correos, redes sociales, videos de YouTube, etc.) y también afecta a los gobiernos y habitantes de otros países, desde la Unión Europea hasta Brasil y Costa Rica.

La administración Obama le ha revocado el pasaporte a Snowden ―quien se encuentra varado en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Moscú― y ha emitido una orden de captura en su contra. Washington ha dejado muy claro que no se andará con paños tibios en su intento por hacerse de la custodia del excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La razón es simple: Snowden carga consigo cuatro laptops con mucho más información incriminadora sobre el alcance del espionaje doméstico y global de EE.UU.

Las reacciones sobre el accionar de Snowden han sido múltiples: la enorme mayoría de la clase política e intelectual estadounidense rápidamente lo ha condenado como un traidor que ha comprometido la seguridad nacional de EE.UU. Argumentan que la recolección de comunicaciones ha servido para abortar múltiples atentados terroristas. Además, es legal ya que se ampara en provisiones de la Ley Patriota que han sido renovadas en el Congreso con amplio apoyo bipartidista.

Peor aún, argumentan sus detractores, Snowden ha buscado asilo en países que son reconocidamente anti-estadounidenses como China, Rusia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. La información que carga consigo puede terminar en manos de enemigos de EE.UU. En un sorprendente artículo en El País, Mario Vargas Llosa, una de las voces liberales más prominentes, catalogó a Snowden como "depredador de la libertad" al atentar contra la legalidad de un país con instituciones sólidas. En ese sentido, se indica que el espionaje no se hace por la libre; existen pesos y contrapesos: El Poder Ejecutivo a través de la NSA solicita a una corte especial secreta (FISA) la autorización para tener acceso a las telecomunicaciones de los estadounidenses. Los Comités de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso también son informados ―secretamente― sobre los alcances del espionaje. Como vemos, todo se da dentro de un marco de institucionalidad.

Sin duda alguna las revelaciones de Snowden han representado un serio revés para el gobierno estadounidense, lo cual bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una traición para el país. ¿Son en verdad legales las acciones del gobierno federal? No lo podemos saber por una razón muy sencilla: son secretas. Ahora sabemos de ellas gracias a Snowden, pero de otra forma no hay manera alguna de ejercer escrutinio público en ellas. Solo el gobierno federal es representado ante la corte especial secreta a la hora de solicitar la intercepción de comunicaciones. No es de sorprender entonces el récord de la corte: de las 1.856 solicitudes que hizo en el 2012, todas fueron aprobadas. Además, el nivel de transparencia de la NSA con el Congreso es cuestionable. Hace tan solo tres meses, James Clapper, el director nacional de inteligencia de EE.UU., le dijo al Congreso en una audiencia que no era cierto que el gobierno federal recolectaba las comunicaciones "de millones de estadounidenses". Hoy sabemos que eso es cierto. ¿Cómo se puede confiar en el gobierno si no se sabe lo que hace? Cuando nos dicen que estos programas han servido para abortar atentados terroristas, ¿les creemos así no más?

A pesar de la visión idílica de don Mario Vargas Llosa sobre la institucionalidad de EE.UU., existen muchas dudas sobre la legalidad de lo que está haciendo el gobierno federal. Como ha señalado Benjamin Wittes del Brookings Institution, los programas de inteligencia expuestos están basados en una "lectura muy agresiva" de la Ley Patriota. Se suponía que esta autorizaba a las agencias de inteligencia a solicitar información de "cosas tangibles" siempre y cuando fueran parte de una investigación particular.

Ahora ―gracias a Snowden― sabemos que el gobierno federal ha interpretado eso como acceder a los registros de todas las llamadas hechas en EE.UU., sin importar si se trata de sospechosos de terrorismo o no. Una observación similar la hizo nada menos que James Sensenbrenner, el congresista republicano que fue autor de la Ley Patriota: la intención nunca fue permitir la intercepción de absolutamente todas las telecomunicaciones en el país. Y es que ese parece ser la intención clara del gobierno federal. En este momento la NSA está terminando la construcción de un centro de información cuyas computadoras tendrán capacidad de almacenar 5 billones de gigabites.

Incluso si los programas fueran legales, su constitucionalidad está en duda. La IV Enmienda de la Constitución de EE.UU. es muy clara:

"El derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, será inviolable, y no se expedirán al efecto las Órdenes correspondientes a menos que exista una causa probable, corroborada mediante Juramento o Declaración solemne, y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención o embargo".

El cateo indiscriminado de todas las comunicaciones resulta contrario al espíritu y letra de la IV Enmienda. Así lo señaló el pasado fin de semana en un contundente artículo en el Wall Street Journal el profesor de Derecho de Georgetown University, Randy Barnett, uno de los constitucionalistas más destacados del país:

"En un gobierno republicano basado en la soberanía popular, el pueblo es el jefe o el patrón y aquellos en el gobierno son simplemente su agentes o servidores. Sin embargo, para que el pueblo pueda controlar a sus servidores, debe saber lo que sus servidores están haciendo. El secretismo de estos programas imposibilita hacer responsables a las autoridades electas y burócratas. Confiar únicamente en los contrapesos internos del gobierno viola el principio constitucional fundamental que el soberano debe ser el juez externo final de la conducta de sus servidores".

Si no fuera por Edward Snowden, no estaríamos al tanto de lo que están haciendo los políticos estadounidenses en las penumbras del secretismo.

Vale señalar, eso sí, que bajo ninguna circunstancia se justifica el oportunismo de algunos regímenes latinoamericanos que son reconocidos enemigos de las libertades civiles y que han intentado aprovecharse de la imagen de Snowden para apuntalar sus decaídas reputaciones internacionales.

Algunos pensarán: "¿Y qué importa que el gobierno federal tenga acceso a mis comunicaciones? El que nada debe, nada teme". El problema es el precedente que estos programas crean sobre el alcance al que puede llegar el gobierno federal contra la privacidad y libertades civiles de sus ciudadanos bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo. Benjamin Franklin, uno de los Padres Fundadores de EE.UU., una vez dijo que aquellos que sacrifican la libertad en nombre de la seguridad no merecen ninguna. Edward Snowden le ha hecho un favor a EE.UU. al resaltar más de 200 años después la validez de dicha advertencia.

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Tomado de elcato.org