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Contra los avasallamientos

LUIS CHRISTIAN RIVAS 

Según las denuncias presentadas recientemente, en Santa Cruz existe una maquinaria de avasallamiento de tierras productivas y propiedad privada, que tiene consentimiento de funcionarios públicos, tanto del INRA, ABT, así como de jueces y fiscales que desde sus funciones estarían fomentando o dejando en la impunidad este delito de numerosas víctimas.

El departamento más afectado es Santa Cruz, se dice que aproximadamente 50.000 hectáreas en tierras productivas están bajo el control de grupos de avasalladores, lo que podría afectar la continuidad de las tareas de siembra de soya, maíz y trigo principalmente. En El Alto, la organización denominada “Los Sin Tierra”, tomaron los predios pertenecientes a la empresa “Abendroth International”, generando molestia en la embajada alemana y mostrando una mala imagen hacia la inversión extranjera.

Pero hasta ahora ningún funcionario público fue sancionado por no hacer respetar y defender la propiedad privada, lo que dice mucho del gobierno.

Ya existen normas que protegen la propiedad privada, pero no se las hizo cumplir oportunamente, esto demuestra cuán ineficiente e ineficaz es el Estado a momento de hacer cumplir las leyes vigentes, nada nos asegura que en el futuro, una nueva ley cambie las cosas, repito hasta el presente no conocemos de responsables funcionarios públicos que hayan sido sancionados por su inactividad, los ministros y viceministros del ramo deberían haber renunciado o ser interpelados, los jueces y fiscales condesciendes con los avasalladores deberían ser investigados, pero lamentablemente y de todos modos, los procesos administrativos o judiciales en Bolivia tienen como promedio de vida una década. Hasta podemos sospechar que existe complicidad Estado-avasalladores.

Estamos en contra de toda forma de adquirir propiedad por medios ilícitos. Podemos revisar la “teoría de intitulación” de Robert Nozick y quedar de acuerdo en que una persona tiene derecho a la propiedad privada siempre y cuando la adquiera en base: 1.- Al principio de justicia en la adquisición, por el que se tiene un título o derecho sobre ese bien. 2.- Al principio de justicia en la transferencia, por el que una persona que adquiere un bien conforme al principio de justicia en la transferencia, de alguien que tiene derecho a poseerlo, tiene a su vez derecho a esa pertenencia. 3.- Al principio de rectificación de injusticias, por el que nadie tiene derecho o título sobre una pertenencia o bien, excepto por la aplicación reiterada de los principios 1 y 2. De esta manera, rechazamos cualquier intento ilegal y forzado de obtener propiedad por medio de fraude, estafa, robo, avasallamiento u oportunismo.

Resulta esto tan evidente, que los países más prósperos tienen eficaces sistemas de registro de propiedad privada, lo que les significa oportunidad de crecimiento económico y respeto humano.

Respetar la propiedad privada significa respetar a la persona, lo contrario es robar y violar un Derecho Humano, tal como si se quitase la vida, entonces disponer de la propiedad privada arbitrariamente es someter a esclavitud a otra persona, es confiscar esfuerzo ajeno (propiedad privada = vida = libertad).

No podemos esperar que la mayoría de los políticos entiendan esto, ya que todos los días, los ciudadanos sufrimos saqueos y robos por motivo de pago de impuestos, aranceles, tasas y patentes injustos y coercitivos por parte del gobernante.

La única transacción justa es la que se hace voluntariamente, por lo tanto las confiscaciones, nacionalizaciones, estatizaciones, coerciones, exacciones, tributos, saqueos, avasallamientos por ser forzosos son inmorales.

Tomado de eldia.com.bo