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¿Acabando con la legalidad?

IVÁN ARIAS

¿Qué pretende el Gobierno? ¿Acabar con todo vestigio de legalidad y emprendedurismo? ¿Quiere arrastrar a lo poco de legal que queda (27% de la economía) al inmenso lodazal de la ilegalidad expresada en narcotráfico, criminalidad y contrabando?
Y es que el doble aguinaldo, si bien para el sector público es una "creativa” forma de despilfarrar las divisas de todos los bolivianos, para el sector privado y las microempresas (85% del total del tejido empresarial nacional) es una confiscación que los está poniendo al borde de la quiebra.

Para rematar, el presidente Evo Morales planteó la pasada semana, en Cobija, que las empresas que se declaren en quiebra, como consecuencia del doble aguinaldo decretado por el Gobierno, pasen a la administración de los trabajadores, como lo establece un decreto supremo aprobado el pasado 19 de octubre. "Si algún empresario quiere dejar su empresa (...) que los trabajadores se hagan cargo de esa empresa para que no falte trabajo. De esta manera resolvemos el problema que se presenta, esto para no afectar a las fuentes de trabajo”.

Sobre mojado, llovido. ¿Quién protege a los que apuestan por ser dignos y laboriosos generadores de fuentes de trabajo?
En un diálogo sostenido con microempresarios dedicados a la producción avícola y porcina, después de protestar por el doble aguinaldo, me comentaron que la agresión al sector privado legal no queda en el abusivo aguinaldo.

"Mire, me dedico a la porcicultura. Al trabajar en el campo estoy viendo algunos ‘grandes’ cambios que el Gobierno ha hecho en la mentalidad de las personas que están cerca de mi fuente de trabajo. La situación es la siguiente: todo este año, el precio del cerdo ha estado bastante bajo, no más de 12 bolivianos el kilo (vivo, puesto en finca). Al ir averiguando me entero que el Gobierno ha regalado 2.000 chanchas madres entre las personas del campo que están cerca de mi emprendimiento. Les regala cinco chanchas madre por persona, incluida la alimentación y la construcción de una porqueriza, todo ello gratis”, me comentaron.

Las 2.000 chanchas madres son igual a la cantidad que tiene el porcicultor más grande. El impacto ha sido fuerte en el precio. La gente que ha recibido esas chanchas madres ha inundado el mercado con cerdos que no han sido criados adecuadamente: sin limpieza, sin cuidados, sin vacunas, etcétera.
A los que se dedicaron a cumplir todas las normas legales se les exigió construir biodigestores e incluso separadores de sólidos líquidos (una inversión de más de 60.000 dólares, ¡una locura!).

Tuve las agallas de preguntarle al funcionario municipal si se les exigía lo mismo a los criadores de traspatio, del otro lado de la carretera, que son más de 200, y me respondió: "Ésas serían medidas antipopulares”.

"Yo me dedico a la crianza de pollos y el Gobierno, el año pasado, hizo con mi sector algo muy parecido. ‘Importó’ una inmensa cantidad de gallinas reproductoras de una ‘empresa’ allegada al Gobierno. Luego repartió de forma gratuita los gallinas reproductoras entre las familias de alrededor de mi emprendimiento y una vez que nacieron los pollos estaban obligados a venderle ese pollo a una persona x partidaria del MAS”, contó otro productor.
Mi pregunta es la siguiente: si por un lado se llenan la boca diciendo que hay que invertir en el país y por el otro se toman estas medidas, ¿qué va a pasar con la pequeña empresa si se está incentivando la informalidad?

Con desolación e impotencia una microempresaria del sector me expresaba: "Estoy confundida, decepcionada y frustrada porque todo este año no ha sido bueno para mi negocio y he visto cómo varios han ido cerrando sus chancherías por las pérdidas que estamos enfrentando. Todo esto es un crimen económico. Y no entiendo cómo el Gobierno se dedica a hacernos esta competencia tan desleal. ¿Qué va a pasar cuando esa subvención a los campesinos se acabe? Todos esos regalos duran lo que les da el Gobierno. Sólo buscan perjudicar nuestros negocios, porque esos regalos hacen bajar el precio y nos hacen subir el costo de la mano de obra”.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 406, afirma que "son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano (…) 3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos”.

Para cumplir estos postulados el actual Gobierno ha apostado por la vía campesina bajo la idea de que son éstos los que alimentan a los centros urbanos, desconociendo que la producción campesina aporta con sólo el 20% de la producción de alimentos a nivel nacional.
Si seguimos destruyendo empresas, lo único que tenemos que esperar es que, una vez que pase la borrachera de la bonanza, igual que en Venezuela, estemos recurriendo a los pajaritos y a las apariciones de líderes para aplacar el hambre, la rabia y la desilusión de las personas.

Iván Arias Durán es ciudadano de la República Plurinacional de Bolivia.

Tomado de paginasiete.bo

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