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Confusiones sobre la libertad de expresión

JAVIER PAZ 

Cuando hablamos de derechos humanos, es importante entender qué significa decir que la libertad de expresión es un derecho. Le impone al Congreso la prohibición de legislar sobre religión o que coarte la libertad de expresión y de prensa. Es decir que la primera enmienda de EEUU prohíbe al Gobierno hacer leyes o tomar acciones que limiten la libertad de los ciudadanos de emitir su opinión, de poseer medios de prensa y de reunirse pacíficamente. La primera enmienda establece la libertad de opinión como un derecho negativo que limita al Estado. Así lo pensaron quienes la redactaron y así la entendieron quienes después, en otras naciones, establecieron sistems republicanos de gobierno basados en la protección de las libertades civiles y políticas.

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión a menudo es tergiversado. Una forma frecuente de tergiversación es alegar que tal derecho implica que una madre no puede callar a su hijo o un profesor a su estudiante. El error de este razonamiento consiste en no entender que el derecho a la libertad de expresión es una limitación del Estado con sus ciudadanos. Es el Estado el que está prohibido de prohibir. Y dado que el Estado tiene el monopolio de las leyes y del uso legítimo de la fuerza, es una limitación bastante prudente.
También abundan quienes consideran que un medio de prensa está en la obligación de publicar todo lo que alguien quiera opinar y que no hacerlo es coartar la libertad de expresión.

Esta falacia se basa en la idea de que la libertad de expresión es un derecho positivo, es decir, que otros están en la obligación de velar para que yo pueda expresarme donde quiera y como quiera. El dueño de un medio no tiene tal obligación con nadie y al excluir la opinión de alguien, de ninguna manera le coarta su libertad porque esa persona es libre de decir lo que quiera a los cuatro vientos, escribir un libro, crear un blog o hacer su propio medio de prensa. Estos errores de razonamiento conllevan a exigir cosas que no corresponden, a reclamar privilegios barnizándolos con el título de ‘derechos’ y no infrecuentemente conllevan a que el Estado restrinja la libertad de expresión con el pretexto de defenderla, ampliarla o democratizarla

Tomado de eldeber.com

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