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¿De quién es la culpa de nuestra Justicia?

EDUARDO BOWLES 

A Bolivia le sobran las leyes, pero lamentablemente no se cumplen. En los últimos dos periodos constitucionales se han aprobado cientos de nuevas leyes, pero la justicia sigue siendo una quimera para las grandes mayorías, sobre todo, las franjas más desprotegidas y marginadas, los niños y las mujeres.

Justamente el 7 de marzo, coincidente con el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno celebró el primer año de la promulgación de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, pero curiosamente en el acto principal, el propio presidente Evo Morales reconoció que esta norma no funciona, no se aplica y obviamente no ha servido para reducir el maltrato, que coloca a Bolivia en una lista negra a nivel mundial.

Con mala fe, las autoridades del Órgano Ejecutivo tratan de hacer ver que la crisis judicial no tiene nada que ver con ellos, cuando en realidad la primera función de los gobernantes es cumplir y hacer cumplir las leyes ya que la labor de los jueces y magistrados está limitada a revisar los casos que llegan a sus manos luego de atravesar un largo proceso que depende de instancias políticas y administrativas, sin mencionar obviamente, el tema de la manipulación, que forma parte de otro debate.

Antes de ver a un juez, una mujer que ha sufrido maltrato de parte de su pareja, tiene que vencer una larguísima carrera de obstáculos, en la que intervienen la Policía, la Fiscalía, la Defensoría, médicos forenses y otras reparticiones que adolecen de muchos males como la falta de recursos, la excesiva burocratización y por supuesto, la infaltable corrupción que vuelve inaccesible desde el punto de vista del tiempo y de los recursos que hay que erogar para encontrar la luz al final del túnel. La atención de la mujer golpeada y abusada se vuelve un nuevo calvario para la víctima, donde se topa con indolencia, falta de calor humano y machismo.

Las leyes están fallando y no se cumplen, porque no basta con redactar unos lindos artículos, muchas veces copiados de otras legislaciones, firmar papel y aparecer en la fotito sobre los púlpitos lanzando discursos y arengas a favor de los buenos propósitos. Una ley siempre debe ir acompañada de mecanismos, oficinas, herramientas y funcionarios que son quienes mantienen el contacto con los sectores involucrados y cuya labor debe ser conducir cada caso ante un juez competente. Toda esta cadena depende de los ministerios, de los viceministros, de las oficinas del Órgano Ejecutivo, de los presupuestos que deberían ser mejorados si es que se diera la voluntad política que lamentablemente no existe ya que solo hay un impulso electoralista que está muy lejos de consolidar un Estado que le sirva a la gente.

Los dirigentes políticos no se quieren hacer cargo ni siquiera de las últimas reformas judiciales, que nos condujeron al despropósito denominado elección popular de los altos jueces y magistrados, cuando fueron ellos mismos los que vendieron el cambio como una panacea. La Justicia boliviana necesita, no solo la despolitización que es central para garantizar juicios limpios y autoridades idóneas, sino una serie de cambios que están pendientes desde hace décadas, como la mejora presupuestaria, la simplificación de los procesos, el aumento de personal y de tribunales y también la profesionalización de sus cuadros. Lamentablemente ninguna de esas reformas está en la agenda política oficialista, por lo que quejarse de la justicia es nada más que una hipocresía.

Tomado de eldia.com.bo

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