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Ley minera colisiona con la Constitución

ARMANDO MÉNDEZ 

Al momento de escribir este artículo los cooperativistas mineros habían levantado los bloqueos en carreteras anunciando que esperaban reunirse con el presidente Evo Morales, quien debía convocarlos para discutir el problemático artículo 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia. Este bloqueo ha generado un número significativo de heridos y cuatro muertos.

Se quiso aprobar la Ley de Minería, la que se paralizó, en su tratamiento, como consecuencia de un grave enfrentamiento entre cooperativistas mineros y policías -que dejaron dos muertos- luego que se encontrase que el proyecto de ley consensuado entre el presidente Evo Morales y los cooperativistas mineros entraba en colisión con la Constitución Política del Estado, ya que el artículo 151 otorga derechos a los cooperativistas para firmar contratos de asociación con privados, competencia que está reservada al Estado, según la nueva Constitución Política del Estado.

Se dice que los cooperativistas mineros superan las 100 mil personas, las que, seguramente, están catalogadas como parte del dominante empleo informal que caracteriza a la economía boliviana. Si suponemos que en Bolivia la familia promedio está conformada por cinco personas, estamos hablando de un número de gente nada despreciable y del orden de las 500 mil personas, cuya subsistencia depende de esta actividad y, además, se considera un "movimiento social” que apoya al gobierno de Morales.

Por lo expuesto, no sólo que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida, sino que está introduciendo graves fisuras entre quienes lo apoyan, sector donde perviven variedad de intereses, porque cada movimiento social tiene sus específicos intereses, que no necesariamente son los mismos de los otros movimientos sociales.
Los portavoces del Gobierno nos recuerdan que la Constitución declara que las cooperativas no persiguen el lucro, que el "pueblo” es el propietario de los recursos naturales y que sólo el Estado puede disponer de los derechos de aprovechamiento de éstos.

Las autoridades gubernamentales declaran que no se puede "enajenar ni descuartizar los recursos naturales” y que permitir eso sería una "traición a la patria”. Todo esto porque en el proyecto de ley, que se lo había preparado en más de tres años, no se percataron de que el artículo 151 colisiona con la CPE al permitir que las cooperativas mineras suscriban contratos de asociación, sin la autorización del Estado.

El movimiento cooperativo minero tiene su origen en la denominada "relocalización” que el gobierno del expresidente Paz Estenssoro implementó, cuando se despidió a más de 23.000 obreros que trabajaban en Comibol a fines del año 1985 y principios del año 1986, la que había entrado en colapso como consecuencia de la dramática caída internacional del precio del estaño, mineral que dominantemente explotaba la empresa estatal.

Estos 23.000 trabajadores se "relocalizaron” en dos actividades fundamentales: unos se fueron a trabajar al Chapare, en los cultivos de coca, y otros constituyeron las cooperativas mineras. En ambos casos los exobreros de Comibol se relocalizaron en el sector privado.
En la realidad las cooperativas buscan el lucro, son informales y de muy baja productividad; sin embargo, esta actividad permite que 500 mil personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. El lucro que obtienen es pequeño, precisamente por su baja productividad -exportan por trabajador el equivalente al 3% de lo que hace la minería privada-, que se explica por el bajo nivel de capital y ausencia de tecnología.

Como en toda actividad privada, hay quienes se ubican en la vanguardia y otros en la retaguardia. Los primeros ya han tomado consciencia de que si no se vinculan al capital extranjero, que tiene tecnología, no podrán expandir sus negocios y, por tanto, no podrán aumentar su productividad, que es el principal reto que tiene el sector. Para ellos es vital que se mantenga el artículo 151 del proyecto de ley, de lo contrario se los condena a mantenerse en una situación de estancamiento, que se torna peligrosa cuando se observa que los precios internacionales de los productos mineros están cayendo.

Tomado de paginasiete.bo 

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