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Cooperativistas: dejar de mentirse

IVÁN ARIAS

El conflicto minero ha evidenciado, una vez más (ya lo hizo con el tema del TIPNIS), la contradicción que hay entre los postulados de la Constitución Política del Estado (CPE) y la vida real. En este caso, mientras tenemos una CPE estatista y, dizque, orientada al socialismo, ésta choca con una realidad alimentada cotidianamente hacia el liberalismo, capitalismo e individualismo, en la mayor parte de los espacios, salvaje.

Los ideólogos de la CPE diseñaron un país sobre la base de sus ideologías trasnochadas, antes que en la rica y dinámica realidad que tenemos y somos. Por supuesto, debido a su adusto parto, la CPE encubre contradicciones que se prestan ya sea para asumir el estatismo a ultranza, como para descartarlo.

Algo muy parecido a eso pasa con aquello de que ahora sólo somos Estado y que la República, supuestamente, ha sido enterrada, porque no se cae en cuenta que en el artículo 11 de la CPE, y una decena más de postulados, la República está vivita y coleando.
A propósito del proyecto de Ley de Minería, se ha acusado a los cooperativistas de haber transgredido la CPE, cometiendo traición a la patria por estar enajenando los recursos naturales. Se pretende someterlos al Poder Legislativo para que esta instancia apruebe sus contratos. El doctor Jorge Vacaflor, experto en políticas públicas, me compartió una serie de reflexiones sobre este tema, que -me parece- marcan la diferencia y salen de la repetición simplona.

1) En la CPE del Estado Plurinacional, la redacción es precisa y no hay ningún lugar a una interpretación respecto de la aprobación legislativa de los contratos. El artículo 158 (12) dispone lo siguiente: "Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”. Si se lee bien, los contratos que debe aprobar la ALP, en mérito de su atribución fiscalizadora, son las que han sido FIRMADOS por el ÓRGANO EJECUTIVO y punto final. Acá no ingresa la obligatoriedad para que las cooperativas, las comunidades indígenas y particulares hagan aprobar los convenios de capitalización que suscriban con empresarios, para poder realizar la explotación o aprovechamiento de los recursos que les fueron entregados en concesión o mediante algún derecho, como el arrendamiento minero.

Las normas relativas a recursos naturales establecidas en la CPE señalan que "son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento” ( artículo 348. I).
El artículo siguiente señala que "los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. Finalmente, en el 351 se establece: "El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas”.

2) En este contexto, la realidad presente nos muestra, por ejemplo, que varias comunidades indígenas que tienen tierras con inmensa riqueza natural forestal, pero que no cuentan con capital de inversión, con la aprobación de la ABT, realizan contratos de aprovechamiento del recurso bosque con empresas privadas. ¿Es esto inconstitucional? ¿Es esto traición a la patria? ¿Estos contratos los tiene que aprobar la ALP? ¿Los indígenas de tierras bajas deben ir a la cárcel y debe prohibírseles el aprovechamiento de un recurso natural que el Estado les da, pero que no lo podrían tocar, sólo explotarlo para su supervivencia?

Pero pensemos en otros casos. ¿Se imaginan el caso de canales de radio y de televisión? Dado que éstos tienen en sus manos un recurso natural, el espectro electro magnético, al establecer asocios o contratos de capitalización con empresas nacionales o transnacionales, ¿estarían cometiendo actos de traición a la patria? ¿Esos contratos también deberían ser aprobados por la ALP?

O, veamos también el caso de las empresas cementeras, que para su producto final explotan un recurso natural como es la piedra caliza. ¿Están prohibidas de establecer convenios o contratos de capitalización? ¿Esos contratos deben ser aprobados por la ALP

3) Todos sabemos que el sector cooperativo es uno de los que más empleo absorben. Se dice que en Bolivia hay más de 85.000 mineros cooperativistas, que aglutinan a alrededor de 370 mil personas. También es conocido que la mayoría de ellas se mueve en condiciones de trabajo muy precarias y en un ambiente de marcada informalidad social, económica y legal. Aquí me pregunto, ¿por qué se quiere confinar a que las cooperativas mantengan sus condiciones primitivas de trabajo y no se les permita avanzar hacia formas modernas de producción? ¿Acaso no se habla en la CPE de empresas comunitarias o de empresas sociales que tienen ciertas ventajas en relación con las grandes empresas?

¿No se está dando una gran oportunidad para iniciar e incentivar la formalización de miles de emprendimientos que hasta ahora siguen explotando los recursos bajo un capitalismo salvaje? ¿No es hora de que la máscara caiga y se muestre el verdadero rostro?
Como exhorta F. Molina, es hora de que los gobernantes de turno, más allá de sus postulados de salón, se den cuenta de que en Bolivia el capitalismo está vivo, que es parte de su base social y que si éste se acabara lo pagarían, primero que nadie, los socialistas y nacionalistas que aún existen.

Sin capitalismo, el populismo resultaría imposible. Nadie podría aprovechar la riqueza de los afortunados para financiar políticas redistribuidoras. Nadie podría vender materias primas caras a los países ricos para financiar con ellas la jauja de sus gobiernos. Los líderes de la crítica al capitalismo no tendrían cómo dedicarse a los estudios culturales y la antropología radical en arboladas universidades situadas en Estados Unidos o Europa, ni a dónde viajar para realizar sus seminarios tremendistas, ni tendrían clínicas a las que asistir cuando se enferman. Mejor pisen realidad y aporten a hacer un buen capitalismo.

Iván Arias Durán es ciudadano de la República Plurinacional de Bolivia.

Tomado de paginasiete.bo

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