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Ley de Promoción de Inversiones

ARMANDO MÉNDEZ 

Nos guste o no, la Constitución Política del Estado en su artículo 311.II.1 determina que "El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación". Por tanto, la ley denominada de "Promoción de Inversiones" se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que esta ley comienza reiterando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la ex-URSS como en Cuba.



Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala. En consonancia con la Constitución Política del Estado que dice que éste "ejerce la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía", que son los recursos naturales, los mismos que son propiedad del pueblo siendo el Estado su administrador. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por la industrialización de los recursos naturales, a como de lugar.

Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países. Y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permite asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en los países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.

Si por un lado la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo, se priorizará la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no corre en el mundo globalizado actual. La regla es tratamiento igual a todo tipo de inversión.

La ley dispone que habrá "inversiones preferentes" calificadas por el Estado como tales, -este calificativo tendrá la inversión estatal- las mismas que recibirán incentivos (fiscales, arancelarios, crediticios y otros), y merecerán un seguimiento estatal, lo que es lo mismo decir un tratamiento burocrático y costoso.

La ley determina que habrá normatividad sectorial. La ley será reglamentada. Habrá incentivos generales y específicos que serán propuestos por los ministerios cabeza de sector. Estos incentivos podrán ser durar desde un año hasta veinte años, los mismos que podrán levantarse por decisión gubernamental.

La ley determina que será el Ministerio de Planificación del Desarrollo el encargado de promocionar la inversión, cuando debería ser la cancillería si se trata de inversión extranjera

No hay disposiciones precisas sobre solución de controversias, sino generalidades, aunque sí se dice que su solución responderá a la normatividad vigente, a una justicia interna, que está mal vista, por decir lo menos.

El espíritu de la esta ley presupone que los inversionistas extranjeros estarían desesperados por entrar en Bolivia, que no saben en qué campos deberían invertir, pero que sí sabe el Estado boliviano. Y cree que gustosamente harán lo que el gobierno les diga. La inversión extranjera -grande y seria- no llegará a Bolivia, como consecuencia de esta ley.
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Esta Ley ignora que Bolivia urgentemente requiere ingentes cantidades de capital que provengan del exterior para apuntalar el sector extractivo de hidrocarburos y de minería, sectores en los cuales el país tiene ventajas comparativas y competitivas, por lo que la inversión extranjera puede estar interesada en venir, pero con reglas claras, ya de práctica mundial. Sin embargo, el experto Carlos Miranda dice: “la búsqueda de petróleo en Bolivia no interesa a las empresas petroleras extranjeras”, lo que implica que Bolivia seguirá dependiendo del exterior para el consumo de gasolina y diesel.

*Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas

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