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Programa de gobierno (1)

IVÁN ARIAS 

En el libro El Estado de la Justicia Boliviana del Estado Republicano al Estado Plurinacional (2013), de William Herrera Áñez, el autor da números sobre la justicia que son para asustarse, y ojalá los candidatos a gobernar los tomen en cuenta. Veamos:
A la pregunta de si consideraban que nuestros tribunales respetan la garantía del debido proceso, el 82,74% respondió que no y sólo el 17,26% que sí.

Consultados sobre si la elección de las autoridades judiciales mejoró la administración de justicia, el 80,14% dijo que no y sólo el 19,86, que sí. Para el 75,2% de los encuestados no existe respeto al principio de igualdad jurídica, ya que la justicia discrimina a las personas por razones económicas, relaciones de poder o presiones políticas.

Preguntados sobre el grado de representación de las autoridades judiciales electas por voto, después de casi dos años de ejercicio de sus cargos, el 0,8% de los encuestados respondió que se sintieron muy representados, el 10% representado, el 45,06% poco representado y nada representado el 44,12%.

Indagados sobre las causas por las que no acuden a la administración de justicia, el 30,3% dijo que por factores económicos, el 13,62% por desconocimiento de procedimientos, el 21,24% por desconfianza en el sistema judicial, el 6,64% por discriminación, el 24,42% por retardación y el 3,76% por temor a represalias.

¿Existe corrupción en el sistema? Sí dijo el 95,88% y no el 4,12%.

¿Tiene confianza en el Órgano Judicial? Sí dijo el 22,16% y no el 77,84%.

¿Existe respeto de la independencia judicial? Para el 30,5% sí y no para el 69,5% (el peor grado de confianza 77,9% está en la sede del órgano: Sucre).

La buena noticia, después de las pésimas anteriores, es que el 64,06% cree que la justicia boliviana mejorará en el futuro, aunque otro análisis y cifras -que presenta el libro- prueba que la asignación presupuestaria destinada a la justicia, en vez de mejorar, rebajó sistemáticamente entre 2002 y 2012: por cada 100 bolivianos proyectados en el PGE se destinaron 1,7 bolivianos a la justicia. En la gestión 2012 por cada 100 bolivianos se asignaron Bs 0,45 al Ministerio Público.

En 2002, de cada 100 bolivianos le dieron (al Ministerio Público) 24 centavos y en 2012 sólo ocho centavos por cada 100 bolivianos, pese a que el PGE aumentó -de 29 millones, el 2002- a 145 el 2012, por lo que en vez de subir la asignación presupuestaria disminuyó del 1,7% al 0,46% del PGE.

Este año, la ONU, a través de Denis Racicot, en el Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia (2014), alertó que la crisis de la justicia en Bolivia se profundizó y se caracteriza por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos.
El reporte de la ONU también advierte sobre la persistencia del problema estructural del sistema penitenciario, tal y como reflejan el hacinamiento, el "uso excesivo de la detención preventiva, que asciende al 83,3 % de la población penitenciaria, y la situación de los niños y niñas” que viven en las cárceles.

Racicot subrayó también su preocupación "por la lentitud” con que se desarrolla el proceso judicial por la intervención de la Policía contra una marcha indígena en 2011, conocida como caso Chaparina. Asimismo, detalla varios problemas que afectan el cumplimiento del "debido proceso” para víctimas y acusados de algunos juicios.

Si los candidatos quieren trascender a la historia de decenas de caudillos bárbaros que nos han sumergido en la frustración, deben dar un profundo toque de timón para cambiar el proceso, aplicando políticas inclusivas y de redistribución, forjando un gran pacto nacional de desarrollo globalizado en un programa de gobierno colectivo que podría llamarse J.E.S.U.S: Justicia imparcial para todos, Educación moderna y gratuita para todos, Energía, emprendedurismo competitivo y sostenible, Salud universal, Unificación nacional y Seguridad ciudadana.

Esta estrategia obligaría a convocar a todos los partidos de la oposición para la elaboración de políticas y darles participación a todos los sectores. En este primer artículo me refiero a la justicia imparcial para todos y, como hemos detallado al principio, el estado de la justicia es lamentable y es prioridad nacional sentar las bases de otra mejor justicia. Un país con justicia imparcial y eficiente es un país que genera certidumbre y confianza social, política y económica.

Un sistema judicial que sea de calidad y con recursos humanos calificados en la administración de justicia implica recordar que la administración de justicia, primero es un servicio público que se presta a los ciudadanos o llamados también usuarios, litigantes, y, segundo, que los tribunales de justicia, a través de los jueces, tienen la obligación de impartir justicia bajo los principios de ética, moralidad, justicia social, conocimiento, sabiduría y equidad.

La administración de justicia en nuestro país necesita modernizarse, puesto que no se presta este "servicio público” con calidad y excelencia, por ello existen diversas consecuencias, como la retardación de justicia, incorrecta aplicación de normas, lo que provoca la desconfianza del usuario en la administración de justicia

Para empezar, una de las primeras medidas debiera ser que declaremos amnistía nacional para todos los perseguidos y sentemos las bases para la construcción de un verdadero Estado de Derecho, en el que no tengamos políticos en cárceles o exiliados. Es una vergüenza que estemos yendo a elecciones democráticas con hermanos y hermanas presas y exiliadas.

Iván Arias Durán es ciudadano de la República Plurinacional de Bolivia.

Tomado de paginasiete.bo 

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