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El Contrabando

CIRO AÑEZ 

Las noticias informan que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) se encuentra realizando esfuerzos para combatir la corrupción aduanera, entre ellos están la capacitación sobre mecanismos y herramientas para la presentación de denuncias vinculadas con corrupción por servidores públicos de la ANB.

La denuncia es una conducta reactiva al ser un mecanismo que conlleva a una investigación para dar con los autores del delito. En otras palabras, la denuncia es un acto que se origina como consecuencia de un hecho delictivo, por ende, no constituye una solución al problema.

Entiéndase que mientras el contrabando se encuentre en auge habrá funcionarios aduaneros corruptos y/o corruptibles; por lo tanto, además de aquel incentivo a denunciar amerita atacar el problema de raíz (esto es, atacar al contrabando).

Aquella idea de que el contrabando deba ser combatido con una inflación de leyes que implique mayor número de denuncias, vigilancia, etc., motivando la creación de más burocracia, aún no termina de ser el remedio, teniendo en cuenta los altos índices de informalidad que existe en el país.

De allí que podemos advertir que no es por ley, decreto o sentencias que se acabará la corrupción o que una sociedad cambiará de la noche a la mañana, pues desde una perspectiva económica resulta que el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población y por consecuencia cuando en una sociedad existen muchas leyes en realidad los más afectados resultan siendo los pobres. A esto se lo conoce como “discriminación legal” pues todo incremento en la cantidad de normas de una sociedad acaba siendo discriminatorio.

El alto costo de la legalidad responde a condicionamientos políticos y es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un Estado. Cuando el poder carece de limitaciones es previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder).

Entonces por un problema de satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley mientras que los pobres tienen que sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información (ambos elementos son excesivamente costoso en todo el mercado).

Entiéndase que el contrabando es un ilícito “tributario” aduanero, muestra de ello, es que se encuentra previsto en el Código Tributario. De esta manera, dado que en Bolivia el nivel impositivo es y se mantiene alto (significa que el costo de legalidad es alto), resulta que muchas personas por un costo de oportunidad, incursionan al contrabando porque consideran a ésta como rentable, favorable e incluso en algunos casos hasta impune (existen localidades o pueblos en Bolivia dedicadas al contrabando, donde la policía, ni el COA ni los fiscales pueden ingresar).

Debemos entender que muchas personas se dedican a la informalidad no necesariamente por necesidad sino porque ponen a la balanza el costo de ser formal y el de no serlo y por ende, se mueven por el costo de oportunidad.

En este sentido, la mejor lucha contra la corrupción aduanera no es siendo exclusivamente reactivos (reaccionando con denuncias) sino atacando al contrabando y para ello, algunas sugerencias son:

1.- Reducir el costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. En otras palabras, el Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país.

2.- Entender que la lucha contra la corrupción administrativa no será eficaz creando más burocracia.

La corrupción administrativa o pública (Ej.- Corrupción en Aduana), la cual emerge de la burocracia no se reducirá generando, alimentando y potenciando más burocracia (con nuevas direcciones públicas, unidades de lucha contra la corrupción, nuevas formas de administración pública que involucre nuevos y más cargos, etc.).

3.- Permitir que la sociedad civil establezca asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) y que dichas fundaciones o asociaciones tengan accesibilidad efectiva y libertad de control social a todos los servidores públicos de todas las reparticiones estatales (subalternas, jerárquicas y de control interno, autoridades de fiscalización, etc.).

Que la sociedad civil, como expongo en mi libro “Los Delitos de Corrupción”, pueda establecer asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) donde se le permita verdaderamente trabajar y sea ésta respetada, pues resulta ingenua la idea de que la corrupción administrativa que emerge de la burocracia pretenda ser controlada por sí misma con más burocracia.

China ha creado una Comisión Independiente Anticorrupción a manera de brigadas de control, de prevención y de instrucción destinados para los menores de edad hasta los adultos mayores en pro de la no corrupción, con el propósito de que se entienda de que las arcas públicas no son dinero de los burócratas y que se debe castigar a la corrupción (no se la debe tolerar).

Si bien es cierto que China todavía se encuentra en los listados de rankings de corrupción, sin embargo tampoco es menos cierto que se va alejando de los primeros puestos en comparación con años anteriores.

Esta es una enseñanza individual de dejar la fatalidad, transformándose en seres proactivos y hacer todos los esfuerzos posibles que motiven un cambio cultural (Hong Kong hace cuarenta años era mucho más corrupto que ahora y eso debería ser visto y entendido por América Latina).

4.- Permitir auditorías especializadas forenses externas por parte de las Fundaciones y Asociaciones Civiles antes mencionadas en los sectores de control de determinadas entidades públicas, por ejemplo, en la Aduana Nacional (auditoría a los procesos). Debiendo dichas auditorías emitir conclusiones, recomendaciones y sugerencias. Dichas Fundaciones y Asociaciones harían el seguimiento respectivo de la implementación de dichas sugerencias y recomendaciones.

5.- De manera individual ser cada vez menos egoístas cultivando desde el hogar los buenos hábitos basados en principios y valores éticos morales (la enseñanza debe empezar con el ejemplo de los padres, progenitores, tutores, etc.), esto es, invertir en el capital humano como estrategia imprescindible si se pretende implementar cambios verdaderamente profundos y duraderos. Para ello se debe fortalecer el ámbito educativo con educación de excelencia, no mediocre.


6.- Que las personas entiendan que el costo de acceso a la justicia no es mediante slogans sobre principio de gratuidad en los procesos judiciales sino que tiene que ver con el verdadero costo que la burocracia representa y por ende apuesten también por la administración de sus problemas mediante la mediación, conciliación o arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos y no así recurrir a los linchamientos como síntoma de degradación humana y desesperación por el deficiente servicio del sistema de administración de justicia.

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