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Por una comunicación en libertad

EDUARDO BOWLES

Para los propietarios de las cadenas de radio y televisión privadas, no deja de ser un alivio la decisión del Gobierno de ampliar por tres años las licencias de operación que estaban por llegar al vencimiento, por una determinación arbitraria y caprichosa del régimen, en su afán de lograr el dominio pleno de la comunicación social y conseguir el imperio de la voz única en el país.

Los miembros de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) que propusieron esta ampliación han conseguido salir del estado de zozobra que los ponía en peligro de clausurar centenares de medios de comunicación y dejar en la calle a miles de trabajadores. Pese a ello, se trata de una prórroga y el peligro no desaparece, mientras las autoridades no acaten las reglas de juego de la democracia que obliga a la tolerancia del pluralismo informativo, que además es uno de los pilares de la transparencia, el equilibrio del poder y el control de los cuadros gobernantes.

El argumento para haber extendido las licencias hasta 2019, es la necesidad de garantizar las inversiones que han hecho las empresas de comunicación, que tienen al frente el desafío de incorporar nuevas tecnologías que le permitan acceder a la radio y la televisión digital, proceso en el que Bolivia lleva una gran desventaja frente a países que están por dar el salto denominado “apagón analógico” que significará la muerte de la vieja televisión. Este proceso podría dejar a nuestro país en medio de un aislamiento cultural, desconectado del mundo y con una población condenada a consumir contenidos de pésima calidad, mucho más que los actuales, que ya dejan mucho que desear.

Pero al menos la población tiene hoy la posibilidad de elegir y en el plano informativo, la opción de escuchar algunas voces críticas que podrían desaparecer por completo si es que se imponen los planes que conducen hacia el monopolio informativo, al mejor estilo de las dictaduras socialistas. En Bolivia no se ha procedido al cierre de medios como lo hizo el chavismo venezolano, pero este sistema de renovación de licencias y plazos fatales es la forma de acorralar a los medios independientes y condenarlos a la extinción.

El Gobierno debe dejar de ver a la comunicación como un enemigo. Durante diez años ha estado combatiendo a quienes no han dejado de hacer observaciones sobre el rumbo que se debería tomar para llevar al país hacia el éxito en lo económico, lo político y lo social, aspectos que redundarían por supuesto, en beneficios para la cúpula gobernante. Lamentablemente los resultados han sido muy distintos y pese a toda la hostilidad, la opinión pública se ha dado modos para expresar su descontento a través de las redes sociales, el nuevo adversario a derrotar y para ello se tejen normas de control y censura.

Se debe entender que una dictadura comunicacional no es saludable y en pleno Siglo XXI es inviable por las grandes facilidades que brinda la tecnología a los ciudadanos que se convierten en voceros de la libertad, de la justicia y en enemigos del abuso y la prepotencia. Sería conveniente que este sea el inicio de un cambio de actitud de parte de quienes dicen haberse comprometido a favor de la democracia.

Tomado de eldia.com.bo

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