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Elogio del mercado

mercadomodernoCARLOS RODRÍGUEZ 

El mercado ha concitado desde siempre la sospecha y el desdén, cuando no la ira, de políticos, empresarios, sindicalistas, intelectuales, periodistas, religiosos y artistas, grupos todos ellos poderosos e influyentes. Quizá la imagen más repetida de estos críticos acerca del mercado sea la de su crueldad.

El capitalismo es salvaje; el mercado, nos dicen, es la selva. Ahora bien, como sabe cualquiera, sin necesidad de salir del salón de su casa, porque basta con ver documentales por televisión, en la selva no hay capitalismo. No hay capitalismo, ni mercados, ni empresas, ni ciudades, ni casas, ni calles, ni gente, ni nada.

Quienes vivimos en democracia solemos dar por supuestas muchas cosas que no son tan obvias. Si hay golpes militares en África, como antes los había en Iberoamérica, no siempre reflexionamos en que lo más lógico es que los militares golpeen. Nada es más fácil que la toma del poder por quien tiene el virtual monopolio de la fuerza. La cuestión interesante, por tanto, no es por qué hay golpes militares; lo asombroso es por qué no hay golpes militares en algunos países.

Esta línea de reflexión nos conduce al fundamento mismo de la convivencia humana: las normas. La civilización depende de que haya garantías de que algunas conductas no son admisibles. Por ejemplo, no es admisible que el ejército usurpe el poder civil, porque en las sociedades modernas el ejército sirve más que manda; no equivale a un poder sino a un servicio público: la defensa nacional.

La condición de la libertad es la restricción, paradójicamente justo lo contrario de lo que a primera vista parece. La complejidad de esta idea, de que necesitamos reglas para ser libres, subyace también en la incomprensión generalizada del mercado.

Si en la selva, pues, no hay mercados ni nada, la explicación es bien sencilla: eso sucede porque allí no hay derechos y sólo rige la ley de la selva, la ley del más fuerte, la inseguridad total.

Los mercados, en cambio, florecen en contextos diferentes, donde lo que impera es la libertad, la justicia, la seguridad personal, la protección de los derechos y la garantía del cumplimiento de los contratos. Por eso la economía de mercado y la civilización y el progreso van de la mano: sus condiciones de existencia y desarrollo son las mismas reglas. Esto llamará la atención de los intervencionistas que separan dicha unión y favorecen sólo las libertades y la justicia que no atañen a la economía. Sin embargo, la separación es inválida. No puede ser casualidad que allí donde reina la libertad económica suele reinar también la política, y que allí donde los poderosos eliminaron la libertad de mercado, también suprimieron las demás libertades. Otro aspecto llamativo es que las reglas que salvaguardan la civilización y el mercado parecen exigir un Estado que las aplique. No hay, pues, mercado sin Estado.

Ese conjunto de restricciones surgió tras un largo proceso de evolución, y no tiene inventor conocido. Nadie concluyó racionalmente que había que instaurar la propiedad privada o el mercado o el dinero. La propia acción humana, con sus aciertos y desaciertos, sus marchas y contramarchas, fue creando en las personas la impresión de que era más eficaz la adopción de conductas pautadas, que se fueron plasmando en valores morales e instituciones jurídicas y políticas.

La no racionalidad de las reglas es importante, pero no quiere decir que sean arbitrarias y mucho menos irracionales, sino que surgen evolutivamente, por ensayo y error, a lo largo de un curso complejo que no responde a un designio de la inteligencia humana. Corolarios de esta idea son la modestia y la cautela: modestia porque no sabemos bien el origen y funcionamiento de estas instituciones básicas, y cautela, por tanto, a la hora de intentar reformarlas o incluso destruirlas a partir de postulados intelectuales. En esta cautela late un principio de la acción humana, largamente reconocido: el de las consecuencias no previstas ni deseadas. La complejidad de la vida social hace que estas consecuencias existan en todos los órdenes, para bien y para mal. Ni la modestia ni la cautela caracterizan al rechazo intervencionista del mercado: éste se basa en la soberbia de que es posible comprender intelectualmente la sociedad de modo cabal, y en la imprudencia de creer que se puede jugar con esas reglas e instituciones gratuitamente.

El mercado ha sido amplia y tradicionalmente tratado por la ciencia económica desde la perspectiva de la asignación de recursos. Este enfoque parcial y desafortunado ha dado pie a las críticas intervencionistas que pintan al mercado como un frío artefacto autoritario, un déspota materialista, obsesionado con el (no por azar llamado) vil metal, que no titubea en dejar a los débiles a la intemperie. La propia noción de eficiencia asignativa brindó múltiples oportunidades a los intervencionistas para acusar a los liberales de engañar a la opinión pública, mostrando sólo un paraíso donde la "mano invisible" lo pinta todo de color de rosa, y oculta numerosos fallos del mercado libre. Esta visión ha sido extremadamente eficaz y ha animado la conclusión de que la intervención del poder político resulta irreemplazable para corregir tan inicuo estado de cosas. Además, la concepción meramente asignativa del mercado propició la falsedad que sostiene que las virtudes del mercado se limitan a quienes ya tienen recursos, y son inútiles, por tanto, para los pobres.

El énfasis en estas presuntas debilidades del mercado no debe ocultar la presente admisión de su eficiencia. Esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en el que además de todo ello se insistía seriamente en que el mercado no era eficiente a la hora de asignar recursos, y que el Estado lo podría hacer igual o incluso mejor. No es necesario que perdamos tiempo refutando esta falacia, porque sus propios defensores ya han abdicado de ella. Hoy las tesis intervencionistas van dejando de pivotar sobre la eficiencia y se inclinan más y más por la equidad. Subsisten las críticas a los fallos del mercado, como veremos, pero antes de ello abordaremos un error muy generalizado acerca del mercado y es la mencionada idea de que asigna los recursos eficientemente, pero deja fuera a quienes carecen de ellos.

Esta visión en principio parece verosímil porque la palabra "mercado" nos sugiere exclusivamente los mercados organizados, instituciones visibles con transacciones normalizadas. Reciben, además, ese nombre: mercado de valores o divisas o mercado de petróleo o materias primas. Para una persona corriente los mercados son lugares físicos adonde ella acude con su dinero a comprar unas mercancías conocidas a precios generalmente dados.

Pero el mercado no es sólo eso. Es mucho más. El mercado es el conjunto de relaciones que mantienen los seres humanos entre sí y que se concretan en las transacciones que llevamos a cabo para satisfacer nuestras necesidades. El mercado, así, es difícil de definir, pero desde luego no es un sitio ni una tienda. Es un marco institucional caracterizado, digámoslo una vez más, por reglas. Estas reglas del funcionamiento de una economía de mercado son también, y no por casualidad, las del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley, la justicia y el cumplimiento de los contratos, la libertad de comercio, la limitación del poder político y la defensa de los derechos humanos, en especial la seguridad personal y la propiedad privada.

La cuestión de los pobres

Para comprender por qué es un error pensar que los mercados sólo sirven si uno no es pobre, lo más ilustrativo es observar que el principal recurso con que las personas nos ganamos la vida, nuestro trabajo, presenta una faceta sobresaliente: la especialización.

En realidad, todos nosotros participamos del mercado mundial por una razón elemental, y es que sólo trabajamos en una actividad, o a lo sumo en dos o tres, nunca en más, y con el fruto de esa actividad compramos lo que necesitamos. Esta división del trabajo, que depende de la extensión del mercado y sus derechos y deberes, ha dado lugar a un incremento de la productividad que no tiene parangón en la historia. Cuanto más primitiva es una sociedad más actividades distintas tienen que ejecutar sus integrantes y más pobres son en su mayoría. En la sociedad moderna de mercado, en cambio, los individuos se especializan con una prolijidad insospechada, y gracias a ello pueden mediante el intercambio llegar a cotas de bienestar para un porcentaje inédito de personas.

Pero no se trata sólo de intercambiar, porque en tal caso valdría la objeción: ¿y si no tengo nada para dar, de qué me sirve el mercado? Lo que sucede en realidad es que los recursos y las necesidades se van descubriendo. Por eso la imagen teórica del mercado como un ámbito claro y perfecto con todo ya dado y conocido es sesgada e insuficiente. El mercado no es así, no es un artefacto mecánico sino un complejo proceso social de descubrimiento y transmisión de información sobre oportunidades.

Estas oportunidades llaman la atención cuando se transforman en grandes empresas, que surgen casi de la nada, normalmente con más inteligencia e iniciativa que dinero, y llegan a ser en poco tiempo gigantes multinacionales. Esto es efectivamente un ejemplo de espectacular creación de valor visible gracias al talento empresarial para descubrir recursos con los que satisfacer necesidades. Pero fijarse sólo en las empresas en este proceso equivale a perderse buena parte del mismo. Porque todos somos empresarios, en el sentido de que compramos y vendemos bienes o servicios. El proceso también nos sirve a quienes vivimos sólo de nuestro trabajo, y no vendemos más que eso. A nosotros, igual que a cualquier otro empresario, el mercado nos proporciona una información crucialmente útil: nos indica aquello para lo que valemos.

Se dirá que esto puede ser indeseable porque, primero, aquello para lo que valemos acaso no sea lo que más nos apetezca hacer, y segundo, el mercado nos señala también con claridad cuánto valemos en cada actividad que realizamos, y esa suma quizá tampoco nos agrade.

El mercado es un sistema de reglas que no se pliega necesariamente a los deseos individuales. Sólo obliga a seguir el veredicto de la colectividad, porque el mercado es la colectividad, que refleja sus apetencias y el grado de sus necesidades en los precios, que a su vez marcan el valor de lo que ofrecemos y demandamos. Esas reglas son notablemente productivas, son lo que ha permitido la civilización y el progreso, y el hecho de que, con todos sus numerosos defectos, el nivel de vida en la Tierra sea hoy más alto de lo que nunca ha sido.

Esas reglas ignoran a los pobres. Es verdad, y también a los ricos. No ayudan al pobre por serlo, ni respetan al rico por serlo. Conforman un orden que permite la cooperación de las personas sin preguntas ni condiciones ni exigencias ni barreras. Las normas no discriminan. Y es esta no discriminación lo que hace que resulten especialmente provechosas para los pobres. El hablar de los pobres como "resultado" del mercado es un error, porque lo son porque el mercado no puede funcionar adecuadamente. La pobreza, como es sabido, no está lejos de nosotros; lo que suele estar lejos es la comprensión de los fenómenos que tenemos más cerca. Pensemos en unas personas modestas que se dedican a la venta callejera. Los marginados que en España venden La Farola en los semáforos podrían ganar más si en vez de pedir ayuda prestaran un servicio, lo que podrían hacer si en vez de La Farola vendieran Expansión o Diario 16 o El País. No lo hacen porque la regulación escrita y no escrita de la distribución de la prensa en España se lo impide. No es el mercado lo que los sitúa en tan desventajosa posición, sino una traba al funcionamiento del mercado. Estos bloqueos suelen ser particularmente perjudiciales para los más pobres.

El proceso de creación y difusión de la riqueza mediante el descubrimiento de oportunidades para profundizar la división del trabajo es tan complejo que de hecho no hay forma de contemplarlo con un solo golpe de vista. Hasta el objeto más sencillo que nos rodea ha sido producido gracias a la cooperación de numerosas personas, con frecuencia distantes y desconocidas entre sí.

La más famosa metáfora sobre el mercado, la de la "mano invisible", hace referencia a esta característica complejidad. Por desgracia, y tal como suele suceder con las metáforas en las ciencias sociales, ha transmitido una noción equivocada, al haberse puesto énfasis en la imagen de una mano, de algo o alguien que maneja y coordina el sistema económico. En la metáfora, en realidad, lo importante es el adjetivo, no el sustantivo; lo relevante es percibir que la complejidad del orden económico moderno hace que sea imposible su control.

Pero si el mercado, que es la elección de los demás, premia y castiga, cabría argumentar que ni premia ni castiga bien. Aunque se comprenda que el mercado no es una selva brutal, hay quien cree que no por ser ordenado es justo, en el sentido de que los fuertes prevalecen sobre los débiles, las empresas grandes sobre las pequeñas, etc. Esto no es cierto, porque lo que castiga el mercado no es la debilidad sino la ineficiencia. Ambas expresiones no son en absoluto sinónimas. Es una historia repetida la de empresas pequeñas y débiles que fueron capaces de derrotar a empresas grandes y poderosas. El ejemplo de David ocurre a menudo si se deja actuar a la competencia.

En la competencia cumple un papel fundamental la especialización. Pero ¿cómo llegamos a saber en qué bien o servicio o actividad debemos especializarnos? Es evidente que no nacemos con un sello indeleble y la obligación de ser abogados o albañiles. La asignación laboral o profesional por nacimiento corresponde a edades primitivas, cuando la libertad individual era inexistente.

El mercado nos revela el campo y el vigor de nuestras habilidades, y esa indicación está en relación con nuestra capacidad de servir a los demás. No somos nosotros los que decidimos a la vez qué vamos a hacer y cuánto vamos a cobrar. El mercado es un proceso de descubrimiento de nuestras capacidades y nuestros recursos, cuya existencia y detalles no son obvios desde el principio para nosotros o para los demás. Los vamos descubriendo. Y los ejercemos igual que ejercemos nuestros derechos, es decir, en equilibrio con los demás miembros de la sociedad. Y son ellos los que dictaminan nuestro éxito o fracaso, en la medida en que satisfagamos sus necesidades, no las nuestras.

Este es un proceso dinámico que carece de jerarquías predeterminadas, como ha habido en buena parte de la historia de la humanidad. Los pobres no están condenados a la pobreza por el hecho de serlo. Lo seguirán siendo si no hay un mercado que les permita sondear sus recursos y descubrir qué pueden hacer y cómo pueden servir a la comunidad. Con esta perspectiva se observa que las personas de verdad condenadas en el mercado, las que no tienen ningún recurso ni pueden tenerlo, son una ínfima minoría de enfermos y minusválidos profundos que pueden ser protegidos a un coste pequeño. Para el resto, el mercado es una oportunidad, nunca una amenaza.

El miedo a la "dependencia" comercial es otro fraude: si fuéramos totalmente autosuficientes, si no dependiéramos en nada de los demás, el mundo se mantendría en el estadio salvaje de su evolución. Y así como para cada uno de nosotros es bueno dividir el trabajo y especializarnos y comerciar, también es bueno para las agrupaciones. Así como la autarquía es mala para un individuo, también es mala para cualquier número de individuos. La interdependencia es buena porque aumenta la productividad, la renta, el empleo, el bienestar, porque provee más bienes y servicios más baratos.

Durante años en los países desarrollados se lanzaron costosas "guerras contra la pobreza" fundadas en un prejuicio engañosamente simple: como a los pobres les faltan bienes, hay que darles bienes y ya no habrá pobres. Los gobernantes y burócratas se olvidaron de que los pobres pueden necesitar otras cosas, y estar envueltos en graves problemas políticos, psicológicos y morales, desde la violencia y la ausencia de libertad y justicia hasta la falta de iniciativa y confianza en sí mismos, sin cuya eliminación nunca habrá transferencias suficientes.

Otro aspecto de la pobreza, que también invita a la intervención del Estado, es la urgencia de resolverla: ya que es tan fácil, ya que sólo se trata de quitarle bienes a unas personas para dárselos a los pobres ¿por qué no hacerlo de inmediato? Es un imperativo moral, y sólo un insolidario se negaría. Este mensaje, muy popular en nuestro tiempo, confunde tanto las causas de la pobreza como las consecuencias no previstas de ignorarlas al intentar resolverla.

La división del trabajo en el mercado ha provocado un salto sin precedentes en el nivel de vida que ha alcanzado por vez primera en la historia a grandes masas de la población. No era ese el objetivo de cada uno de los individuos que pudo insertarse en la compleja red de dicha división, que lo hizo buscando primero su propio interés; pero al hacerlo propició el interés de los demás; se trató, pues de un ejemplo notable de consecuencia no deseada ni prevista. Para referirse a los efectos de las transacciones del mercado sobre el bienestar de las personas que no forman parte de dichas transacciones los economistas acuñaron el término de "externalidad", y se refirieron especialmente a las externalidades negativas, como veremos, pero el aumento en el bienestar de millones de personas es un caso notable de externalidad positiva derivada del mercado.

Mercado y moral

Las virtudes asignativas y en general económicas del mercado son hoy más reconocidas que antes. Sin embargo, fuera del campo económico el mercado es habitualmente censurado por motivos morales, en un engaño que opera como justificación añadida de la intervención del poder político para recortar la libertad económica.

Se dice que el mercado es egoísta, que cada persona va a su aire y no se preocupa por los demás, que fomenta el individualismo en vez de la solidaridad, la agresividad en vez de la cooperación, el materialismo en vez del espíritu, la vulgaridad en vez de la cultura, los privilegios en vez de la igualdad, el engaño artero en vez del respeto cordial.

Empecemos por el egoísmo. Es interesante que se reproche al mercado el fomentar el egoísmo, cuando lo que fomenta es lo contrario: el egoísta no atiende a los intereses de los demás, mientras que el mercado obliga a atenderlos. No hay forma de sobrevivir en el mercado si no ofrecemos algo que los demás necesiten o aprecien. No podemos ir individualistas a nuestro aire ignorando al prójimo; al contrario, debemos cooperar con él, a través de la tupida trama de la división del trabajo.

Las virtudes sociales son promovidas por el mercado: el trato que reciben las personas en las tiendas es siempre mejor que el que reciben en las oficinas públicas (o en las empresas monopólicas). El mercado no fomenta el engaño; al contrario, pruebe usted a engañar en un mercado y verá cuán difícil le resultará volver a trabajar en él.

El mercado no impulsa el materialismo y la vulgaridad: ofrece como resultado de la división del trabajo un abanico de bienes y servicios, que va desde lo más abyecto hasta lo más sublime, pero no premia especialmente lo primero. Al menos, la experiencia prueba que los países que más límites imponen a los mercados no se destacan por su espiritualidad y elevación moral.

En cuanto a los privilegios, nunca están más inseguros que cuando la economía es libre, puesto que ella facilita la entrada de cualquier competidor en cualquier actividad, de modo tal que se garantiza que quienes tienen éxito se lo deben exclusivamente a su servicio al público, es decir, a que ofrecen productos buenos y baratos. La competencia es, en rigor, el gran disolvente de los privilegios, y por eso son legión los grupos de presión que intentan, y muchas veces consiguen, limitarla. Esto también explica la paradoja de que haya capitalistas que no crean en el capitalismo, y que con mucha frecuencia los que defendemos la libertad tengamos que batallar contra grupos que no quieren competencia sino protección, aranceles, subvenciones, licencias, prohibiciones y controles.

Es verdad que el mercado no opera directamente por sentimientos, como las comunidades primitivas. La cooperación con nuestros semejantes no tiene ya lugar sólo de modo limitado y claramente visible sino de modo ilimitado y escasamente visible. Esta cooperación es mucho más compleja pero a la vez es lo que ha permitido el progreso; de ahí lo absurdo que resultan los llamamientos a volver a una suerte de edad de oro sin mercados ni comercio ni dinero. Si mañana mágicamente todo ello desapareciera, también lo haría, por inanición, el grueso de la humanidad.

Economía, sociedad, libertad

Si la libertad es un valor moral, habrá que responder a los críticos del mercado que sostienen que la libertad puede ser "formal", con lo que quieren decir que no vale si las personas no ven satisfechas sus necesidades más apremiantes. Así, la libertad individual sin alivio económico no sería una libertad plena y por tanto el liberalismo económico sería contradictorio con el liberalismo político. Amparándose en el atávico rechazo al mercado, al comercio y al dinero, se fue abriendo camino la idea de que la "sociedad" es opuesta a la economía.

Esto dio por tierra con las preocupaciones de los antiguos liberales, que veían al socialismo como algo malo no por razones fundamentalmente económicas sino morales: porque esclavizaba al ser humano. Los intervencionistas sostuvieron que lo que en realidad esclavizaba era el mercado y que lo liberador era que la sociedad primase sobre la economía. La libertad se tornó capitulación ante la sociedad, a su vez expresada democráticamente en el Estado, cuya misión es proteger a los individuos frente al mercado por medio de la coacción política.

No voy ahora a criticar al Estado, que es el objeto de la segunda parte de este ensayo. Pero es pertinente preguntarse cómo pudo triunfar esta visión del mercado. Es absurdo oponer el mercado a la sociedad. El mercado, como vimos, no puede ser sino social; es social por definición. Es más social que cualquier dimensión política, puesto que la política siempre excluye; aunque gobierne la mayoría, habrá una minoría excluida. En el mercado las minorías pueden encontrar su sitio, sobrevivir y prosperar. Tampoco se entiende la oposición entre libertades. Ya apuntamos que las libertades económicas y políticas van de la mano. Los países más prósperos son los más libres, los que más disfrutan de esas libertades "formales" que desdeñan los intervencionistas. El recorte de las libertades económicas socava las políticas, entorpece las instituciones y vicia la democracia.

La explicación de la aceptación, incluso el aplauso, ante el recorte de la libertad económica estriba en que las virtudes del mercado quedaron eclipsadas por sus defectos. Un análisis de estos defectos, que justificaron y justifican la expansión del Estado a expensas del mercado, nos ocupará a continuación.

El monopolio

Los críticos del mercado alegan que sus ventajas sólo existen en la mente de los liberales, porque en la realidad lo que hay son empresas que crecen ilimitadamente y controlan o monopolizan sus mercados. Si tal es la tendencia, es evidente que los mercados no funcionan y que el Estado debe hacer algo al respecto.

El argumento es falso, pero refleja de todos modos esa poderosa concepción predatoria del mercado, a la que ya hemos hecho referencia: el mercado como ley de la selva, como explotación del débil, etc. Esto sirve de excusa para la intervención política, que se realizará con dos metas al parecer inobjetables: salvaguardar la competencia y compensar políticamente el poder exagerado de las empresas.

No es verdad que las empresas tiendan a crecer sin límite y a controlar o monopolizar el mercado. Siempre hay una pluralidad de tamaños en las empresas y no es cierto que el pez grande siempre se coma al chico; dicha pluralidad depende de muchas consideraciones, razón por la cual es peligroso intervenir para determinarla políticamente. En todo caso, sí cabe decir que la reducción en los costes de transacción derivada del progreso técnico en la informática y las telecomunicaciones puede llevar a que el peso de las grandes empresas disminuya en la presente economía globalizada.

El temor a los gigantes empresariales, agitado entre otros por los empresarios no competitivos, se sostiene porque tendemos a ver a la economía como si fuera una foto fija. Allí aparecen empresas, muy grandes y poderosas, monopólicas o pretendiendo el monopolio. Con una perspectiva dinámica veríamos que se lucha por sobrevivir, y no se disfruta de privilegios eternos si las barreras de entrada están levantadas. En ese caso las empresas servirán a los consumidores, labor que también puede hacer una empresa grande, porque grande no es sinónimo de monopolista.

No es fácil que los monopolios se mantengan. El elevado tipo de beneficio que por definición disfruta el monopolista opera como un incentivo a que la competencia de otros empresarios acabe con el monopolio. Esto ha sucedido siempre en la historia, con una sola y sobresaliente excepción: los monopolios asegurados por el Estado, que sí pueden perdurar indefinidamente, imponiendo graves costes a contribuyentes y consumidores.

En el caso del sector privado, desde hace mucho tiempo existe una legislación antimonopólica, que procura impedir la formación de cárteles o cualquier convenio para limitar la competencia. La utilidad de esa legislación es menos evidente de lo que parece, puesto que ha sido utilizada por los empresarios precisamente para impedir la competencia. Un ejemplo famoso es el de los fabricantes de automóviles en Estados Unidos, que pretendieron que el Gobierno impidiera la importación de coches japoneses más baratos, con el falaz argumento de que si entraban libremente se harían dueños del mercado y se convertirían en monopolistas. De ahí que muchos economistas se inclinen por la supresión de las barreras de entrada al mercado, más que por asegurar un número suficiente de competidores en el mismo.

Este punto es importante porque, al igual que la variedad de grandes y pequeñas empresas, no hay forma de saber cuál es el número suficiente para que haya de verdad competencia en el mercado. Puede haber muy pocas empresas y seguir habiendo competencia; en teoría puede haber sólo una y seguirla habiendo, en la medida en que siempre pueda entrar un competidor.

Veamos este último caso, que en economía se llama "monopolio natural", el que se produce cuando una sola empresa es tan eficiente que produce toda la escala de su actividad a un coste menor que cualquier otro número de empresas. Algunos argumentan que en tal caso esa actividad tiene que ser estatal, y se preguntan: ¿qué sentido tiene la apropiación privada del beneficio de un monopolio natural? Con este argumento se estatizaron bajo la forma monopólica las infraestructuras, el transporte ferroviario, las telecomunicaciones, etc. Con el tiempo se complicó el análisis y se admitió la posibilidad de competencia en los límites del monopolio natural, o bien mucho más allá, como en la telefonía. Aunque no está claro que el argumento distributivo siempre será favorable a la titularidad pública, lo cierto es que en todas las privatizaciones de los servicios públicos con características de monopolio natural el papel del Estado siguió siendo decisivo a la hora de fijar los precios o tarifas, las subvenciones a determinados grupos de consumidores, o las regulaciones de las empresas productoras.

Bienes públicos y externalidades

Se sostiene que hay bienes especiales que el mercado no puede producir eficientemente, bienes llamados "públicos" o bienes con "externalidades".

Los bienes públicos se caracterizan por lo que en el lenguaje económico se denomina "no rivalidad y no exclusión". No rivalidad, porque el consumo de una persona no disminuye la cantidad disponible para otra, una vez que el bien ha sido producido. Y no exclusión porque no se puede impedir que alguien disfrute de ellos y no cuesta nada añadir una persona más. Pensemos en un faro: una vez que su luz se enciende cualquier barco puede verla sin impedir que la vea otro, e impedir que algún barco concreto se beneficie del faro tendría costes prohibitivos.

La defensa nacional es un ejemplo de bien público: si Marruecos invade España el ejército me defenderá a mí sin que ello comporte dejar de defender a otra persona, y nos defenderá por igual aunque yo sea un evasor fiscal y la otra persona no. Algo similar sucede con las ideas (el teorema de Pitágoras es un bien público), o con las radios y algunas televisiones (las que emiten en abierto).

Los economistas han observado que los bienes públicos incentivan tanto la sobreexplotación como la elusión de su pago, lo que se llama "el problema del gorrón" o free-rider. Los individuos tenderemos a ocultar nuestras preferencias, para que sea otro el que pague, con lo que habrá una oferta inferior a la que tendría lugar si todos revelásemos nuestras demandas de manera genuina. Si estamos hablando de bienes o servicios tan trascendentales como la defensa nacional, es evidente que si el mercado no la produce en cantidad suficiente, esta deficiencia no es baladí.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, dos aspectos del asunto. En primer lugar, un bien público no es necesariamente un bien gratuito. Una cosa es, en efecto, que no operen plenamente los precios como instrumento de racionamiento del bien, que es lo que ocurre con los bienes privados, y otra cosa es que no cueste nada. Una vez construido el faro, éste tendrá las condiciones de bien público, pero antes hubo que decidir construirlo y establecer cómo pagarlo. En segundo lugar, que un bien sea público no quiere decir en absoluto que deba ser producido por el Estado, y menos en régimen de monopolio. Muchas veces se pasa con demasiada ligereza a esta conclusión. Destacados economistas han estudiado el problema con creciente elegancia analítica y han pretendido resolver por "optimización" los impuestos que hay que cobrar y el precio artificial que hay que fijar para producir los bienes públicos. La realidad es, sin embargo, que no se ha probado que el Estado sea la solución a la incógnita de qué bienes públicos y cuánto de cada uno hay que producir.

No se trata sólo de que la producción de estos bienes a cargo del Estado afronte también obstáculos, como el de la revelación de la demanda o el "gorrón". Además, las posibilidades del mercado a la hora de suministrar bienes públicos son más grandes de lo que se piensa, y crecientes con el progreso técnico. Un famoso economista clásico sostuvo que los faros debían ser estatales, porque no se podía ir a alta mar a cobrarles a los barcos que de él se beneficiaban; en realidad, en su propio tiempo los faros eran mayoritariamente privados, y su coste se sufragaba con unas tasas que pagaban los barcos al atracar en los puertos cercanos, que también eran privados. Producción pública no es lo mismo que provisión pública, y es perfectamente concebible que empresas privadas proporcionen bienes públicos, desde las infraestructuras hasta la seguridad e incluso la justicia (hay tribunales de arbitraje privados). El ámbito de las transacciones voluntarias es mucho mayor de lo que incluso algunos pensadores liberales han estado dispuestos a reconocer. Ni la ausencia de rivalidad ni la de exclusión bastan para determinar que los bienes públicos no puedan ser suministrados por el mercado.

El papel de la tecnología en la disolución de monopolios y supresión de bienes públicos es también patente. El abaratamiento de las comunicaciones y el progreso técnico ha hecho que la televisión se haya vuelto sumamente divisible y no tenga hoy las características de bien público que durante años se supuso que tenía. Es verdad que sigue en manos del Estado en buena parte del mundo, pero eso no tiene nada que ver con ningún defecto del mercado, y más bien responde a la necesidad de propaganda política. El éxito en haber predicado que su papel es insustituible en la televisión es lo que explica la permanencia del Estado en dicho medio, cuando es probable que si mañana el Gobierno decidiera crear un periódico se levantaría un clamor unánime de indignación.

En la práctica, la excusa del bien público para suprimir el mercado es endeble y muy pocos de los bienes que produce el Estado son públicos en sentido más o menos riguroso; quizá sólo uno: el imperio de la ley. Y por otro lado parece que los bienes son hechos públicos por el Estado; es él quien decide cuáles bienes son públicos y cuáles no, y hasta cuándo.

Una distorsión parecida afecta a quienes abordan desde una perspectiva intervencionista las ya mencionadas externalidades. En el mercado las transacciones son voluntarias; cuando hay efectos no voluntarios de las transacciones sobre el bienestar de personas que no forman parte de las mismas, esos efectos no computados ni compensados sobre terceros se denominan efectos externos o externalidades. Hace tiempo que los economistas que investigaban los fallos del mercado se dieron cuenta de que el medio ambiente era un campo fértil para las externalidades.

Veamos un ejemplo clásico, analizado a principios del siglo XX, mucho antes de que la ecología se pusiera tan de moda como en nuestros días: si hay una fábrica junto a una población y los humos de la fábrica manchan las camisas tendidas en los patios de las casas, allí hay una externalidad negativa: el empresario está produciendo algo (humo) cuyo coste paga un tercero (los vecinos). El mercado, así, estaría operando ineficientemente; en este caso la producción de la fábrica resulta superior a la "óptima".

Dado este evidente fallo del mercado, los economistas tendieron a coincidir en que la única solución posible era la intervención pública, con controles, multas, impuestos y subvenciones. Esto es lo que apasiona a los ecologistas: en su aplastante mayoría creen que el mercado es letal para el medio ambiente, y que la única salida es la intervención política.

Pero algunos estudiosos empezaron a enfocar el asunto desde otro ángulo, y se preguntaron por qué en el caso de algunas externalidades no había soluciones de mercado y en otras, en cambio, sí las había, y los "productores" y "consumidores" de efectos externos podían llegar a acuerdos que resolvían el conflicto. Por ejemplo, los agricultores en América del Norte y otros lugares consiguieron indemnizaciones de los primeros ferrocarriles, que atravesaban sus campos y cuyas chispas solían incendiar los sembrados.

Y así, dentro de un amplio movimiento de la teoría económica, que fue dejando atrás en áreas muy diversas los enfoques meramente asignativos del mercado, surgió el llamado "neoinstitucionalismo", que colocó el énfasis en las instituciones más que en el engañosamente fácil silogismo que iba del fallo del mercado a la imperiosa necesidad de la intervención pública.

Estos economistas observaron que normalmente los denominados fallos del mercado, como las externalidades, no eran en realidad del mercado sino de los costes de transacción o de la indefinición de los derechos de propiedad. En el caso de los humos no falla el mercado sino el marco institucional, porque el aire no es de nadie y sería quizá prohibitivamente costoso que una población entera negociara con el empresario para que contaminara menos. Es la indefinición del derecho de propiedad, no el mercado, lo que provoca los problemas denominados "tragedia de los comunes", es decir, la tendencia a sobreexplotar los recursos cuya propiedad no es privada.

Esto quiere decir que lo mejor no siempre es actuar contra el causante de la externalidad, y que las soluciones de mercado son concebibles, aunque no siempre sean practicables. Cabe reflexionar antes de concluir que es indispensable hostigar al dueño de la fábrica con impuestos y multas: hay que tener en cuenta que no se trata en sentido estricto de un fallo del mercado, que no exige su destrucción, que no supone que la intervención coactiva en el mismo elimine el problema, y que una eventual negociación entre el fabricante y los damnificados por sus humos no llevaría al cierre de la fábrica y a la contaminación nula. Otra forma de ver este último punto es la siguiente: la tesis de que hay que cobrarle un impuesto al empresario con objeto de que pague el coste social de lo que produce, y no sólo el coste privado, enfrenta la dificultad de que hay que conocer de antemano cuál es el nivel "óptimo" de contaminación. No va de suyo que las autoridades, ni los ecologistas, lo conozcan mejor que otros.

Por lo tanto, en este caso, como en el de los bienes públicos, no es correcto deducir automáticamente de una externalidad la necesidad de interferir en los mercados. Este freno analítico es tanto más importante cuanto menos clara esté la definición de externalidad, porque bien mirados virtualmente no habrá ningún bien ni ningún servicio que carezca por completo de efectos externos.

La posibilidad de que no fallen los mercados sino las instituciones abre también vastas posibilidades de reforma que permitan aprovechar la energía innovadora de los individuos en el mercado para conseguir neutralizar las externalidades.

Equidad y macroeconomía

Pero no sólo se adujo que el mercado se autoanulaba en monopolios o era ineficiente en la provisión de bienes públicos o con efectos externos, sino que se le añadieron otros dos graves defectos: es injusto y provoca perturbaciones macroeconómicas. En ambos casos, asimismo, se concluyó que la interposición del Estado era imprescindible.

El argumento de la justicia es en extremo delicado, porque quebranta una de sus condiciones clásicas: la no discriminación. La justicia tiene los ojos vendados, y no puede haber un tratamiento diferente de los individuos según sus condiciones particulares. Esto se ha perdido por completo, y se interpreta que la justicia es la igualdad. Así, se dice que países ricos son "injustos" no porque su renta per cápita sea baja sino porque hay "mucha desigualdad"; no cuenta el nivel de vida de los pobres sino ese nivel con relación al nivel de vida de los ricos.

La desigualdad puede verse como un fallo del mercado, en el sentido de aceptar teóricamente la distribución según la productividad, que es lo que hace el mercado, pero alegar que como el mercado no funciona a la perfección, entonces la distribución resultante no es la mejor posible. Generalmente, sin embargo, se suele ir más allá y se sostiene que el hecho mismo de que las retribuciones dependan de la productividad es injusto, porque no es igualitario.

No hay, empero, manera de resolver la desigualdad humana: es inerradicable, somos diferentes en nuestros talentos y oportunidades, y en el esfuerzo que desplegamos para aprovecharlos. Ninguna intervención en el mercado puede suprimir la desigualdad; en cambio, lo que suele suceder es que el Estado sustituya una desigualdad por otra, y no haya forma de determinar cuál desigualdad es más "justa". Volveremos sobre esta cuestión en la crítica al Estado, pero conviene retener la idea de que el intervencionismo ha escogido la desigualdad como arma contra la libertad económica, y que no tiene base: no es patente que la distribución derivada del mercado sea injusta. El mercado reduce la desigualdad e impide la perpetuación de los privilegios; el mercado no sólo propicia el crecimiento sino que tiende a incrementar la participación del trabajo en la renta nacional, porque el capital que crece proporcionalmente más es el capital humano, que está mucho más igualitariamente distribuido que el capital físico.

Una de las armas con las que se critica al mercado son las cifras sobre riqueza y pobreza. En general las estadísticas son elaboradas por el sector público, y tienen como objetivo facilitar su intervencionismo, o bien sancionar la necesidad del mismo para "hacer algo" sobre una serie de contratiempos reales o ficticios. Pasemos por encima del hecho conocido de que en países con alta fiscalidad y Estados redistribuidores existen poderosos incentivos para ocultar la riqueza y exhibir la pobreza; en todo caso, la desigualdad no es consecuencia del mercado libre sino de otros factores, como el progreso técnico que puede haber acelerado la obsolescencia del capital humano de los trabajadores menos capacitados. Este fenómeno fue estimulado por los gobiernos a través de los salarios mínimos y otros costes laborales, que fomentan artificialmente la tecnología de sustitución de mano de obra, que lo que busca es eludir unos costes que el propio Estado crea, y cuyo resultado ha sido, como vimos en España, un agravamiento del paro entre jóvenes, mujeres y personas sin cualificación.

La desigualdad en el mercado puede beneficiar a todos, siempre que, primero, todos podamos ser ricos, es decir, que nadie nos impida trabajar o montar una empresa porque somos mujeres o judíos o negros; y segundo, el salario de los más pobres resulte mayor que el que resultaría en una economía sin mercado.

Dado el hecho de que las personas somos desiguales, incluso llevamos una carga genética distinta, de lo que se trata es de sacar partido de esas diferencias, no suprimirlas por decreto; se trata de dar la oportunidad para que cada uno desarrolle sus distintas capacidades. El mercado facilita esta igualdad de oportunidades, mientras que el intervencionismo puede dificultarla en aras de una presunta igualdad inalcanzable.

Los intervencionistas nos abruman con comparaciones estadísticas que blanden a guisa de argumento; dicen, por ejemplo, que con los helados saboreados en Europa se podría alimentar a todo Burundi. Ejércitos de burócratas internacionales (que ganan espléndidos sueldos, generalmente libres de impuestos) se encargan periódicamente de "denunciar" la desigualdad, ante el regocijo de políticos, periodistas, intelectuales, artistas y religiosos. Se extraen indignadas conclusiones porque la energía consumida en Estados Unidos equivale a la de docenas de otras naciones. Una y otra vez los medios de comunicación se hacen eco de informes sobre "líneas de la pobreza", "desarrollos humanos" y otras categorías análogas. De ahí se pasa rápidamente a la necesidad de la intervención política y la redistribución "solidaria" para corregir las "injusticias".

Nada de esto tiene ningún relieve analítico. Los pobres de Burundi no son pobres porque los europeos comamos helados, sino porque en Burundi no existen las condiciones para que funcione el mercado. Mientras no existan, de poco servirán las ONGs, porque los países no se vuelven masivamente ricos con la caridad, sino con el comercio. La caridad es muy valiosa (siempre que sea libre, volveré sobre ello), pero el mercado es lo que asegura el bienestar de la mayoría. En cuanto a las comparaciones entre los países ricos y pobres, son igualmente absurdas: Europa o Estados Unidos consumen más energía, y más de todo, que África por la sencilla razón de que producen más que África.

Otro capítulo importante dentro del nutrido catálogo de defectos del mercado no tuvo que ver con la equidad redistributiva sino con la macroeconomía, con los grandes equilibrios de la economía entendida en el conjunto de un país o grupo de países. Se pensó que esos defectos exigían la intervención estatal puesto que el mercado libre no garantizaba ni el crecimiento, ni la estabilidad, ni el pleno empleo.

Las fluctuaciones económicas cuentan con una larga historia, desde que José interpretó los sueños del Faraón. Pero el centro de la discusión moderna que nos ocupa tuvo lugar durante el siglo XX, porque los economistas se convencieron de que esas fluctuaciones no tenían que ver con la naturaleza o el clima o la legislación o la política sino con el mercado, que era inherentemente inestable. La solución era limitarlo y conseguir así una moderación de los ciclos económicos y una solución al paro y la inflación. Los criterios pasaban por una expansión del Estado y una supresión de los límites que lo habían contenido hasta entonces. Así, la meta del presupuesto equilibrado fue arrojada al desván de los recuerdos, y otro tanto sucedió con el patrón oro, una regla monetaria objetiva, al margen de los gobiernos, que fue reemplazada por los bancos centrales, estatales y monopólicos, que empezaron a emitir moneda sin límite establecido -una moneda que se llama "fiduciaria" porque descansa sólo en la fe, en la confianza de que las autoridades no la van a emitir en exceso.

Este optimismo duró hasta los años setenta, cuando la crisis del petróleo vino acompañada de un fenómeno inédito, bautizado como "estanflación", la combinación de estancamiento económico e inflación, y por el descalabro en 1971 del sistema monetario internacional creado en Bretton Woods en 1944, que dio al traste con la última regla objetiva que quedaba: el compromiso de Estados Unidos de mantener un tipo de cambio fijo entre el oro y el dólar.

La inestabilidad monetaria y el paro se volvieron protagonistas permanentes de la vida económica, que con el colapso del comunismo recibió el nombre de "globalización". Se mantuvo la teoría de que los males habían sido causados por el mercado, y que se requería su control. En realidad, la intervención del Estado produjo costes y rigideces de todo tipo que ejercieron su impacto en la reducción del ahorro privado, la inversión, el crecimiento y el empleo. Al revés de lo que sostuvieron los intervencionistas, el Estado no cumplió ninguno de los objetivos que pretendía.

El caso de la banca es interesante, porque la opinión no profesional la considera habitualmente el paradigma del mercado libre. No lo es en absoluto. Es un sector por un lado privilegiado, porque puede prestar una parte apreciable del dinero que recibe de los depositantes, que lo depositan despreocupadamente porque están protegidos por un seguro obligatorio establecido por las autoridades, y por el otro controlado, como lo prueba la existencia de poderosos y vigilantes bancos centrales; por supuesto, no sólo esta vigilancia puede ser y es mal realizada, sino que además, si la banca no está institucionalmente restringida, se vale de su extraordinario e injustificado privilegio para expandirse ilimitadamente, tal como sucede en España. En todo caso, y aparte de las fundadas críticas que pueden lanzarse al sistema bancario, hay que subrayar que la idea de que los mercados ganan terreno puede haberse extendido, pero desde luego no en la moneda. Por doquier hay productos y servicios privados compitiendo en mercados con entradas relativamente libres. Pero en todo el mundo la moneda es un monopolio público, y la única cuestión que parece debatirse es cómo debe conducirse dicho monopolio: nadie discute su carácter monopólico ni su carácter público.

La intervención del Estado en la banca central ha ocasionado graves perjuicios, como por ejemplo la inflación, equivocadamente atribuida a los salarios y otros costes, cuando sólo se debe a los gobernantes, que han introducido en la economía una perturbación fundamental, algo parecido a lo que sucedería si el kilogramo o el metro cambiasen de peso o dimensión. La falta de conciencia sobre esta perturbación es lo que explica que se siga pensando que los mercados son los responsables de las crisis financieras, o que la culpa es de los "especuladores".

Algo parecido sucede con el desempleo. Se busca la intervención de los políticos para "resolver" el paro, cuando en realidad el paro es culpa de los propios políticos, por los costes y distorsiones que imponen sobre los mercados laborales y otros en términos de impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, legislación laboral, subsidios de desempleo, etc. Todo esto o bien produce abiertamente desempleo o bien empuja a los ciudadanos hacia la muy poco eficiente solución de la economía sumergida, pero no tiene nada que ver con el mercado libre.

Información incompleta

Ocurre asiduamente que en las transacciones del mercado la información no sea suficiente ni esté equitativamente repartida entre los agentes. Se habla, así, de información incompleta o asimétrica como otro fallo del mercado, y se la esgrime como justificación de la intervención política en el mismo. Se trata de un fallo genuino, que existiría incluso en el caso de una total ausencia de efectos externos o bienes públicos. Veamos dos ejemplos típicos: cuando un individuo va a comprar un coche de segunda mano o acude a la consulta de un médico, la información sobre lo que compra es muy escasa para él y está prácticamente monopolizada por los vendedores. Puede demostrarse teóricamente que el equilibrio competitivo en estos casos no es eficiente y el precio será mayor y la calidad menor que en condiciones abstractas óptimas.

Este argumento ha sido utilizado para significativas invasiones del Estado sobre los recursos de los ciudadanos, en el llamado Estado del Bienestar. Se alegó que en el caso de la salud, ésta debía ser estatal, porque las personas carecen de la información precisa para cuidarse adecuadamente. También se dijo que las pensiones debían ser manejadas por el Estado, porque la falta de información conduciría a la llamada "miopía de los ahorradores": la gente no prevé bien el futuro y no iba a ahorrar lo suficiente. Con este tipo de razonamiento unos bienes privados que estaban organizados libremente, en cooperativas y mutualidades y otras instituciones, fueron colectivizados por la fuerza.

En realidad, todos los mercados tienen problemas de información, y ella afecta a la virtual totalidad de nuestras transacciones. ¿Deberían ser por ello clausurados los mercados? Eso sería una locura. Es equivocado creer que la información es sólo un dato o un insumo del mercado; es fundamentalmente un producto del mismo, y el mercado crea información igual que crea recursos, que nunca están dados. El cumplimiento de las reglas y del Estado de Derecho es lo que garantiza que las informaciones asimétricas no den lugar a tramas masivas de explotación y fraude, sino todo lo contrario. El mercado resuelve la escasez informativa y no depreda debido a sus asimetrías.

La conclusión, pues, fue otra vez en extremo apresurada. Ni siquiera aunque fuera cierto que hay problemas insolubles de información asimétrica ello conduce necesariamente a unos sistemas públicos; por ejemplo, en Chile las pensiones son privadas, pero todos los chilenos están obligados a depositar en los fondos de pensiones al menos un 10 % de su salario todos los meses. Hay quien añade al obstáculo informativo otro fallo del mercado: los activos en que se invierte el dinero de los futuros pensionistas no son seguros. Pero para justificar la supresión del mercado en las pensiones habría que demostrar que la rentabilidad del dinero recaudado y administrado por el Estado es superior a la del dinero obtenido e invertido por los ciudadanos, y que las deficiencias informativas de éstos son superiores a las de aquél.

Ni la salud, ni las pensiones, ni la educación son bienes esencialmente públicos sino esencialmente privados y no son convincentes los argumentos que los intervencionistas han planteado para excluirlas del mercado total o parcialmente. Se ha recurrido entonces a la teoría de que son bienes "preferentes", es decir, en principio son privados pero el Estado debe intervenir en su mercado porque su producción tiene costes y beneficios sociales que no aconsejan su intercambio exclusivo a través del mercado. El caso inverso serían los bienes indeseables, como el tabaco o el alcohol o las drogas, que también requerirían por razones simétricas el control de su mercado. Pero si la definición de bienes públicos es ardua, la de bienes preferentes lo es quizá aún más, y de hecho ha amparado una vasta panoplia de intervenciones públicas de todo tipo; y además, como veremos, las intervenciones del Estado en la práctica están lejos de la eficacia y del criterio del bienestar general.

La perfección y otros dislates

El argumento a favor del mercado no requiere en absoluto que se trate de una entidad sublime y perfecta, habitada por seres angelicales y superdotados. Lo que ocurre es que sus adversarios lo suelen ver como un cruel mecanismo de explotación de los desfavorecidos, a los que la libertad petrificaría en una posición subordinada. Así, el Estado tiene que intervenir en los mercados para proteger a los débiles: los trabajadores, los consumidores, los inquilinos, etc. En la segunda parte de este ensayo explicaremos que esta intervención no es neutral, ni mucho menos lógicamente preferible a su ausencia.

Hay fallos del mercado, pero su solución no exige el recorte de la libertad: puede haber soluciones de mercado. Es el Estado el que provoca o agrava muchos fallos del mercado, que pueden ser resueltos mediante reglas o instituciones que den pie a una cooperación más eficaz. La idea de que hay que intervenir en los mercados porque éstos no son perfectos, como si algo humano lo fuera, no sólo es equivocada sino que la realidad es la contraria: la utilidad de los mercados deriva de la imperfección humana. No sabemos lo que va a pasar, y en verdad tampoco lo que pasa: nadie posee una visión cabal del proceso económico. El mercado no presupone ninguna sabiduría, pero en cambio sí retribuye las soluciones acertadas y anima la iniciativa individual y colectiva para abordar los problemas sociales.

Es interesante que los partidarios del mercado seamos considerados a veces como "fundamentalistas" y se atribuya al liberalismo una faceta religiosa. En la práctica, las religiones y el liberalismo han solido mantener una abierta hostilidad. Donde sí cabe detectar una vinculación entre el liberalismo y la religión no es en el fanatismo ni en la fe ciega en fuerzas mágicas celestiales, sino en la modestia y en la conciencia de nuestra falibilidad. En el mundo operan efectivamente manos invisibles, cuya lógica y alcance se nos escapan.

Esta confesión de ignorancia y deficiencia en la economía y las ciencias sociales, dada la complejidad y radical imprevisibilidad de la acción humana, se halla en total consonancia con lo que ha sido la evolución de las ciencias exactas durante el siglo XX. Podrá parecer llamativo, en esta época que tantos asombrosos adelantos científicos ha prodigado, pero lo cierto es que un gran salto de la ciencia contemporánea ha sido la demostración de la imposibilidad de la existencia de sistemas completos y cerrados, capaces de explicarlo todo; en cualquier sistema siempre habrá cosas que no se pueden demostrar dentro del mismo.

Esto vale para las matemáticas y la física, que en principio parecen lo menos vulnerable a esta clase de limitaciones. Una de las facetas de esta humildad demostrada, por así decirlo, es que no hay evidencia tajante de que el universo debió ser como es, y que las cosas en la naturaleza no pudieron pasar de otra manera. Si esto es cierto para las ciencias exactas y naturales ¿qué decir de la política, la economía, la sociedad?

Es posible que esta básica imperfección humana, junto al carácter contraintuitivo de los mercados, haya motivado el rechazo de la libertad económica a todos los niveles, destacadamente en el intelectual y el artístico: no hay artistas que canten al mercado, pero miles de ellos cantaron las alabanzas de su eliminación, que empobreció y tiranizó a media humanidad. Esta opinión llegó a imponerse también entre los economistas, en particular después de la crisis de 1929. Varias décadas y muchos fracasos después, en nuestro tiempo empieza lentamente a extenderse la duda sobre si el intervencionismo que explotó desde entonces fue una buena idea, o más bien potenció la inevitable debilidad humana.

Ahora bien, es un disparate pensar que la doctrina que apoya el mercado ha conquistado ya la victoria definitiva: el "fin de la historia" o el "pensamiento único" o la generalización de consignas hostiles a lo público y favorecedoras de lo privado. Ha habido sin duda reformas liberalizadoras, y el consenso liberal en varios campos, en especial entre los economistas, es mayor que antes, pero en la opinión pública y publicada prevalece aún la visión ingenua y primitiva del mercado, la aplicación de criterios de puro sentido común instintivo a una materia que es altamente compleja, y la distorsión que separa al mercado del liberalismo, lo acusa de un rudo economicismo y le niega sus fundamentales facetas morales. En la práctica, el gasto público no se ha reducido apreciablemente, a la vez que han proliferado nuevos campos para la intervención pública en los mercados. El miedo a la libertad económica no ha sido despejado, ni mucho menos.

En suma, el mercado ha sido restringido excesivamente y los argumentos esgrimidos para justificar la restricción no son tan poderosos como se pensó en un principio. Procederemos ahora a analizar esos argumentos desde la otra perspectiva, y comprobaremos que así como no es cierto que los fallos del mercado son tan clamorosos, los del Estado han sido con frecuencia mal interpretados, cuando no abiertamente ignorados.

Tomado de liberalismo.org