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El Estado arrinconado

EDUARDO BOWLES 

A lo mejor ya es tarde para tratar de imponer el orden y frenar el contrabando. La mejor prueba es lo sucedido en la localidad orureña de Sabaya, donde autoridades, pobladores y contrabandistas pusieron a prueba su alianza y consiguieron repeler con éxito la arremetida de la fuerza pública, que no logró decomisar los 150 camiones con valiosa mercadería ilegal que escondieron en los patios de las viviendas.

El gigantesco operativo comandado por la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya, no pudo hacer nada pese al despliegue policial y el apoyo aéreo.

El problema no es toda esa movilización ciudadana para proteger el contrabando; el país está lleno de estas comunidades que resguardan también el narcotráfico y a los ladrones de autos. Finalmente la pobreza muchas veces obliga a incurrir en estas actividades. La cuestión de fondo es que esas mercaderías pasaron la frontera con la venia y el apoyo institucional de autoridades oficialistas; recorrieron cientos de kilómetros dentro del territorio y pagaron una serie de “aranceles” en los retenes y puestos de control, a funcionarios del propio Gobierno que responden a movimientos sociales, a caudillos locales y a otras instancias ajenas al aparato estatal “oficial”.

Hace poco la misma Aduana les advirtió a los municipios de los valles cruceños que se abstengan de entregar permisos de circulación provisionales a los denominados “autos chutos”, operación que no es nueva y que funciona mejor en aquellas jurisdicciones bajo el control del oficialismo. En la mente de los alcaldes que toleran esas transgresiones existe el convencimiento de que “justamente para eso son gobierno” y “le meten nomás”. Se calcula que en este momento hay por lo menos 150 mil autos indocumentados ¿Por dónde entraron? Por los mismos pasos fronterizos que pasaron las miles de toneladas de ropa usada, cuyo mercado ha crecido hasta en un 600 por ciento, pese a que existe una ley específica que prohíbe esa actividad.

Durante años, algunos analistas y entendidos en política y sobre todo “geopolítica”, han estado advirtiendo del peligro de haber dejado el gobierno en manos de estos sindicatos, comunidades originarias, sectores sociales y otras formas de organización “paraestatal”, que literalmente se han loteado el país y ahora hacen valer su poder frente al Estado Plurinacional. Estas instancias, cuyo modelo a imitar es el Chapare, ahora reclaman el “derecho” de incurrir en la ilegalidad y también la libertad de sentar su propia soberanía. Los cooperativistas mineros ya lo hicieron y para ratificarlo, dieron muerte a un representante del “otro gobierno” que husmeaba en su territorio.

El proceso de cambio podría continuar apuntalando este sistema que ha llegado a sacralizar y seguir sacando rédito político de la tolerancia que aplica a sus sectores afines, pero lamentablemente, las corporaciones paralelas le están menguando de sobremanera su capacidad recaudadora, en circunstancias financieras muy difíciles, debido a la disminución de ingresos provenientes de la “economía formal”.

Insistimos, tal vez sea tarde para recuperar el terreno perdido en los campos legal, económico y ahora también... militar.

Tomado de eldia.com.bo

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