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La prescripción del delito

WILLIAM HERRERA

A propósito de la acusación contra Samuel Doria Medina por supuestos hechos ocurridos hace más de 20 años, existe la figura de la prescripción del delito que conlleva la extinción de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo que fija la ley. El tiempo de la prescripción dependerá de la gravedad y la naturaleza de cada delito en particular. El legislador establece los plazos como una manifestación concreta del ius puniendi, que tiene el Estado. Esta es una garantía para el imputado pues cuando se declara probada la prescripción del delito, lo libera de la persecución penal y para el Estado representa una sanción porque no puede continuar ejerciendo la acción penal que estaba obligado a promover.

La prescripción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción. Tiene como fundamento la seguridad jurídica, pues está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo imputado de que se le defina su situación jurídica, en las condiciones exigidas por la ley; supone una renuncia u olvido social del hecho delictivo.

En general la prescripción constituye una política criminal que adopta el Estado y tiene el propósito de declinar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. El tiempo establecido que tiene cada delito para ser investigado y sancionado es una decisión exclusiva del Estado, como parte del ius puniendi y una garantía para el imputado porque le permite resolver su situación jurídica dentro de un tiempo razonable. En realidad es una figura liberadora que se fundamenta no solo en el olvido del hecho delictivo, sino también en la desaparición de los elementos probatorios que supone el transcurso del tiempo.

El Código procesal (art. 29), en efecto, prevé que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

También existen otras prescripciones reglamentadas en leyes especiales, como la Ley N° 2033 de 29 de octubre de 1999 (Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual) que en su artículo 14, establece que “en los delitos de violación, abuso y explotación sexual, de los cuales las víctimas hayan sido personas menores de catorce años de edad, excepcionalmente, no prescribe la acción hasta cuatro años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad”. Sin embargo existen los delitos imprescriptibles que son los hechos calificados de lesa humanidad y ahora de corrupción, etc.

En contra de toda esta normativa y tradición jurídica, la Constitución boliviana (art. 112) y la Ley N° 004/2010, de 31 de marzo (art. 29 bis CPP), establecen que “los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.

La Ley Fundamental en vigor (art. 123), igualmente, introduce otro elemento que contrasta con los principios del Estado Constitucional de Derecho: la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto “para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado...”

El Tribunal Constitucional aclaró, no obstante, que la norma contenida en el artículo 123 de la Constitución no debe ser entendida en sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley, por lo que debe entenderse como una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, pues no resultaría lógica la interpretación del establecimiento de garantías a favor del propio poder público. En consecuencia, no se pueden sancionar retroactivamente conductas punibles porque está vedada por los Pactos y Convenios internacionales de Derechos Humanos, cuya aplicación rige a partir de la vigencia de la Ley.

En todo caso, con excepción de los delitos de corrupción, de lesa humanidad y crímenes de guerra (arts. 111-112 CPE), todos los demás delitos prescriben, cuyo término se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para el autor y los partícipes. Con la salvedad de los delitos imprescriptibles, el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en se cometió el delito o en que cesó su consumación (arts. 30-32 CPP).

*Jurista y autor de varios libros.

Tomado de eldeber.com.bo