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¿El fin de la impunidad?

EDUARDO BOWLES 

Los regímenes populistas que han estado gobernando la región en la última década lograron ir muy lejos en sus transformaciones y en su apropiación del pleno del poder republicano gracias a la impunidad.

Eso los llevó a convertirse en verdaderos modelos autocráticos que han comenzado a deteriorarse, como ha sucedido con todos aquellos sistemas políticos atropelladores de las leyes, las garantías constitucionales, las libertades y los derechos humanos.

La comunidad internacional se portó excesivamente complaciente con estos gobiernos porque en el fondo, existía el convencimiento de que había que aplicar cierto nivel de autoritarismo para hacer cambios estructurales en la región, especialmente en cuando a la inclusión social, ante la falta de eficacia del modelo democrático para combatir la pobreza.

Lamentablemente, los populistas fueron extremadamente eficientes para destruir el modelo democrático y servirse de él para reproducir el poder, pero sus logros en materia social han sido modestos, con el riesgo de retroceso pues los cambios aplicados carecen de sostenibilidad.

Justamente, las grandes vicisitudes que atraviesan los países que adscribieron a este esquema, desde Venezuela hasta la Argentina, no son más que facturas pendientes que se tienen que pagar indefectiblemente, tanto en el plano social, económico y político, como en el ámbito de la justicia.

Fue tal el poder que acumularon los gobernantes populistas y la influencia que consiguieron desplegar a nivel internacional, que no había forma de que las fuerzas democráticas y los defensores de los derechos humanos pudieran interceder para llamar la atención sobre los atropellos que se han venido cometiendo, los altos niveles de corrupción, las violaciones sistemáticas al ordenamiento legal y la persecución política que se ha desplegado en la región.

La impunidad de los regímenes permitió que se cometan excesos de todo tipo, incluyendo el encarcelamiento, la persecución y el asesinato de personas que cometieron el delito de disentir con el orden establecido. Sería largo de enumerar los hechos, pero basta con mencionar el caso Rózsa, en Bolivia, un hecho sangriento perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado que acabó con la vida de tres ciudadanos europeos, vinculados a un siniestro complot gubernamental.

Pese a todas las evidencias que demuestran que aquello no fue más que un montaje político y a que existe la confirmación de que la orden de disparar provino desde lo más alto de la cúpula del poder, es poco lo que se pudo hacer para desenmascarar a los responsables y llevarlos ante el banquillo de los acusados.

Nadie puede afirmar que las 71 muertes producidas en el accidente del avión de LaMia corresponden a un acto premeditado, pero no hay duda ese lamentable suceso es el resultado de un manejo doloso de las entidades, regulaciones y procedimientos en materia de aviación que llevaron a una degeneración total de las operaciones aéreas. Todo esto tiene responsables y perpetradores que deben dar cuenta de semejante tragedia y no se trata de buscar simples “chivos expiatorios”, como ha sucedido siempre y como se trata de hacer ahora, sino de identificar al origen de la cadena de errores. Alrededor de este hecho existen normas, instituciones, organismos y gobiernos extranjeros que seguirán de cerca la investigación y puede que haya llegado el fin de la impunidad.

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