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Sobre el proyecto de Reforma del Sistema Penal boliviano

CIRO AÑEZ

El día martes 13 de diciembre del año pasado, se realizó un acto en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde fue anunciado un proyecto de ley sobre la reforma al codigo penal bolivano. Sin embargo de que ningún asistente recibió un ejemplar para su lectura, entre los colegas abogados circula actualmente un proyecto ley que trae consigo varias novedades, a continuación señalamos algunas de ellas:

Se trata de un Código al estilo del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que unifica en un solo cuerpo normativo el Código Penal, Procedimiento Penal, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, llegando a contener más de 1100 artículos, que quizás tendrá sus dificultades al momento de realizar una adecuada y ágil fundamentación oral durante la litigación.

En lo concerniente al Código Penal, se intenta consolidar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien es cierto que desde el año 2010 en Bolivia ya existe tal situación pero lo hace de manera camuflada dado que apareció esta posibilidad con el delito de“enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado” previsto en la Ley 004 (más conocida como Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz) pese a que el actual Código Penal en vigencia en su art. 5 establece claramente que la ley penal únicamente se aplica contra personas naturales no así contra personas jurídicas.

La responsabilidad penal contra las personas jurídicas significa que se sanciona a la persona jurídica como tal, no solo a su representante legal o a su administrador de hecho; en otras palabras, conlleva la afectación del patrimonio de la empresa o la institución, esto es, el conjunto cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, pudiendo el Estado confiscar una parte importante de dicho patrimonio.

Por otro lado, este proyecto de ley, describe más detalladamente las causas de exclusión o exención de responsabilidad (Ej.: fuerza física irresistible, miedo insuperable, etc.), asimismo, es más específico en cuanto a dosimetría penal, y en lo que respecta a participación criminal agrega  determinadas categorías como la “persona determinadora”. En lo referido a penas privativas de libertad, además del presidio y la reclusión, agrega otras como por ejemplo: la detención de fines de semana, limitaciones de residencia, prohibición de residencia, etc.

En cuanto a los efectos derivados de la condena penal, llama poderosamente la atención que cuando describe el “decomiso o confiscación” sugiere que su aplicación podría ser inclusive sin que exista condena dado que lo deriva a una ley especial sobre extinción de dominio a favor del Estado, por lo tanto, no guarda relación con el principio de legalidad, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la propia Constitución. La confiscación podría verse desnaturalizada puesto que podría ser impuesta sin que concurra sanción penal en calidad de cosa juzgada, dando lugar a una atípica privación definitiva de un derecho de propiedad como consecuencia de una infracción administrativa de naturaleza presunta que surge de la probable comisión de algún delito.

En lo concerniente a los delitos o infracciones en particular, si bien empieza valorando a la humanidad y a la vida de las personas dado que inicia la parte especial con el genocidio, crimen contra la humanidad, etc., se pretende instituir dentro de los delitos de sustancias controladas al microtráfico otorgando penas bajas que oscilan entre 6 meses a un año.

Referente al procedimiento penal resulta bastante llamativo que dentro de los sujetos procesales en calidad de “parte” se coloca a la autoridad judicial, situación por demás inaudita, dado que un juzgador por el principio de imparcialidad no puede ser considerado al mismo tiempo como juez y parte.

En cuanto a las nulidades por defectos absolutos se coloca un plazo de tres días para solicitarlas, lo cual conllevaría que después de ese plazo dichos defectos queden totalmente convalidados sin importar lo muy vulnerativos de derechos y garantías constitucionales fuesen, degenerándose de esta manera la nulidad por defectos absolutos (las cuales nunca deben, ni pueden convalidarse) equiparándolas como si se tratasen de defectos relativos (las cuales obviamente sí pueden convalidarse) ocasionando un indebido proceso.

La estructura del proceso penal para delitos de acción pública en este proyecto ley se resume en dos etapas, a saber: investigación y juicio.

En la etapa de investigación se establece un plazo máximo de tres meses ampliable de forma excepcional a dos meses bajo determinadas circunstancias. Dicho plazo se computaría desde la denuncia hasta que la persona quede a disposición del juez para que se lleve a cabo la Audiencia Inicial; mientras que la etapa de Juicio, comienza desde que el Tribunal de Sentencia recibe el Auto de la Audiencia Inicial hasta la sentencia.

De allí que emerge una serie de interrogantes: ¿cuáles son los criterios para establecer tres meses como plazo máximo de investigación siendo que en la práctica existen casos complejos que duran más de seis meses?, ¿será que en tres meses se podrá obtener los elementos necesario para probar la existencia de algún delito siendo que el Instituto de Investigaciones Forenses hasta ahora no termina de consolidarse de manera completa e integral en todo el país?.


En este proyecto de ley no existe la diferenciación entre imputación formal y acusación, directamente se pretende ir a una acusación o a un sobreseimiento (absolución anticipada) y las medidas cautelares se podrían solicitar en aquella audiencia inicial para luego dar paso al juicio, conservando el Ministerio Público aquel monopolio de la acusación y el sobreseimiento sin que exista ningún control jurisdiccional al respecto.

Durante la entrevista del medio radial, se me preguntó si todo ello implicaría un cambio o una limpieza a la justicia boliviana, a lo cual es bueno recordar que solo se trata de una reforma legislativa enmarcado en aspectos textuales normativos, que si bien condicionan determinadas conductas humanas externas sin embargo jamás serán determinantes para un verdadero cambio, ya que toda verdadera transformación no es externa sino interna. Todo cambio externo (de fachada) es simple reforma mientras que el cambio interno es verdaderamente capaz de producir transformación.

Para que existan buenos e idóneos jueces, fiscales, policías y abogados donde prime la ética profesional y la moralidad, no solo se trata de una adecuada formación profesional (la cual sin duda alguna es también importante) sino que primordialmente debemos entender que la limpieza empieza desde uno mismo, es decir de adentro hacia afuera. Debemos cambiar aquella mentalidad de angurria al dinero, quitar aquel chip mental que hemos venido a este mundo únicamente a hacer dinero, acumularlo, gastarlo y luego morir.

La administración de justicia en nuestro país dará muestras de cambio cuando desde ella misma emane de manera sólida la seguridad jurídica, independencia judicial, probidad, etc. Una buena señal de esto para la región sudamericana es la justicia brasilera, que se encuentra actualmente procesando por hechos de corrupción a gente sin importar si éstos son poderosos empresarios o políticos.

Las instituciones que son vitales para un Estado de Derecho, no deben degenerarse ni convertirse en botín del lumpen burocrático; por lo tanto, el verdadero cambio es a través de una regeneración no es por el sendero de las continuas y constantes reformas cuyo fruto es mayor incertidumbre jurídica.

Finalmente, teniendo en cuenta que en nuestro país aún existe una fuerte voluntad por seguir transitando por el carril de la reforma, al menos se debiera garantizar el derecho de acceso a la información, esto es, que los servidores y empleados públicos den a conocer abiertamente aquellos proyectos de ley de manera oficial que involucran y/o afectan a toda persona tanto habitante como visitante en este país, como lo es en este caso el proyecto de ley del sistema penal, para que profesionales e instituciones (llámese Colegios de Abogados, Universidades, etc.), puedan analizarlo y que se les permita manifestar sus opiniones especializadas y fundamentadas en pro de una reforma basada en el sentido común, los principios y valores de un Estado democrático y social de Derecho con el debido apego a las Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Sao Paulo, Brasil. 8 de enero de 2017.

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