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Otro crimen del centralismo

EDUARDO BOWLES

El centralismo boliviano, que maneja más del 80 por ciento de los recursos financieros del país, acaba de anotarse otro punto más en contra de los 339 municipios, que junto a nueve gobernaciones y nueve universidades públicas comparten el restante 20 por ciento del presupuesto nacional.

Se trata del anuncio de un proyecto de ley que obliga a las alcaldías a pagar un bono mensual de 250 bolivianos a alrededor de 40 personas con discapacidad grave y muy grave, quienes continúan demandando al Gobierno el pago de un subsidio, atribución que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, corresponde a la instancia nacional.

La determinación no solo es un abuso del centralismo, un atropello a las leyes, sino también una burla, pues más de un tercio de los municipios no está en condiciones económicas de afrontar esta responsabilidad debido a la estrepitosa caída de los ingresos, provenientes en su mayor parte de la coparticipación tributaria, especialmente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

En la mayoría de los casos, el vaciamiento de los fondos municipales alcanza el 30 por ciento y casi todos afrontan fuertes endeudamientos ocasionados justamente porque fueron obligados a asumir las obras del programa “Evo Cumple” que aportaba apenas una parte de las inversiones y el resto lo asumían las alcaldías, que ni siquiera tenían la opción de priorizar los proyectos y menos aún rechazarlos. Obviamente, el impacto social y económico en las poblaciones “beneficiadas” ha sido casi nulo, pues sigue pendiente el progreso en materia de servicios e infraestructura básicos.

Durante los últimos años, además, el centralismo ha estado sobrecargando a los gobiernos departamentales y locales, con una porción de sus obligaciones en materia de salud y educación, exigiendo el pago de salarios, la inversión en hospitales, escuelas y equipamiento. El colmo de todo es haberle agregado a ambas instancias subnacionales un fuerte gasto en seguridad ciudadana, pese a que la Policía obedece a las prioridades del Gobierno central, que no precisamente pasan por brindar protección a los vecinos. Un párrafo aparte merece el descuento del 12 por ciento que ejecuta el régimen sobre el IDH para la inversión en hidrocarburos, que no es otra cosa que meterle la mano al bolsillo a la gente para darle el dinero a las empresas petroleras.

No cabe duda que con esta novedad centralista, que representa un recorte de 119 millones de bolivianos en las arcas municipales, se reducen las posibilidades del desarrollo en el país, pues todos saben muy bien que los mayores impulsores de la prosperidad de los ciudadanos son los gobiernos locales, a los que se debiera fortalecer en lugar de debilitar como lo hace un régimen, que busca quedarse siempre con el pedazo más grande para derrochar y reproducir el poder como fin en sí mismo. Cometer este despropósito en tiempo de crisis, con el fin de quedarse con la parte más grande para construir museos y otras moles, es un crimen contra el bien común.

Tomado de eldia.com.bo

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