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Gobierno cocalero

EDUARDO BOWLES

No se sabe qué es peor. Haber incrementado la coca legal al triple de lo necesario o haber dejado una decisión crucial para el Estado y el futuro del país en manos de dos sindicatos directamente interesados en el tema y a los que les importa un bledo las consecuencias que pueda acarrear semejante determinación.

Y es obvio que el Gobierno tampoco tiene conciencia de las secuelas que se vienen con este aumento, que pasa por alto las leyes, los convenios internacionales, las instituciones responsables de controlar el narcotráfico y por supuesto, la realidad, respaldada por un estudio que indica que el consumo tradicional de coca no da para más de siete mil hectáreas, mientras que se están legalizando 22 mil.
Por un momento se pensó que la reacción de los cocaleros de los Yungas, que defendían la legitimidad de sus cultivos y criticaban el uso ilícito de la coca del Chapare, serviría para frenar ciertos apetitos insaciables y actitudes insanas, pero el remedio resultó peor que la enfermedad.

El Gobierno, que responde a pie juntillas a las federaciones de productores de coca del trópico cochabambino, no solo se ha salido con la suya, sino que ha sobrepasado con creces las 20 mil hectáreas que había planteado al principio, con una ganancia extra para los chapareños y yungueños, además de incorporar al circuito legal, zonas no tradicionales y proscritas hasta ahora: hablamos del Chapare y de cultivos ubicados al norte de La Paz. En resumen, todo un desgobierno, una verdadera subasta del estado de derecho.

En este contexto, no resultan extrañas las demandas que todavía siguen planteando los mineros cooperativistas, que llegaron a matar a un alto funcionario del Gobierno en su intento por ser excluidos del ordenamiento legal y gozar de una suerte de “paraíso” que les permita hacer y deshacer de los recursos naturales.

Con el antecedente de los cocaleros, los contrabandistas, los “chuteros”, los que toman tierras y todo el circuito de la economía ilegal que durante los últimos 11 años ha tenido protección política, ahora tendrán la oportunidad de dar el paso a la legalidad. ¿Qué dirán los cocaleros que tienen cultivos en Yapacaní, en algunas zonas del Beni, los que siembran coca en los parques y las selvas del norte paceño? ¿Reclamarán también su parte en este “reino del revés”?

Siempre ha sido una deuda pendiente para el país, la construcción de un sistema institucional, un modelo estatal que nos permita edificar un horizonte de prosperidad y estabilidad. En los últimos años, lamentablemente, se ha vivido un proceso inverso de desintegración del esquema republicano para dar paso a una organización muy primitiva, casi medieval, en la que el bien común es reemplazado por la fuerza de los feudos que hacen valer su hegemonía a cualquier costo.

Tomado de eldia.com.bo

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