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Robo legalizado

JAVIER PAZ 

La potestad que se atribuye el Estado para determinar incrementos salariales en el sector privado es un atropello y un robo, y convierte al Gobierno en un usurpador. Alguien podrá objetar que calificar así al Estado es una hipérbole, una exageración e incluso un exabrupto. Para justificarme recurro al diccionario: el robo es un “delito cometido contra la propiedad privada por el que toma con violencia lo que no le pertenece” y ladrón es quien “hurta o roba”. Dado que el Estado dispone de lo que no le pertenece y lo hace por la fuerza (el incremento salarial no es voluntario), entonces estamos ante un robo en todo el significado de la palabra.  

El gobierno tiene el derecho y la obligación de determinar incrementos salariales para los trabajadores públicos y nada más. Los trabajadores, de manera independiente o en asociaciones y sindicatos, tienen el derecho de negociar aumentos salariales con sus empleadores, como también tienen el derecho de renunciar a sus trabajos si no están de acuerdo con las condiciones laborales, entre ellas su salario. Pero el Gobierno y los sindicatos no tienen derecho a decidir qué hacer con la plata de otros.

Por supuesto que lo hacen y es legal, como han sido legales muchos atropellos y hasta genocidios, pero sigue siendo una violación de los derechos a la propiedad privada, a la libre y voluntaria asociación, a los contratos entre empleados y empleadores y atenta contra las empresas y contra los emprendedores.

Los dirigentes de los gremios empresariales no tienen una posición tan radical como la anteriormente expuesta y piden ser parte de la negociación para tratar que la violación no sea tan dolorosa.

Desde un punto de vista práctico, y de corto plazo, tienen razón en actuar así porque no sacan nada con defender principios: mejor es negociar y paliar el batacazo. A largo plazo no estoy seguro de que lo que hacen sea lo correcto, ya que le dan legitimidad a una práctica ilegítima y usurpadora, que además es contraproducente contra la economía y contra los mismos trabajadores.

Cuando un grupo de ladrones planea robar una casa, lo hace cuando no están los dueños. Cuando la Central Obrera Boliviana y el Gobierno se reúnen para decidir el incremento salarial, actúan como ladrones planificando un robo; es perfectamente entendible que no quieran que estén los empresarios para decidir cuánta plata quitarles.

Tomado de eldeber.com.bo


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