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Desorientadas políticas de empleo

PAGINA SIETE EDITORIAL

Es curiosa la manera de actuar del Gobierno con respecto al empleo: primero toma decisiones que afectan el trabajo formal y productivo, y luego presenta un plan para generar empleo no sustentable, que tiene algunas medidas paliativas pero que no va al fondo del problema: una cada vez más precaria situación del empleo formal en Bolivia.

Recapitulando: en más de una década se ha autorizado desmedidos aumentos al salario mínimo y al salario básico, además de autorizar el pago de segundos aguinaldos, incrementar gravemente los costos sociales a los empleadores y, finalmente, cuasi impedir el despido de funcionarios... Una situación inédita en cualquier país que tenga una economía normal.

Ante esa situación, como se viene advirtiendo desde hace años en este espacio y mediante la opinión de especialistas, el empleo formal en Bolivia está en uno de sus momentos de mayor caída.

Como es tan fuerte la carga laboral, los empresarios o dejan de contratar y de invertir o, en algunos casos, prefieren la informalidad, puesto que allí no deben asumir ninguna de las responsabilidades crecientes que se les impone, so pretexto de garantizar mejores condiciones a los trabajadores. Con ello, se estima que sólo entre el 20 y el 30% de los trabajadores son formales, con sus derechos protegidos, mientras entre el 70 y el 80% laburan de manera precaria, sin salarios fijos, en jornadas excesivas y sin protección alguna.

Con excepción de Haití, Bolivia es el país que tiene una mayor economía informal en la región; además, de paradójicamente contar con un riguroso sistema impositivo, que hace que los tributos que pagan los empleados y las empresas formales sean excesivos, mientras otros sectores permanecen al margen de las obligaciones tributarias.

Justamente la falta de equilibrio en lo que se da y se exige a determinados sectores y gremios de la población hace que el tema del empleo formal sea tan crítico en estos tiempos en el país.

Como se ha informado en repetidas ocasiones, mientras la administración pública engrosa filas, la empresa privada disminuye planillas o se resiste a diversificar o aumentar fuentes de empleo digno y formal.

Las mujeres y los jóvenes resultan ser los más vulnerables ante la cada vez más difícil incorporación al mercado de trabajo y ante las condiciones inequitativas con que ingresan a éste cuando lo logran.

No es casual, por ello, que dentro del Plan de Empleo Urgente que presentó el Gobierno la semana pasada, con el fin de mejorar las condiciones de empleo afectadas con sus medidas de incremento de inicios de mes, se haya decidido asumir de forma temporal el pago de aportes a las AFP y a la Caja de Salud de los jóvenes profesionales que sean contratados por empresas privadas. El denominado "Mecanismo de fomento al empleo de jóvenes” significará un alivio a la carga financiera de los empleadores privados y podrá estimular contrataciones.

Aunque la decisión de aportar a que cientos de jóvenes accedan a una fuente de empleo es una medida acertada, el resto de las medidas propuestas como paliativo no son demasiado alentadoras, pues solo se orientan a la generación de trabajo improductivo, es decir creado artificialmente. Por ejemplo, el presidente Morales anunció trabajos de enlosetado de calles y otros, financiados por un fondo de 146 millones de dólares. Ese modelo se suele usar en momentos de verdadera crisis, como la que enfrentó el Fondo Social de Emergencia, que se creó en el país en 1986 cuando salía de una hiperinflación del 24.000% anual, una devaluación enorme del peso boliviano y una grave recesión económica. Hacerlo ahora, como lo hace el Gobierno, después de una década de auge económico, demuestra cierta desorientación en las políticas.

Lo importante, empero, es que el Gobierno dé las señales que se resistió a dar en el pasado: asumir que necesita invertir en políticas de empleo formal y que los aumentos salariales no son más que una burbuja que no guarda relación con mejores condiciones de los trabajadore

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