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Sin un gobierno limitado, el sistema es corrupto por definición

ROBERTO CACHANOSKY

Sin explicar su relación o no relación con Vandenbroele, además de embestir contra todos, el vicepresidente Boudou insistió, en varias oportunidades de su largo monólogo, que estaba orgulloso de pertenecer a un gobierno que había ganado con el apoyo del pueblo, como si obtener una mayoría circunstancial diera lugar a que aquellos ciudadanos electos para ocupar cargos en la función pública pudieran hacer lo que quieren una vez en el poder.

El argumento del gobierno para defender sus posiciones no es que se somete a un estado de derecho y defiende sus acciones dentro del estado de derecho, sino que su argumento es que tienen la mayoría de los votos. No tengo idea si la insistencia de Boudou de argumentar que pertenece a un gobierno que ganó las elecciones es una advertencia para el resto de que si él cae se lleva puesto a varios más, o si es su convicción que los votos dan derecho a no ajustarse al estado de derecho. Lo cierto es que el kirchnerismo siempre saca a relucir este tema.

En algún momento Cristina Fernández también sostuvo que si a alguien no le gustaba las medidas que ella tomaba, que formara un partido político y ganara las elecciones. En una democracia republicana ese no es el argumento para defender una medida. El argumento es demostrar si una medida determinada se ajusta a lo que un gobierno puede hacer dentro de una democracia republicana.

Justamente, un gobierno no ajustado a derecho es el caldo de cultivo para que la corrupción florezca por doquier. Para ir directo al punto, el problema de la Argentina es que tiene una organización política corrupta. Es decir, más allá de si Boudou utilizó su cargo para beneficiar a otros o a él con el tráfico de influencias, lo concreto es que dada la ausencia de un límite al poder del Estado, el tráfico de influencias y la correspondiente corrupción no tienen diques de contención. Y me animaría a afirmar que un gobierno que no tiene límites republicanos, es un gobierno que por definición llega al poder mediante un mecanismo corrupto. Intentaré explicar mi punto.

Muchos argentinos nos levantamos todas las mañanas para tratar de ganarnos el favor del consumidor. Generamos nuestros ingresos haciendo algo que beneficia a nuestros semejantes y por eso nos compran lo que hacemos. Esa parte de los argentinos somos los que generamos la riqueza. Pero luego viene el Estado y nos quita buena parte de nuestro esfuerzo diario para repartirlo entre quienes no han generado riqueza y consideran que se sienten con derecho a ser mantenidos o a ser protegidos en sus negocios por el Estado. Digamos que bajo este esquema la sociedad está dividida entre quienes producen riqueza y quienes, sin hacer nada, consumen la riqueza que generan otros.

En el mercado de oferta electoral siempre van a ganar, en el corto plazo, aquellos que le ofrezcan a una mayoría vivir a costa de una minoría. Para poder concretar esa oferta electoral el Estado tiene que violar el estado de derecho y expropiar mediante impuestos, regulaciones, inflación e intervenciones de todo tipo la riqueza que genera el sector productivo de la sociedad. Justamente, esa ausencia de límites al poder del Estado es lo que permite abrir las puertas de par en par al tráfico de influencias, manejos arbitrarios de los dineros públicos y compra de voluntades. Obtener una mayoría circunstancial mediante este sistema es, desde mi punto de vista, un gobierno corrupto desde sus mismas raíces, porque “compra” votos de la mayoría violando los derechos de la minoría. Poco importa si luego la gente, al ver que el populismo no puede financiar más la fiesta de consumo, le da la espalda al gobierno y sale con sus cacerolas a la calle. Lo concreto es que, mientras tanto, quienes acceden al poder de esta manera hacen de la arbitrariedad y, por lo tanto de la corrupción, su forma de gobierno.

Los países en que no existe el estado de derecho, y el manejo de la cosa pública se limita a cumplir con los caprichos del gobernante de turno, son países estructuralmente corruptos. Como yo, funcionario público, tengo el poder, que me dio una mayoría circunstancial, de definir a quién le quito y a quién le doy, estoy en una posición de traficar influencias por definición porque siempre voy a utilizar ese poder para beneficio político y/o económico propio.

El discurso ideológico es solo una forma de atraer el voto de la gente. Una escenografía para justificar lo injustificable en donde los argumentos van para un lado u otro sin ningún pudor. Tomemos el caso del peronismo. En un momento vieron en las privatizaciones un negocio personal fenomenal. La eficiencia de las privatizaciones poco importaba, lo relevante eran los negociados que podía haber detrás de ellas. Ese mismo partido político fue estatista en los 40 y en la actualidad. Con esto quiero decir que para el peronismo (con perdón de mis amigos peronistas), una típica expresión del populismo, estatizar o privatizar puede resultarle indiferente desde el punto de vista ideológico. Por citar un ejemplo concreto, en un momento privatizar el sistema jubilatorio era lo mejor que había sobre la tierra. Luego, ese mismo partido político ve en la estatización la mejor solución a los problemas. Perón estatizó las cajas jubilatorias en los 40, Menem las privatizó en los 90 y el kirchnerismo las volvió a estatizar en este siglo, de la misma forma que el kirchnerismo estuvo a favor de las privatizaciones en los 90 y ahora está a favor de la estatización.

Claro que uno no puede cargar las tintas solo sobre el peronismo, porque buena parte de los partidos políticos votaron a favor de la estatización de las jubilaciones, con lo cual podemos encontrar la llave a nuestra larga y constante decadencia. La mayoría de los partidos políticos, no digo todos, consideran que el gobierno puede definir arbitrariamente sobre la vida y la fortuna de los habitantes, con lo cual tenemos un sistema corrupto porque la ausencia de límites al poder permite todo tipo de tráfico de influencias, venta de favores, negociados, coimas para firmar un decreto, autorización para aumentar un precio, ingresar una mercadería importada u otorgar alguno de los llamados planes sociales. La firma de “el supremo” tiene un precio, de la misma forma que tener acceso a “el supremo” también tiene un precio, porque “el supremo” decide quién gana y quién pierde. Pagar para estar del lado de los ganadores es un negocio, por eso insisto en que el sistema político es corrupto por definición cuando no existe un gobierno limitado por el cual el monopolio de la fuerza solo puede ser utilizado para defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los habitantes.

Si miramos la Argentina actual vemos que el derecho a la vida no está garantizado por el Estado. Basta con leer los diarios todos los días para ver que el Estado no cumple, al menos eficientemente, con su función básica. El derecho a la libertad empieza a ser cuestionado al punto que el secretario de Cultura (como si la cultura de un país fuera hija de la burocracia) acaba de afirmar que el Estado tiene que tener soberanía cultural para decidir qué se debe editar. Es decir, “el supremo” decide por nosotros qué podemos leer y qué no podemos leer. Si eso no es fascismo, ¿el fascismo dónde está? Y, por último, la propiedad es la que no solo menos defiende el Estado, sino lo que más ataca.

De lo anterior se desprende que, lejos de cumplir con las funciones que le corresponde, el Estado se ha transformado en un sistema corrupto que, utilizando el monopolio de la fuerza a su antojo, utiliza el ejercicio de la función pública en un fenomenal tráfico de influencias y corrupción. El poder es un negocio. Así como en la sociedad está el panadero que se gana la vida vendiendo pan, el zapatero que vende zapatos, también está el populista cuya forma de ganarse la vida consiste en llegar al poder para hacer sus negocios personales mediante el tráfico de influencias gracias a la idea que la mayoría circunstancial otorga derechos autocráticos para gobernar. Por eso despotrican contra la libertad económica y se mofan del gobierno limitado. Porque bajo un sistema de libertad económica y gobierno limitado no hay influencias para traficar porque el gobernante no puede decidir arbitrariamente quién gana y quién pierde.

En síntesis, la mayor debilidad de Boudou está, justamente, en utilizar el argumento del voto de la mayoría y reivindicar la posibilidad de que el Estado no esté subordinado al estado de derecho. Su mayor debilidad está en defender y formar parte de un sistema político, y recalco sistema y no partido político, que es corrupto por definición.

Tomado de eldiarioexterior.com


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