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Acción de Inconstitucionalidad para habilitar la reelección indefinida

JOSÉ ANTONIO RIVERA

Según se registra en la prensa, los jefes de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) han presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, impugnando los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, cuyas normas, que tienen su base en los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución, prevén que el Presidente y Vicepresidente del Estado, los gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales tienen un período de mandato de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Piden al Tribunal Constitucional Plurinacional declare la inconstitucionalidad de los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026, y determine la inaplicabilidad de los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución.

Argumentan que la limitación de la reelección viola el derecho político de los ciudadanos a ser elegidos por más de dos períodos de manera continua, y constituye un trato discriminatorio; por lo que, consideran que las normas impugnadas infringen los arts. 1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los arts. 26 y 28 de la Constitución (CADH).

Desde el ámbito jurídico constitucional, la Acción planteada carece de consistencia por las siguientes razones:

En primer lugar, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene por misión custodiar y defender la Constitución contra las leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, reglamentos, resoluciones, acciones y decisiones de las autoridades públicas; en ese cometido, conformelo previsto por el art. 201.1 de la Constitución, a través de la Acción de Inconstitucionalidad, somete a juicio de constitucionalidad las disposiciones legales y reglamentarias contrastando con las normas de la Constitución, para anular aquellas que sean contrarias a estas últimas; pero no tiene competencia alguna para declarar la inaplicabilidad de las normas de la Constitución; ya que ello supondría desarrollar una acción contraria a su misión, ya que en vez de garantizar la plena vigencia de la Ley Fundamental del estado la estaría haciendo ineficaz.

En segundo lugar, si bien es cierto que, por previsión del art. 26 de la Constitución y el art. 23 de la CADH, toda persona tiene derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto; no es menos cierto que el ejercicio de ese derecho no es absoluto e irrestricto, como todo otro derecho humano y fundamental es susceptible de limitaciones y restricciones; pues por previsión expresa del art. 32.2) de la CADH y art. 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”; lo que significa el Estado está legitimado para imponer limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos humanos y fundamentales.

Es en el marco de la norma convencional referida que el Poder Constituyente boliviano ha establecido una restricción constitucional al ejercicio del derecho político a ejercer los cargos electivos, limitando la reelección continua; de manera que las normas previstas por los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución no violan el derecho político como erróneamente se arguye en la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta; y esa limitación establecida por las normas constitucionales, desarrolladas por las normas de la Ley Nº 026, tiene por finalidad: a) armonizar el ejercicio del derecho político de los ciudadanos que acceden a los cargos electivos con los derechos de las demás personas que legítimamente aspiran a acceder a los cargos electivos; b) resguardar el bien común y el régimen democrático, ya que la democracia representativa tiene como uno de sus pilares la alternancia en el ejercicio del poder político; y c) resguardar los principios de la separación de funciones y de los pesos y contrapesos, así como los sistemas de control y fiscalización, sobre los que se configura el ejercicio del poder político del Estado.

El razonamiento expuesto en la mencionada acción es incoherente con un sistema constitucional; pues bajo el entendimiento que exponen el art. 57 de la Constitución, al prever la expropiación de una propiedad privada, sería también violaría el derecho a la propiedad privada consagrado por el art. 21 de la CADH; o el art. 23.I de la Constitución, al permitir la restricción de la libertad personal estaría violando el derecho a la libertad física o personal consagrado por el art. 7 de la CADH.

En definitiva, no es cierto que el art. 23 de la CADH consagre el derecho a la reelección indefinida de quienes ejercen un cargo público electivo, y tampoco es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese definido que la limitación a la reelección viola el derecho político a ser elector o elegible. Cabe advertir que las citas de la jurisprudencia establecida por la CIDH son incorrectas, ya que los supuestos fácticos resueltos por las sentencias en las que se han establecido las jurisprudencias citadas no tienen analogía con el supuesto fáctico que motiva la Acción de Inconstitucionalidad planteada, además que en ninguna de esas sentencias la CIDH ha definido que la limitación a la reelección constituya un acto de violación de derecho político consagrado por el art. 23 de la CADH; pues ninguno de los casos resueltos tenían como problemática la limitación de la reelección de Presidente y Vicepresidente; así el caso Castañeda vs México, se trata del rechazo a la inscripción de la candidatura a la Presidencia que realizó el ciudadano Castañeda directamente sin un partido político, como exige la legislación mexicana, y la Acción de Amparo Constitucional planteado impugnando esa negativa fue declarada improcedente; el caso Yatama vs Nicaragua, se trata de la negativa de inscribir la candidatura a Alcaldes Municipales presentada por los pueblos indígenas; y el caso Argüelles vs Argentina, se trata de inhabilitación permanente para cargos electivos impuesta a un grupo de militares por la Justicia Penal Militar.

Como se podrá advertir, la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada no persigue el respeto y resguardo de los derechos humanos, menos la preferente aplicación de los tratados y convenciones internacionales como sostienen los accionantes; su única finalidad es la anulación de toda restricción o limitación constitucional a la reelección para perpetuar en el poder a quienes coyunturalmente lo ejercen, burlando la voluntad soberana del pueblo, que el 25 de enero de 2009 refrendó la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, en la que se consignó esa limitación constitucional, y la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016, que rechazó la reforma constitucional que pretendía incluir en la Constitución la permisión de dos reelecciones consecutivas y continuas. Cabe advertir que, pues si el Tribunal Constitucional Plurinacional da curso a la Acción se implantará la reelección indefinida, causando una herida de muerte al régimen democrático.

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