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La locura catalana

cataluaJULIO MARÍA SANGUINETTI

Cataluña es parte de España hace 500 años. Con anterioridad no había sido reino, como sí lo habían sido otras regiones, y en aquel 1492 en que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón acordaron la unidad de España, pertenecía precisamente al reino de Aragón.

No estamos entonces ante una anexión ni un sometimiento a España. Cataluña era Aragón, y como tal pasó a ser parte de ese nuevo Estado.

Los independentistas no niegan este hecho, pero se abrazan al conflicto que se planteó en 1700, cuando murió el último rey Habsburgo y se desató una fuerte pulseada de hegemonías entre las potencias monárquicas. Luis XIV de Francia invocaba los derechos dinásticos de los Borbones a favor de su nieto, que sería luego Felipe V, mientras el Imperio austríaco proclamaba al archiduque Carlos III como heredero legítimo. La causa austriaca era apoyada por Inglaterra y Holanda, que veían por ese camino una mejor oportunidad para el desarrollo del comercio, temerosos de la fuerte potencia francesa. Barcelona pareció inclinarse primero por los Borbones, pero luego se cambió de bando y eso llevó a un enfrentamiento militar en que aquellos resultaron vencedores. Está claro que era una lucha entre monarquías imperiales y cuesta creer que la defensa de un príncipe austríaco fuera la expresión de una independencia catalana.

Por cierto, el independentismo catalán no es nuevo. Especialmente desde 2006, en que la autonomía se dictó un estatut, que luego en parte declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, recrudeciendo el discurso soberanista de proclamar un república independiente.

El hecho es que Cataluña, adentro de España, creció y prosperó, al punto de que en torno al 900 organizó dos enormes exposiciones universales en 1888 y 1929. La burguesía industrial impulsó esos acontecimientos y financió una inédita e imaginativa expansión urbanística, con la notable arquitectura de Gaudí, Domenech y Montaner y Puig y Cadafalch. Esa expansión tuvo que enfrentar, sin embargo, un radicalismo político muy fuerte, de raíz anarquista, en que los atentados a gobernantes menudeaban. Fue por esos años en que comenzó la prédica nacionalista que llega hasta nuestros días.

Los tiempos de Franco fueron muy duros para ese sentimiento de catalanidad. La dictadura les restringía el uso de su idioma, cortaba todo brote autonomista, aunque apoyaba con vigor la expansión industrial. A ella se añadía una fuerte actividad cultural, que hacía de Barcelona la ventana europea de un país que estaba desgajado de su América y aun de Europa. Los nuevos tiempos democráticos abrieron otros horizontes y la Constitución de 1978 no sólo estableció una monarquía constitucional sino que aseguró la unidad de España con el reconocimiento al "derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran". Ese fue el gran pacto, consagrado por un referéndum, en que Cataluña votó a favor con el 91% de los sufragios.

Bajo esa Constitución, España y Cataluña han vivido los mejores tiempos de su historia, en cuanto a libertades y desarrollo. ¿Cómo puede entonces atropellarse ese gran código político, que no prevé ninguna secesión, para lanzarse a dividir el país de un modo pasional? Hoy por hoy no solamente España se siente ofendida con Cataluña sino que esta aparece dividida por sentimientos muy fuertes.

Durante años se ha cultivado la idea de que Cataluña estaba expoliada por el resto de España para solventar las regiones más pobres y menos productivas. Eso no es así, porque Cataluña no aporta más que Madrid en ese empeño solidario que todos han compartido para vivir en un país más justo. Imaginar que la independencia les dará un mejor vivir a los catalanes es tan absurdo como que perderán el mercado europeo a donde hoy entran sin aranceles, no tendrían reconocimiento internacional, provocarán, como ya se está viendo, el éxodo de empresas, la imposibilidad de la banca de continuar sin el respaldo del Banco Central y del Banco Europeo, y se alejarían de una España que también es para ellos una importante fuente de negocios.

El rey ha fijado un límite. No se resignará a ser el monarca de la división y de eso deberían tomar nota los irresponsables que han lanzado este golpe de Estado institucional, alzándose contra las claras decisiones de todos los tribunales, que establecen la ilegalidad absoluta de esos procedimientos unilaterales. El martes se esperaba la declaración pomposa de la independencia, pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha superado todos los récords de la ambigüedad al decir que asume el referéndum ilegal como un mandato para construir una república independiente, pero que ella queda en suspenso. O sea que suspende lo que no declaró, aunque subraya la validez de esa votación nula según la Justicia. Ahora está entre la espada y la pared: de un lado, tienen a todos los radicales que apoyan la independencia y que hoy están decepcionados, y del otro, un gobierno que le intima que aclare si declaró o no la independencia y que si sigue adelante, le va a intervenir al amparo de la Constitución.

Es un dilema de hierro. El Gobierno no puede aceptar el diálogo que pide la Generalitat mientras siga diciendo que la decisión es la independencia, porque entonces, ¿de qué diálogo se hablaría? A su vez, si interviene las autoridades de la autonomía, tendrá que usar la fuerza pública, con todos los inconvenientes que ya se vieron el día del referéndum.

La verdad es que dividir a esta exitosa España pos franquista es un crimen. En buena parte ya consumado porque el resentimiento está instalado en todo el país y en Cataluña misma. En algún momento habrá un diálogo y probablemente una reforma constitucional que redefina las autonomías, pero ello es demasiado lógico para estos energúmenos que se han lanzado al espacio sin paracaídas.

Abogado, Historiador y Escritor. Fue dos veces presidente de Uruguay.

Tomado de infobae.com 

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