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La falsa apertura política del acuerdo Santos-FARC, y otras razones para no votar por De La Calle

DANIEL RAISBECK

Una de las peores estafas que contenía el acuerdo Santos-FARC fue la promesa de que el pacto entre el actual Gobierno y la guerrilla no solo otorgaría unos privilegios políticos obscenos para los hombres de Timochenko, actual candidato a la presidencia pese a sus crímenes de lesa humanidad, sino que también traía consigo una “apertura política” general que beneficiaría a nuevos movimientos y partidos pequeños sin importar su ideología.

Desde el inicio sospeché que esta era una gran mentira. Cuando pude hacerle una pregunta al respecto a Humberto de la Calle vía Semana En Vivo, el exjefe negociador en La Habana y ahora también precandidato presidencial (o sorpresa) aseguró ante los televidentes que el acuerdo Santos-FARC brindaba todo tipo de garantías y “derechos” (quizá la palabra más explotada del discurso político colombiano) para la participación de todos los interesados. El intercambio fue el siguiente:

Pregunta:

Quisiera preguntarle al Dr. Humberto de la Calle si él realmente piensa que es bueno un acuerdo en el cual movimientos independientes tienen que salir a recoger firmas, tienen que salir a conseguir votos para participar en política (y) si no logran el umbral deben pagar una multa astronómica, mientras que las FARC, como premio por hacer violencia durante muchas décadas, entran directamente al Congreso sin tener que presentarse a elecciones, y si esto no manda un mensaje de que, al final, en Colombia la violencia política sí paga.

Respuesta de H. de la Calle:

En el punto 2… se hizo una apertura política. Por ejemplo… nosotros abrimos la posibilidad de que un partido tenga personería jurídica y, si no pasa el umbral, tenga derechos… pueda ir a los espacios de televisión pública de campañas o de la televisión ordinaria para exponer sus ideas… (Un partido pequeño) podría tener personería jurídica y eso le da unos derechos, y ahora no (los tiene)… En el punto 2 sí se abrió la política mucho más y se generaron posibilidades para partidos pequeños…

Unas son de cal y otras de arena, nosotros sí creemos que una guerrilla que deja las armas hay que empujarla a hacer política, pero simultáneamente hicimos un proceso de apertura para otros partidos.

La realidad: apertura política para las FARC y los grandes partidos, exclusión para los demás
Hoy, más de un año después de la victoria del No en el plebiscito que Santos, De la Calle y sus aliados en el Congreso decidieron ignorar por completo (vaya demócratas), es evidente qué significa la “apertura política” que prometió el acuerdo Santos-FARC.

En primer lugar, sigue en pie la tremendamente injusta garantía para las FARC de que obtendrán 10 curules en el Congreso (5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes) así no obtengan un solo voto en las urnas (ver abajo). Por otro lado, la supuesta apertura del sistema electoral resultó ser un fraude que, mirabile dictu, mantuvo la posibilidad de la participación política para independientes tan cerrada como antes.

La promesa de De la Calle de “abrir la política mucho más y generar oportunidades para partidos pequeños” se basaba en el punto 2.3.1 del acuerdo Santos-FARC, el cual estipula que “la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos” no dependerá “del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso”.

La personería jurídica convierte a un movimiento político en un partido oficial, brindándole el derecho a presentar candidatos a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales sin tener que recoger firmas para inscribir sus candidaturas, y sin tener que pagar multas por no obtener el umbral. Bajo las reglas actuales, solo los partidos que hayan superado el umbral en las últimas elecciones para el Congreso (3 % del voto total al Senado a nivel nacional) cuentan con la personería jurídica.

La eliminación de dicho requisito, punto que utilizó De la Calle en su campaña para el plebiscito, era de lo poco positivo que contenía el acuerdo Santos-FARC. Aunque no era lo suficientemente audaz a la hora de reformar el sistema electoral, sí cambiaba unas reglas de juego diseñadas para que los partidos existentes, los cuales cuentan con maquinarias políticas a nivel nacional, se mantengan en el poder. Mientras tanto, las barreras de entrada frente a la obtención de la personería jurídica son prácticamente insuperables para los movimientos incipientes, los cuales tienden a concentrarse en la política local.

Como alternativa, De la Calle prometió que el acuerdo le otorgaría la personería jurídica a movimientos que lograran demostrar que tienen cierto número de afiliados. Dependiendo del número determinado —y en los medios se habló de distintas cifras, desde 7.000 hasta más de 70.000—, sería viable para un movimiento independiente con fuerza regional presentarse, por ejemplo, a elecciones locales sin necesidad de conseguir firmas ni pagar multas. Construyendo sobre su representación local obtenida en uno o varios concejos o asambleas, el movimiento hipotético luego podría intentar llegar al Congreso, de nuevo sin necesidad de presentar firmas ni de ser multado en caso de no obtener más de 400.000 votos (el umbral actual al Senado equivale unos 428.000 votos). De tal manera, sería mucho más factible de lo que es ahora construir un movimiento político desde lo local hasta lo nacional, como se debe poder hacer en una democracia moderna y bien diseñada.

Sin embargo, el texto de la reforma política que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 7 de noviembre hizo todo lo contrario a lo que prometió De la Calle. En vez de permitir la posibilidad de que un movimiento obtenga la personería jurídica si demuestra contar con cierto número de afiliados, la eliminó. En otras palabras, la supuesta apertura política que prometió de la Calle resultó ser un fraude que simplemente mantiene el dominio que ejercen los partidos tradicionales sobre el sistema electoral.

La supuesta reforma no sólo mantuvo el sistema político cerrado frente a quienes quieran irrumpir en él por fuera de la estructura partidista establecida, sino que también cerró el sistema dentro de los partidos al establecer que estos únicamente pueden presentar listas cerradas al Congreso empezando en el 2022. Dado el escaso nivel de democracia interna dentro de los partidos, esto significa que los barones electorales y los jerarcas de cada agrupación se encargarán de escoger no sólo a los candidatos que conforman una lista al Congreso (como sucede ahora), sino que también podrán decidir el orden en el que cada lista presenta a sus candidatos.

Es decir, cualquier candidato nuevo que ingrese a la lista de un partido estará a la merced de los caciques. El modus operandi será situar a cualquier rebelde potencial en el puesto más bajo posible de la lista, donde no tendrá una posibilidad real de ser electo. Su función se limitará a conseguir votos para que los caimacanes de los partidos, quienes monopolizarán los primeros puestos de las listas, se perpetúen en el Congreso, en los concejos municipales y en las asambleas departamentales. La posibilidad de crear disidencias dentro de los partidos será cada vez más remota.

Los partidos políticos también aprovecharon la oportunidad de reformar el sistema electoral que les brindó el acuerdo Santos-FARC para tomar medidas para salvar su propio pellejo y lucrarse aún más con el dinero de los contribuyentes al fisco. Como explica la página web de la Cámara de Representantes, la reforma política habilita “la posibilidad de coaliciones entre los diversos partidos para presentar candidatos y listas desde las elecciones de 2018”. Esto quiere decir que los partidos que temen perder la personería jurídica por una potencial falta de votos suficientes para obtener el umbral en las próximas elecciones se pueden unir para mantener sus prebendas en el Congreso.

Por otro lado, los congresistas también aprobaron “la financiación predominantemente estatal para” sus propias campañas. Traducción: así usted no simpatice con ningún partido político, estará obligado a financiar todas sus campañas con sus impuestos, lo cual ya ocurre, pero a un grado menor.

Aparte de los partidos establecidos, los otros grandes ganadores de esta reforma política son, por supuesto, las FARC, a quienes les fue otorgada la personería jurídica sin que tuvieran que ganársela en las urnas, entre otros privilegios políticos inalcanzables para cualquier agrupación política independiente, pacífica y respetuosa de la ley. Pero a nadie le debe sorprender que haya surgido una alianza entre las FARC y los partidos del Congreso para repartirse entre ellos el botín de la rama legislativa.

Como he dicho varias veces en los últimos años: en La Habana las FARC y el Gobierno Santos no estaban negociando la paz, sino el poder.

Ahora, es cierto que De la Calle ha criticado la manera cómo el Congreso liquidó la apertura política que él prometió durante la campaña previa al plebiscito. No obstante, esto sólo puede conducir a una de dos conclusiones.

La primera es que De la Calle ingenuamente pensó que los congresistas colombianos, quienes serían los principales perdedores de una apertura política real, aprobarían una reforma del todo contraria a sus intereses sólo porque aparecía en el acuerdo Santos-FARC. La segunda posibilidad es que De la Calle sabía o al menos sospechaba que el Congreso jamás permitiría reformar el sistema electoral en detrimento propio, pero que usó la propuesta de una apertura política predestinada al fracaso como un estandarte de su campaña para disminuir la atención puesta sobre los absurdos privilegios que él mismo les concedió a las FARC.

Sea cual sea la verdadera explicación del asunto, el hecho es que la promesa “de abrir la política mucho más y generar oportunidades para partidos pequeños” fue otra de las mentiras de la campaña del Sí que lideraron Santos y De la Calle.

Los privilegios políticos de las FARC
Hay que tener en cuenta ciertas cifras para entender la magnitud de lo que entregaron Santos, de la Calle y compañía a la guerrilla a cambio de un Premio Nobel y una candidatura presidencial para el negociador jefe. La primera: la bancada de 5 senadores garantizada para las FARC equivale la representación en la cámara alta tanto de la Alianza Verde como del Polo Democrático, partidos que cuentan con 5 senadores cada uno durante el actual período legislativo. En las elecciones del 2014 la Alianza Verde obtuvo 554.663 votos al Senado (3,94 % del total) mientras que 541.145 ciudadanos (3,78 % del total) votaron por los candidatos al Senado del Polo Democrático.

Una bancada de 5 miembros representa poco menos del 5 % del total del Senado. Sin embargo, dado el sistema de los umbrales —un movimiento o partido debe obtener al menos el 3 % del voto total para conseguir representación en la cámara alta—, no hay bancada con menos de 5 senadores en este período legislativo (aparte de las dos curules reservadas para grupos indígenas). El Partido Opción Ciudadana, de dudosa procedencia, también cuenta con 5 senadores tras obtener 527.124 votos, o el 3,68 % del total en 2014.

Por otro lado, el movimiento MIRA, una agrupación cristiana, se quedó por fuera del senado al obtener solo el 2,68 % de la votación total, lo que igualmente equivale la no despreciable suma de 326.943 votos. El MIRA, de hecho, consiguió 2.834 votos más en 2014 que en 2010, cuando el total de votos escrutados fue menor, razón por la cual el movimiento superó el umbral en esa ocasión.

Los fracasos electorales previos de Enrique Peñalosa, actual alcalde de Bogotá, y Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, también revelan la considerable dificultad que implica obtener el umbral para el Senado. En el 2006, Peñalosa, encabezando la lista de su movimiento Por el País que Soñamos, se quedó corto del umbral, el cual en ese entonces era del 2 %. Por lo tanto, ni Peñalosa ni ningún otro candidato de su lista logró ser senador.

En el 2010, el exalcalde de Medellín y entonces candidato presidencial Sergio Fajardo creó una lista al Senado para reforzar su intento de llegar a la Casa de Nariño. Aunque la “Selección Colombia” de Fajardo incluía a políticos con fuerza electoral propia como el exsenador Luis Eladio Pérez y el actual concejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, la lista obtuvo menos del 2 % de la votación total y tampoco ganó representación en el Senado. Esto obligó a Fajardo a unirse a la campaña de Antanas Mockus como su fórmula a la vicepresidencia.

Las barreras de entrada para llegar al Senado que esquivan las FARC
Los reveses electorales de Peñalosa y Fajardo demuestran que, dadas las reglas electorales colombianas, lograr el umbral para el Senado, el cual depende de la votación total en todo el país, es una tarea extremadamente ardua para políticos y movimientos cuyo apoyo electoral se limita a una región específica (inclusive cuando se trata de Bogotá y de Antioquia). De hecho, el sistema electoral está diseñado para asegurar que únicamente los partidos con grandes maquinarias a lo largo y ancho del territorio colombiano logren llegar al Senado, y así obtener la personería jurídica que luego les permite presentar candidatos a elecciones en todo otro escenario.

En los últimos 11 años solo Álvaro Uribe, el “gran elector” de la política colombiana, ha podido crear de la nada dos partidos (la U y el Centro Democrático) sin mayores problemas a la hora de obtener el umbral para el Senado. No obstante, la U, partido que no lanzará candidato presidencial y cuyos dos senadores con mayor caudal de votos (Bernardo Elías y Musa Besaile) están en la cárcel, probablemente verá su representación en el senado drásticamente reducida en el 2018 (a menos de que la U aproveche la reforma política que aprobó y se una al Partido Liberal).

En cuanto al Polo Democrático y la Alianza Verde, estos partidos no hubieran llegado al senado en el 2014 si su votación total hubiera sido tan solo un punto porcentual menor de la obtenida. Es más, los dirigentes de estos dos partidos de izquierda están tan preocupados por la real posibilidad de que no obtengan el umbral en el 2018 que han planeado lanzar una lista conjunta al Senado según los términos de la nueva reforma política.

En otras palabras, al regalarles 5 curules en el Senado a las FARC para los períodos legislativos de 2018-2022 y 2022-2026, el Gobierno Santos en efecto les está otorgando —como premio por la mera promesa de que cumplirán la ley que debe cumplir todo otro ciudadano (no alzarse en armas ni cometer masacres)— un estatus privilegiado que cualquier otro partido está obligado a ganarse con extrema dificultad. En términos estrictamente electorales, Santos les está regalando a las FARC el equivalente de unos 429.000 votos al Senado y un número similar a la Cámara de Representantes.

Peor aún, bajo las reglas actuales, un movimiento político sin personería jurídica que busque presentar una lista al Senado debe entregar ante la Registraduría 50.000 firmas ciudadanas válidas que avalen su candidatura, esfuerzo que de por sí requiere una inversión importante antes de que empiece oficialmente la campaña al Congreso. De no obtener el umbral del 3 % (ca. 429.000 votos) el día de las elecciones, el movimiento ciudadano debe pagarle a la Registraduría una multa equivalente a unos COP $128 millones (USD $41.000).

Por su parte, las FARC no solo están exentas de la recolección de firmas y de pagar una multa por no obtener el umbral en las elecciones, sino que, según los términos de su acuerdo con Santos, recibirán más financiación estatal que cualquier otro partido (prebenda escandalosa que de por sí se debería eliminar para todos los partidos por igual). Y esta financiación estatal se dará sin que las FARC entreguen un solo centavo de los aproximadamente USD $10.500 millones que controlan según la revista The Economist; una fortuna acumulada sobre todo gracias a su control del negocio de la cocaína en Colombia. Por si hacían falta vínculos entre el narcotráfico y la política colombiana, a partir del año entrante el Congreso contará con un narcopartido sin ambages.

Pero los senadores de las FARC no serán sus únicos congresistas, pues el gobierno Santos también les otorgó directamente una bancada de 5 representantes a la Cámara, lo cual conduce a una injusticia aún mayor a la de los 5 senadores que tendrá la guerrilla. Sin importar el número de votos que obtengan (o no obtengan) en las urnas, los 5 representantes a la Cámara de las FARC formarán una bancada mayor de la que tienen en este momento tanto el Polo Democrático como el movimiento MIRA, los cuales cuentan con tres representantes cada uno tras obtener 414.346 y 411.800 votos respectivamente en 2014.

Como le dije a de la Calle, el mensaje que envía el acuerdo Santos-FARC es muy claro: si usted quiere participar limpiamente en política, puede hacerlo siempre y cuando salga a las calles a recolectar firmas ciudadanas y, en caso de no obtener el umbral en las urnas, esté dispuesto a pagar una multa prohibitiva sólo por haber querido participar en el ejercicio de la democracia. Pero si usted es el líder de una guerrilla que, durante décadas, ha hecho todo lo posible por dinamitar la democracia y aterrorizar a los ciudadanos, su premio por querer participar de repente en política es la personería jurídica como regalo, 10 curules garantizadas en el Congreso (el equivalente de más de 800.000 votos), una candidatura presidencial que no se le permitiría a ningún otro criminal y un flujo constante de fondos de los contribuyentes para su nuevo partido, el cual será mejor financiado que todos los demás. Humberto de la Calle tiene razón: “unas son de cal y otras de arena” .

Lo más curioso del discurso de De la Calle, sin embargo, es la manera en el que pretende darle un halo de institucionalidad, con base en una falacia ad populum, al agravio de premiar a delincuentes con curules: “En el 91 era unánime la idea de que esos señores iban al Congreso”, afirma De la Calle. Y agrega:

Desde cuando Virgilio Barco empezó a plantar este problema el país entendía, y siempre ha entendido, que se dejan las armas y (se) pasa al Congreso.

Esto simplemente es una respuesta afirmativa a mi pregunta de si las curules directas para las FARC envían el mensaje de que, al final, la violencia política en Colombia sí paga. Porque si es ampliamente entendido y aceptado que “se dejan las armas y se pasa al Congreso”, ¿por qué quien aspire a ser congresista no ha de considerar tomar las armas entre sus opciones viables para alcanzar su meta?

De hecho, el ejemplo de las FARC les demuestra a los demás, y en especial a grupos armados comunistas como el ELN, que es posible obtener más curules en el Congreso por medio de la violencia y una buena negociación (desde su propio punto de vista) con un gobierno débil que por medio de la vía democrática y pacífica que ha adoptado, por ejemplo, el Polo Democrático.

Y la absurdidad de la tesis de De la Calle va más allá de justificar la acción armada como método de obtener curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Después de todo, Timochenko ya es candidato a la presidencia.

Un punto adicional acerca de la fuerza política que tendrán las FARC en la cámara baja: como reportó el PanAm Post, el acuerdo Santos-FARC creó 16 curules nuevas para la Cámara de Representantes por medio de 16 “Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz”. Estas circunscripciones especiales se crearon en 167 municipios (el 15 % del total), zonas que en general coinciden con los territorios que las FARC han controlado militarmente, pero también con “las Zonas Veredales Especiales… donde se concentraron las FARC, en principio, para su desmovilización”.

Aunque ningún partido —incluyendo el de la guerrilla,— podrá presentar candidatos en las circunscripciones especiales, las cuales en teoría están reservadas para víctimas del conflicto armado, es evidente que la estrategia de las FARC es concentrarse electoralmente en estas zonas, “donde tienen hombres, dinero y trabajo político”. Su mecanismo para lograr una cantidad máxima de curules en estas circunscripciones será apoyar a los candidatos que presenten oficialmente organizaciones sociales aliadas, tanto nuevas como ya existentes.

Si en efecto las FARC y sus aliados se quedan con dichas curules en su totalidad, llegarían a contar con 21 representantes a la Cámara, lo cual —en términos de la legislatura actual,— los convertiría en la cuarta bancada con más representantes detrás del Partido de la U (39), el Partido Liberal (37) y el Partido Conservador (27).

Así obtengan “sólo” alrededor de la mitad de las curules de las circunscripciones especiales, las FARC y sus aliados contarán con una coalición con más de 10 congresistas. Esto no solo les dará a las FARC un poder legislativo del todo desproporcional comparado a su pie de fuerza armada en términos numéricos, sino que también les permitirá insertarse de lleno en la estructura clientelista colombiana, usando recursos de los contribuyentes y puestos en entidades del Estado para financiar sus nuevas maquinarias electorales. Nada mal para un grupo terrorista al cual le hubiera sido extremadamente difícil sobrevivir militaramente en la era de los bombardeos precisos por medio de Vehículos aéreos de combate no tripulados (drones).

Falsos dilemas

Antes del plebiscito del 2 de octubre del 2016, la estrategia de la campaña a favor del acuerdo Santos-FARC y de los medios de comunicación fue presentar ante el público un falso dilema: el voto por el Sí era un voto por la paz y, por lo tanto, votar por el No equivalía votar por la guerra.

Aunque una mayoría de votantes rechazó el pacto entre el Gobierno y la guerrilla en las urnas, este se implementó en contra de la voluntad democrática. Hoy, sin embargo, es evidente que, como los votantes del No intuyeron que sucedería, el acuerdo Santos-FARC no trajo la paz. Como escribió Julio César Mejía en el PanAm, “los cálculos más austeros estiman que las disidencias de las FARC pueden sumar más de 1.400 hombres”, y hay buenos indicios de que “las disidencias pueden ser en realidad la retaguardia de las FARC”. Mientras tanto,

los ataques al Ejército y a la Policía vienen en aumento, la violencia homicida crece en las zonas rurales… se aprobaron nuevos bombardeos contra las disidencias (de las FARC) y tan solo para mayo de 2017 ya se contaba con una cifra de desplazamiento interno superior a la presentada durante todo el año 2016.

Como señalé recientemente, el supuesto “posconflicto” que el acuerdo Santos-FARC introdujo a Colombia es misteriosamente similar al conflicto. Inclusive muchos de quienes cayeron en la trampa del falso dilema paz-guerra en la campaña del plebiscito están despertando frente a la realidad de que el gobierno Santos usó su máquina propagandística para aprovecharse del idealismo de incautos, vendiéndoles quimeras a un precio altísimo: el de la misma democracia.

El anterior, sin embargo, no fue el único falso dilema que usó la campaña del Sí. Al responder mi pregunta en Semana En Vivo, de la Calle intentó justificar la rendición del Gobierno ante las FARC al entregarles curules gratis con la siguiente excusa:

“No es que el presidente diga ‘son ustedes’… (Ellos) tienen que presentar listas en el 2018… Ellos tienen que hacer un ejercicio político, buscar que les voten…”.

Con tal afirmación, de la Calle se inventa una dualidad inexistente: la opción de que las FARC lleguen al congreso porque el presidente escoge a sus congresistas a dedo, lo cual de la Calle sugiere es inaceptable aunque resalta que es legalmente posible, versus la alternativa de que presenten listas al Congreso y obtengan 10 curules así no ganen las elecciones, lo cual le parece del todo legítimo.

Para efectos prácticos, sin embargo, no hay mayor diferencia entre un escenario y el otro. El verdadero problema es que el partido de las FARC será el único que ingrese al congreso por fiat burocrático, mas no por medio de la voluntad electoral, razón por la cual argumenté antes del plebiscito que el acuerdo Santos-FARC destruiría la democracia constitucional, la cual se basa en que las mismas reglas electorales apliquen igualmente para todos los actores políticos.

De hecho, en el primer escenario hipotético que presenta De la Calle, en el cual el presidente escoge cuál miembro de las FARC puede llegar a ser senador o representante, por lo menos hay algún tipo de veto por parte de una autoridad electa. Mientras tanto, en el segundo escenario (el real según los términos del acuerdo), las FARC pueden escoger a los candidatos que ellos quieran para que ocupen los primeros puestos de cada una de sus dos listas al Congreso, lo cual garantizará su ingreso tanto al Senado como a la Cámara de Representantes.

Bajo las circunstancias normales que aplican para todos los demás partidos, los ciudadanos pueden castigar a los candidatos y partidos que rechazan al no votar por ellos y, por ende, asegurar que no tengan representación en el Congreso. El acuerdo Santos-FARC, sin embargo, hace que, de darse, tal rechazo electoral hacia las FARC sea del todo inútil. Como resultado, los colombianos deben someterse a las FARC en el Congreso durante 8 años independientemente de su votación porque, según el Gobierno y los congresistas que aprobaron el acuerdo, era necesario asumir tal humillación en nombre de la paz.

Hay que derrotar a De la Calle en las urnas

En el vernáculo colombiano, tener a las FARC en el Congreso era uno de los “sapos” que era necesario tragarse en aras de la paz. Hoy, sin embargo, es claro que, como concluyó Mejía tan acertadamente en su columna, arrodillarse y otorgar todo tipo de privilegios a las FARC para disminuir la violencia del país no tuvo el impacto esperado… cada vez se convierte en algo más real que en Colombia, en efecto, nos quedamos con la humillación y con la guerra.

Como argumenté en la campaña del 2016, la analogía de ingerir sapos para permitir las curules garantizadas para las FARC es inadecuada; era mucho más preciso decir que aceptar los términos del acuerdo Santos-FARC equivalía el intento de tragarse un pterodáctilo, un python reticulatus o algún otro reptil de descomunal (y letal) tamaño.

El dilema real del 2016 no fue el de la paz vs. la guerra. Las opciones sobre la mesa fueron, por un lado, la de aceptar bajo chantaje y amenazas un acuerdo que socava la democracia constitucional y la igualdad ante la ley. La alternativa fue rechazar esa posibilidad por el bien del país. En el 2018 los candidatos que defienden la democracia liberal deben presentar propuestas concretas para deshacer el inmenso daño que les está causando el acuerdo Santos-FARC a las ya deficientes instituciones colombianas.

Esto involucra derrotar en las urnas a quienes nos han traído a la situación actual, empezando por Humberto De la Calle.

Daniel Raisbeck es el editor del PanAm Post. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá en el 2015. Síguelo en Twitter: @DanielRaisbeck.



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