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Ilegalidad contra legalidad

IVÁN ARIAS 

Los acontecimientos entre mineros cooperativistas y mineros asalariados desvelan la pelea entre la poderosa economía informal y la débil economía formal; entre los aliados del actual Gobierno y los despreciados. El mismo Gobierno, a través de diferentes declaraciones, señaló que las “cooperativas son la fuerza social más importante del sector minero” y en agosto de este año firmaron un pacto de 13 puntos para favorecer su desarrollo.

Hace cinco años había 600 cooperativas. Este 2012, el viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses, habla de 1.304 (947 están ubicadas en el departamento de La Paz). En 2005 había 50.000 trabajadores en el sector. Este 2012 sobrepasan los 100 mil miembros, de los que no se sabe cuántos de ellos están en calidad de socios y cuántos de peones. Su avidez por nuevas vetas, debido a los precios de los minerales, los ha llevado, entre 2006 y 2012, a asaltar varias propiedades mineras privadas y estatales.

Este sector que se favoreció desde la relocalización de 1985 con la transferencia, por ejemplo, de maquinarias y bienes de Comibol de manera gratuita y otros a precio de gallina muerta, está obligado a pagar solamente la regalía minera (entre 5% y 7% del valor bruto de su producción); no pagan impuesto a las utilidades, no pagan el IVA, no tienen costos adicionales como los sociales, pues, al ser empresas informales, en su mayoría no dan aportes a las cajas de seguros.

El año 2005 el empleo informal en las ciudades representaba el 48% y hoy está por encima del 63%, lo que muestra cómo en vez de potenciar la legalidad el Gobierno se ha encargado de reducirla. De acuerdo con una comparación reciente, elaborada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y según un informe del CEDLA, Bolivia tiene el salario mínimo nacional (SMN) más bajo de los países de la región andina (menos de 120 dólares).

El informe es terminante: comparando el año inicial y final de la década pasada (2001-2010), Bolivia presenta un rezago cada vez mayor en el valor del SMN. Mientras en 2001 el SMN de Bolivia estaba por debajo del promedio de la CAN en una relación de 1 frente a 1,7; en 2010 esta relación se alejó hasta representar más del doble, es decir, 1 frente a 2,1, lo que refleja que otros países de la región han alcanzado incrementos más significativos que los dados en el país.

Con los actuales salarios que paga el sector formal, estatal y privado, la mayor parte de la población no puede vivir dignamente. En estos momentos no se puede cubrir ni siquiera las necesidades de alimentación básica para una familia. Las cifras sobran. Sólo un almuerzo está por encima de 12 bolivianos. Si se toman en cuenta la educación, la salud y la vestimenta, no podrían ser cubiertos con el actual salario. ¿Entonces qué ocurre? ¿Cómo hace el grueso de la masa laboral para subsistir? Los trabajadores se esfuerzan y buscan más de un trabajo para poder subsistir o, en su caso, tanto el esposo como la esposa e incluso algún hijo se ven obligados a trabajar. La situación provoca incrementos en el sector informal, principalmente en las ciudades, porque estos trabajos no tributan ni aportan a las recaudaciones tributarias del país.

Por este bajísimo incentivo al trabajo digno miles de bolivianos, especialmente jóvenes, son obligados a engrosar las filas de la informalidad en rubros como el sector cocalero, el contrabando y el comercio minorista. En un Gobierno cuyo origen está en la informalidad e ilegalidad de la producción de coca, no se podía esperar que hiciera algo en contra de su sector, sino más bien utilizar el aparato del Estado para agrandarlo. Y así vemos cómo el sector cocalero, que debía reducirse a sólo 12.000 hectáreas legales, hoy sobrepasa las 30.000. De esta manera, mientras los países vecinos buscan disminuir la informalidad generadora de ilegalidad, los bolivianos alimentamos esta bestia que aparte de convertirse en poder económico acumula poder político. Cooperativistas mineros, chuteros, contrabandistas de toda laya y cocaleros ilegales viven sus momentos de gloria y están bailando la salsa de la favorable indiferencia gubernamental. Con este tipo de políticas, Bolivia se acerca cada vez más a convertirse en un mercado persa antes que una nación productiva; en un espacio donde se regodea la ilegalidad y es combatida la legalidad.

Iván Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.

Tomado de paginasiete.bo

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