Buscar en nuestras publicaciones:

El precio de la informalidad

EDUARDO BOWLES

La informalidad es el precio que tiene que pagar el país por la ausencia de una estructura económica sólida capaz de generar empleo digno a través de la producción, la diversificación, la competitividad y la industrialización.

Las cifras del desempleo son enormes en el país y superan los dos millones de personas. Una inmensa cantidad de esa población es absorbida por el comercio informal y un sinnúmero de actividades que genera la propia sociedad para paliar su miseria. Obviamente las cifras oficiales de la desocupación son menores y es porque consideran empleado al que vende hamburguesas en una esquina, el que lava autos en los canales de drenaje o el que comercializa ropa usada.

La desregulación es un arma que ha usado siempre el Estado para deshacerse de su responsabilidad de crear las condiciones para que ese lavador de autos se convierta, por ejemplo, en un tornero o en un electricista y de esa manera pueda superar las condiciones de inseguridad social en las que vive, pueda gozar de un sistema previsional de salud y también aportar para su jubilación. En este momento, esos servicios dependen de la caridad del Estado que se mantiene con los aportes de menos del 20 por ciento de la economía formal que paga impuestos.

Por más mensajes que envíe el Estado para que la población cumpla con sus tributos, por más persecución que se ejecute contra las poquísimas empresas legalmente constituidas, los ingresos para sostener el funcionamiento del sector público jamás podrán alcanzar para atender las necesidades de ese 80 por ciento que se mantiene en la informalidad por distintas razones.

Está claro que a un lavador de autos no se le puede exigir que pague impuestos porque vive “al día”, pero sí es posible aplicar una política de ampliación del universo de contribuyentes para incorporar a todos quienes pudieran estar evadiendo sus obligaciones. El papel del Gobierno aquí es crucial, no solo porque debe abandonar la estrategia del avestruz que evade el problema por cuestiones políticas y electoralistas, sino porque con el crecimiento de la informalidad, que ha sido evidente en los últimos años, se contribuye al debilitamiento del Estado, cuya misión fundamental es dotar de los servicios básicos a la gente más necesitada.

Esta tarea requiere de un gran componente educativo para que la población asuma su responsabilidad ciudadana, pero de parte de las autoridades es ineludible un compromiso dirigido, primeramente a consolidar una economía más sostenible, dotada de las herramientas que permitan su reproducción y su crecimiento; y segundo, de responderle al ciudadano con mayor transparencia y con acciones eficaces en el ámbito social, el más descuidado.

No se puede admitir que en Bolivia crezca la informalidad cuando el Estado cuenta con una cantidad de recursos histórica que le debería permitir avanzar en la consolidación de un andamiaje productivo más sólido que absorba mano de obra calificada, que genere empleo digno y que, por supuesto, brinde el espacio necesario para que toda esa cantidad de bolivianos que viven en la “cuerda floja”, que transgrede las normas para poder sobrevivir, que se dedica al contrabando, que prácticamente vive en las calles y que se las arregla como puede cuando tiene necesidades de atención en salud, pueda aspirar a una vida mejor.

Tomado de eldia.com.bo

Búscanos en el Facebook

Artículos del autor