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Entre "bonanza" y necesidad de "certidumbre jurídica"

CIRO AÑEZ

El avance en la aprobación de nuevas leyes en Bolivia es paulatino, teniendo en cuenta que el oficialismo, en época electoral, propuso un paquete de cien (100) leyes de las cuales aproximadamente 57 correspondían a leyes de carácter económicos sociales; mismas que aún no han sido completadas, lo cual implica que el proceso de implementación llevará probablemente más periodos legislativos.

Bolivia sin duda alguna ha experimentado un auge en la macro economía gracias a la obtención de un mayor valor en la exportación de materias primas (principalmente las no renovables, como ser el hidrocarburífero), las cuales generan mayores ingresos públicos y a su vez ha favorecido principalmente a cuatro sectores: 1) la Banca (el sistema bancario ha acrecentado sus ganancias y además se ha visto favorecido por la bolivianización); 2) las cooperativas mineras que además no pagan algunos impuestos; 3) el sector manufacturero, especialmente el vinculado con el cemento, como consecuencia de la expansión de la construcción de viviendas aspecto que es muy peculiar dado la similitud con aquellos países donde el narcotráfico tiene una mayor incidencia, como ser: México y Colombia; y, finalmente, 4) existe un incremento del gasto en la administración pública.

Por lo expuesto, resulta evidente que aquella “bonanza” en el ámbito formal ha beneficiado significativamente a pocas manos quedando rezagados los sectores productivos; por lo tanto, es menester tomar mayor atención a dicho sector, y para ello no solo se necesita del uso de mano de obra sino además del capital, la tecnología y la ciencia.

Del mismo modo, tampoco debiéramos despreocuparnos del crecimiento del sector informal en el país, máxime si existen informes que dan cuenta sobre un altísimo porcentaje poblacional ligado a la economía informal (esto es: la circulación de dinero proveniente del contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, etc.); lo cual implica que aquella “bonanza” que algunas personas pudieran estar experimentando no necesariamente provienen de fuentes idóneas que beneficien al desarrollo integral del país.

En este año 2012, la pregunta que muchos se hacen es la siguiente: ¿por qué motivo, si tenemos un importante ingreso de libre disponibilidad se continúa impulsando una política de endeudamiento en el exterior?, puesto que llamó la atención la emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares en el mercado internacional, lo cual a vista de muchos expertos constituye un síntoma claro de necesidad, ya que de esta manera el gobierno estaría buscando recobrar la confianza del inversionistas y de los mercados internacionales, esto debido a una falta de certidumbre jurídica nacional dentro del contexto internacional surgido por el fantasma de la nacionalización en Argentina y los conflictos internos que Bolivia experimentó durante el año 2012 como ser: las tomas de yacimientos mineros, los bloqueos, la retirada de la empresa Yindal de Bolivia, el cual dejó en suspenso aquel salto cualitativo de pasar de la extracción de minerales a la metalurgia, quedando imposibilitada de otorgar valor agregado a sus recursos naturales.

Y finalmente, otros de los problemas que siempre estarán latentes es el mantenimiento de la subvención del poblacioprecio de los carburantes, por el fuerte impacto sobre la economía fiscal y la inadecuada manera de ocultar nuestra real situación económica.

Por lo tanto, estos y otros factores más, inciden en la necesidad de generar un ambiente de seguridad y sosiego para atraer grandes inversiones formales que entre cosas posibiliten el mejoramiento y dinamización del sector productivo nacional a mayor escala.

En ese sentido, es lógico suponer que es de suma importancia contar con un marco normativo que genere cierta seguridad jurídica para el inversionista, como ser: Ley de inversiones, Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley Laboral (Código Laboral y Código de Procedimiento Laboral), Ley de regulación de la cadena productiva, etc.; mismas que hasta la fecha continúan pendiente de promulgación.

Ahora bien, no debemos caer en el error o la ingenuidad de creer que por el solo hecho de crear una inflación de leyes de carácter socio económicas se encuentre garantizada aquella inversión añorada.

Es decir, por más de que existan leyes cuyo espíritu sea el de convertir los mercados financieros más transparentes, traer regulaciones más eficientes, crear mejores condiciones de ahorros, ayudar a la inversión a largo plazo necesario para el desarrollo sustentable y la equidad social, etc.; si estas normas al momento de ser aplicadas no van acompañadas del respeto de los derechos y las garantías constitucionales de las personas ni existe “calidad institucional” que mínimamente garantice la preservación de tales libertades individuales, difícilmente se podrá cumplir aquel espíritu normativo por muy bueno que fuese y por ende se estaría boicoteando así mismo la pesca de aquella inversión de calidad.

Los últimos acontecimientos en nuestro país, lamentablemente no son muy halagadores en esta temática, pues existe una caja de pandora abierta que tiene que ver con “proyectos de leyes inconstitucionales” y con “corrupción institucionalizada en algunos sectores públicos” que imposibilita otorgar ese preciado ambiente de “certidumbre jurídica” y “calidad institucional” que Bolivia necesita.

Al respecto, cabe citar dos ejemplos: 1) el “proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado” el cual adolece de inconstitucionalidad, a tal extremo que originó enfrentamientos entre un Ministro de Estado y la presidenta de la Cámara de Diputados sumado a multitudinarias manifestaciones de varios sectores sociales nacionales en repudio de dicha norma confiscatoria; y, 2) “la corrupción” incrustada en determinados sectores públicos donde se pudo evidenciar que sus víctimas fueron personas a quienes se les aplicó las leyes de manera totalmente abusiva, arbitraria y atentatoria a la propiedad privada; muestra de ello, existen servidores públicos pertenecientes al Ministerio de Gobierno y algunos operadores de justicia guardando detención preventiva por tales hechos de corrupción.

En definitiva, podemos concluir que para garantizar la inversión privada urge de menos judicialización de la política, más protección efectiva de “todos” los derechos humanos y de las libertades, más equidad de género, más seguridad jurídica, más transparencia en la información de gasto e inversión pública, una democracia representativa más sólida, más confianza y menos corrupción.

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