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Políticas y "derechos sociales"


(Martes, 02 Agosto 2016)

GABRIEL BORAGINA

A veces se denomina "el estado social" a aquel estado-nación donde su política legislativa se orienta al establecimiento y jerarquización de los llamados "derechos sociales" instituyendo esta categoría como de rango superior a la de los clásicos derechos individuales. En alguna época ya pasada, aproximadamente entre los siglos XVIII y comienzos del XX, la noción de derecho se identificaba casi plenamente con la de los derechos individuales. No se concebía que la palabra "derecho" se refiriera a otra cosa. Fue cuando surgió la de los "derechos sociales" -que buscaban distinguirse de los individuales- cuando se hizo necesario aclarar, a todo instante, de qué clase de derechos se estaba hablando.

La expresión "derechos sociales" se impuso como una categoría que, no sólo pretendía separarse de la de los análogos individuales, sino que procuraba -por sobre todas las cosas- mostrarse como una "etapa evolutiva" desde estos hacia aquellos y –al mismo tempo- subordinar (y con el tiempo eliminar o suprimir) tales derechos individuales en pos de los "sociales" para siempre. Esta y no otra fue la pretensión del socialismo desde su aparición con los utópicos -como K. Marx los tildó- pasando por los socialistas "científicos" de este, hasta los actuales "socialistas del siglo XXI".

Es por esta misma razón que, los países donde se ensaya el sistema comunista se declaran los "campeones" de los "derechos sociales". Un buen ejemplo es el de Cuba, de la que se nos dice:
"Los mal llamados derechos sociales, se vinculan con la satisfacción de ciertos requerimientos propios de la vida humana, tales como salud, vivienda, educación, etc.....Quizás los dos ámbitos donde resulte más claro sean el educativo y el laboral. En el primer caso, el castrismo se jacta de un alto porcentaje de niños en las escuelas. Pero la realidad es que dichos establecimientos escolares son en primer lugar, instrumentos para controlar las ideas que estarán al alcance de los ciudadanos, e impedir que tengan acceso a otras, consideradas peligrosas.

El Rule of Law, un legado británico protector de los derechos individuales


(Lunes, 27 Junio 2016)

ANDREA VON ROTH 

Es uno de los logros más importantes del sistema político anglosajón para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, y muy especialmente del gobierno.

Se podría traducir como el imperio o la soberanía de la Ley frente a las arbitrariedades o caprichos del gobernante y fue, en sus inicios, una conquista de la tradición jurídica y política británica en su esforzada lucha contra las prerrogativas del Parlamento y de la Corona. La filosofía inspiradora de la Rule of Law se propagó por la Commonwealth y se trasvasó luego al continente europeo mediante el concepto del "Estado de Derecho" (Rechtsstaat o état de droit).

Podríamos diseccionar la Rule of Law, en cuatro conceptos o principios básicos interrelacionados que permiten hablar de la grandeza del imperio de la ley, sin los cuales no podría hablarse de la existencia de la misma en un ordenamiento jurídico:

Principio de generalidad: La ley no debe saber de antemano a quién va a afectar. Si se supiera, no sería garantía de objetividad. La ley debe, ante todo, ser neutral.

Principio de igualdad: Todos somos iguales ante la ley y, por tanto, esperamos un tratamiento de las normas igual para todos sin que se tome en consideración nuestras posesiones, alcurnia, poder, facultades o cualquier otra circunstancia personal.

Principio de certeza: Debe haber una uniformidad de las leyes a lo largo del tiempo (esto es así, sobre todo, con las leyes no escritas del Common law) para que sean conocidas e interiorizadas. La interpretación de los jueces reforzaría su certeza y sus destinatarios preverían con bastante exactitud las consecuencias futuras de su aplicación. El "Estado de Derecho" continental se separa radicalmente en este punto de la Rule of Law anglosajona en que la certeza es atributo exclusivo de ley escrita y publicada. En los estados europeos continentales la certeza de la ley es sinónima de norma publicada en un diario o boletín oficial.

Explicando el sistema de arbitraje


(Martes, 26 Abril 2016)

ALFREDO BULLARD 

Giosue Cozzarelli era aspirante a Miss Panamá en el 2009. Durante el concurso le pidieron que comentara una frase de Confucio. Al responder dijo que Confucio “fue un chino japonés que había inventado la confusión”.

El congresista Juan Carlos Eguren me ha hecho recordar a la despistada candidata a reina de belleza. Ha propuesto varias modificaciones a la ley de arbitraje que demuestran no solo que habla de lo que no sabe, sino que parece atrapado en la confusión inventada por el ficticio Confucio del concurso de belleza.

Cuando las partes pactan un arbitraje pueden someterse libremente a las reglas de una institución arbitral (como las de la Cámara de Comercio de Lima) o decidir no hacerlo.

¿Qué beneficios te da una institución arbitral? Primero, se encarga de administrar y organizar el arbitraje. Segundo, suele dar el servicio de entidad nominadora, es decir de nombrar árbitros en caso de omisión por las partes o por los árbitros. Y tercero —que yo diría es el más importante—, protege el arbitraje, creando una marca de prestigio que sea sinónimo de imparcialidad, eficiencia y transparencia.

Violación de la soberanía económica


(Martes, 05 Abril 2016)

JOSÉ LUIS SANTIESTEBAN 

La Constitución Política del Estado es la única norma nacional aprobada por voto mediante referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. Para entender la violación a la soberanía económica del Estado, es necesario transcribir la norma fundamental Art. 320. “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.

El ITF como restricción al ejercicio del derecho a la propiedad privada


(Martes, 19 Enero 2016)

CIRO AÑEZ 

El Impuesto a las Transacciones Financieras, más conocido como ITF, es un impuesto que nace con una característica temporal pero en realidad se ha mantenido por varios años.

Con la aprobación de la Ley de Ampliación del ITF de fecha 1 de julio de 2015 resulta que hasta el 31 de diciembre del año pasado la alícuota de dicho tributo era de 0,15%, ahora en este año (2016) se implementará un gravamen progresivo hasta 2018, por cuanto esta nueva ley modifica el gravamen y define una alícuota gradual de 0,20% en 2016; de 0,25% en 2017, y de 0,30% en la gestión 2018

La justicia que queremos: mito o realidad


(Lunes, 04 Enero 2016)

CARLOS ALARCÓN  

Estamos tan frustrados, decepcionados, escépticos y defraudados los bolivianos de no poder contar con un sistema de justicia que se encuentre a la altura de nuestros sueños, deseos, anhelos, aspiraciones y necesidades, que desde la fundación de la república venimos arrastrando este drama y no lo hemos podido resolver hasta ahora. Es más, en los tiempos de la revolución democrática y cultural este problema se ha agravado exponencialmente, configurando uno de los peores escenarios históricos vividos en el país.

Bolivia, relaciones internacionales y oportunidades perdidas


(Lunes, 28 Diciembre 2015)

KAREN LONGARIC

Evo Morales obtuvo una victoria contundente en las elecciones generales de 2005 y como primer presidente indígena de América conmovió al mundo durante la gira internacional que realizó antes de asumir el mando, vistiendo una sencilla chompa a rayas. Personalidades y líderes extranjeros le expresaron simpatía y apoyo y su liderazgo fue en ascenso.

¿Qué es un derecho?


(Jueves, 03 Septiembre 2015)

ALBERTO BENEGAS LYNCH 

Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

La indefensión en dictadura


(Lunes, 04 Mayo 2015)

CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN 

Las recurrentes e impunes acciones de persecución, utilización de la justicia para reprimir, atentados contra la libertad de expresión y de prensa, corrupción e impunidad, permanencia indefinida en el Gobierno y violación de los derechos humanos que los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua realizan como política de Estado, condenan a sus ciudadanos a indefensión.

La indefensión es la situación por la cual un ciudadano o grupo es limitado o despojado por las autoridades de los medios, garantía y defensa de sus derechos. Es resultado del abuso de poder y la arbitrariedad. Es la violación del “Estado de derecho” por el atropello de los detentadores del poder, que hacen desaparecer el principio de igualdad ante la ley. La indefensión generalizada es señal de la vigencia de una dictadura.

En Cuba la “indefensión colectiva” está institucionalizada, entre otras, por la “ley de peligrosidad predelictiva” con la que el régimen enjuicia y sanciona a un individuo sólo por suponer que éste puede cometer un delito en el futuro, de manera que en lugar de presumir la inocencia, se determina “legalmente” la culpabilidad previa a la comisión del delito. Los miles de cubanos que han pasado por las cárceles de la dictadura y los que aún permanecen en ellas son testimonio vivo de indefensión. El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez afirma que el pueblo cubano vive en la indefensión y denuncia hoy “la violación constante y no justificable de los derechos humanos en Cuba”.

Venezuela muestra la situación de María Corina Machado, excluida de la Asamblea Nacional y arraigada; la condición de presos políticos de Leopoldo López, Antonio Ledesma y decenas de venezolanos más; las normas electorales y la manipulación de tribunales encargados del fraude a favor del Gobierno; las leyes, reglamentos y decisiones de la dictadura en control de todos los órganos del Estado para que las acusaciones, allanamientos, detenciones y sentencias sean “legales”. En Venezuela, el dictador decreta previamente el linchamiento público de sus víctimas y el sistema lo ejecuta “legalmente”. La gente no puede hacer nada y lo que haga no sirve, eso es indefensión.

Prevaricato y nulidad de actos


(Miércoles, 01 Abril 2015)

HORACIO ANDALUZ

Está en tratamiento el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. El artículo 115.I.3.e del mismo dice que los laudos son nulos por prevaricato. El recurso de nulidad del laudo arbitral es de vocación garantista: su cometido es garantizar que en el arbitraje no se definan derechos transgrediendo el derecho a la defensa ni la garantía al debido proceso. Siendo tal la racionalidad que gobierna al recurso de nulidad, habrá que asumir que el artículo 115.I.3.e la comparte. Y que la comparta significa que su fin es uno solo: evitar que un “[laudo] manifiestamente contrario a la ley” (i.e. producido en prevaricato, artículo 173 del Código Penal, modificado por la Ley 004) defina derechos. Cualquier vocación punitiva debe quedar excluida: punir corresponde al ordenamiento penal, que ya tipificó al prevaricato y a su comisión por los árbitros como delito. Si su fin es solo el dicho, su inclusión en el ordenamiento es (1) una redundancia (2) perjudicial, por (3) inconstitucional.

Redundancia, porque está duplicando un remedio ya previsto en el ordenamiento. Una decisión “manifiestamente contraria a la ley” es una decisión violatoria de la legalidad ordinaria, producto de (1) una valoración arbitraria de los medios de prueba, por “apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir” (STC 766/2013-AAC, 7 de junio, párrafo III.2); o de (2) una interpretación “insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente” (STC 259/2014-AAC, 12 de febrero, párrafo III.1). Para ambos casos, la jurisdicción constitucional tiene ya un remedio previsto, que es la acción de amparo por violación a la garantía del debido proceso. Y si ya hay un remedio previsto en el sistema jurídico, normar otro de pretensión análoga, tanto por su objeto (la anulación de la decisión) como por su razón (su contrariedad con la ley), es repetir lo ya normado.
Perjudicial, porque el artículo 115.I.3.e supone para la parte agraviada una defensa en dos movimientos: (1) agotamiento de un proceso penal que condene a los árbitros por prevaricato; y (2) anulación del laudo por ser “manifiestamente contrario a la ley”, con pie en la plena fe probatoria que prestaría la sentencia de condena. Mucho rodeo para llegar al mismo punto al que llegaría una acción de amparo, que, en vez de atacar al laudo a título de efecto probatorio de una sentencia ejecutoriada, acorta camino atacándolo directamente por los daños frontales al orden constitucional que causan sus vicios.
E inconstitucional, porque el recurso de nulidad por esta causal procede “sin perjuicio” de la ejecutoria del laudo (artículo 116.IV). Esto es, que la pretensión de nulidad se ejercerá contra un laudo que, por haber obtenido ejecutoria, puede ya muy bien haber sido cumplido compulsoriamente en contra del agraviado. La suya habría sido una victoria pírrica, en la que deshacer lo hecho en ejecución del laudo podría serle más costoso que resignar la pretensión llevada a arbitraje. El resultado: una violación al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 115.I de la Constitución), porque su naturaleza tarda hace quimérico al remedio previsto.

Y tampoco se evitaría violar la tutela judicial efectiva si, en vez de dejar a salvo la ejecución del laudo, la ley suspendiese su ejecución hasta que se decidiese el proceso penal por prevaricato. En tal caso, se la violaría en la persona de quien obtuvo el laudo a su favor, que tiene derecho a que el mismo, en tanto no se lo declare nulo, sea cumplido pronta, oportunamente y en sus propios términos. A un juicio de proporcionalidad, no es efectiva la tutela que depende para su cumplimiento del agotamiento previo de un proceso penal notoriamente más largo que el arbitraje que definió el derecho en disputa.

William Blackstone (s. XVIII) decía que donde hay un derecho hay un remedio para su defensa (ubi jus ibi remedium). Las legislaturas pueden muy bien innovar esos remedios, con esta condición esencialísima: que sus leyes no rompan con la Constitución.

Horacio Andaluz Vegacenteno
LLM, Harvard Law School

Aproximación filosófica y epistemológica sobre la ley


(Martes, 31 Marzo 2015)

VÍCTOR PAVÓN

Quizás el principal problema de nuestro tiempo sea la cuestión referida a la ley. La misma puede ser abordada como norma jurídica deliberadamente hecha por algunos y que regula las relaciones humanas o como un descubrimiento de conductas reiterativas en el tiempo que nos van permitiendo hacer posible la libertad personal.

Si partimos de la primera acepción, la ley termina por convertirse en una norma aplicable solo para los gobernados, por cuanto que se cree que la ley es una creación deliberada del político o del legislador, y que solo estos tienen atribuciones al respecto.

De este modo, esa “ley” que fuera aprobada por los cuerpos legislativos es la que es legal, no se la puede desobedecer, y se utiliza no para limitar el poder de sus creadores (los políticos, legisladores, burócratas) sino para que sea un instrumento para controlar a los demás.

Esta forma de concebirse la ley, que es lo que ocurre hoy en todas partes, termina por coartar la libertad de los gobernados y dejar que los gobernantes hagan lo que mejor les parezca, dado que ellos son los que “hacen” la ley. El gobierno no está ni puede estar limitado bajo esta concepción filosófica.

Siguiendo con esta idea de que la ley es creada por algunos, se termina por creer que también solo algunos tienen el suficiente conocimiento para dedicarse al mismo, lo que supone dejar el campo libre en desmedro de aquellos que no están supuestamente “adiestrados”. De este modo, resulta fácil comprender cómo el Estado ha venido avanzando sobre nuestras vidas al punto de que se desea que todo o casi todo debe estar legislado o regulado. De ahí en más solo cabe que germine el totalitarismo.

Municipio y seguridad: bases jurídicas


(Lunes, 30 Marzo 2015)

EMILIO MARTÍNEZ

Durante la campaña electoral que culmina surgió el debate sobre si la seguridad ciudadana es o no una competencia municipal, desnudando cierto adormecimiento centralista que opta fácilmente por dejar este tema al gobierno nacional

El abuso de la prisión preventiva


(Lunes, 30 Marzo 2015)

RAMIRO ORÍAS

En los últimos diez años se evidencia un incremento notable de la tasa de encarcelamiento en Bolivia, que aproximadamente ha duplicado la población carcelaria, como efecto del uso prolongado y abusivo de la prisión preventiva.

Conforme a las estadísticas oficiales, de unos 6.900 presos en el 2005, el sistema penitenciario retiene ahora a cerca de 14.800 internos, de los cuales el 83% está en prisión preventiva.
Esto ha generado una situación de hacinamiento en las cárceles, que llega a una tasa cercana al 300% de su capacidad instalada

El Contrabando


(Martes, 02 Diciembre 2014)

CIRO AÑEZ 

Las noticias informan que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) se encuentra realizando esfuerzos para combatir la corrupción aduanera, entre ellos están la capacitación sobre mecanismos y herramientas para la presentación de denuncias vinculadas con corrupción por servidores públicos de la ANB.

La falacia de los "derechos sociales"


(Lunes, 24 Noviembre 2014)

JAVIER INFANTE 

En nuestra agenda pública actual, la mejor falacia es sin duda aquella que ha comenzado a elaborarse en torno a los mal llamados “derechos sociales”. Porque no existe tal cosa como un “derecho social”. El régimen de derechos afecta únicamente a ciudadanos individuales, y tiene por causa precisamente el proteger al individuo de los abusos de sus pares individuales o de la sociedad dispersa –sociedad civil- u organizada –el Estado-. En consecuencia, un “derecho social” carecería de sujeto. Por el contrario, si yo hago valer –incluso junto a un grupo de amigos o gremio- alguna garantía civil, lo hago a título personal, variando únicamente el recurso –acción individual o colectiva- para exigir la misma, quedando en consecuencia bien definido el sujeto de derecho.

La generalidad que subyace a cualquier “derecho social” da cuenta de que no se trata realmente de un derecho, sino de un mero deseo o expectativa planteada al Estado y la Constitución: educación, salud, vivienda, un medio ambiente limpio, etc. Todo mediante eslóganes pegajosos que no se pueden sostener ni justificar con ningún argumento sólido desde el punto de vista intelectual y práctico.

Pero la realidad es muy distinta. No existe tal cosa como la educación, la salud o la vivienda gratuita. Alguien siempre tendrá que pagar por ellas. Si el Estado se transforma en el prestador, tendrá que echar mano a los fondos públicos. Otra falacia. No hay tal cosa como recursos naturalmente públicos. El Estado, por definición, no crea riqueza. Simplemente distribuye lo expropiado a los ciudadanos. Es decir, quita a algunos mediante el uso de la fuerza –por algo son “impuestos” y no “voluntarios”- y da a otros que en nada contribuyeron a la creación de ese valor expropiado.

La necesaria inclusión de la Moralidad Administrativa como ámbito de protección de la Acción Popular


(Sábado, 15 Noviembre 2014)

Por CIRO AÑEZ 

La acción popular como garantía constitucional se encuentra consagrada en los arts. 135 y 136 de la Constitución boliviana; sin embargo, dicha acción tutelar en los diferentes países no cuentan con los mismos objetos, finalidades y propósitos.

De esta manera, haremos una comparación entre Perú, Colombia y Bolivia sobre esta interesante institución jurídica.

En Perú (art. 200 num. 5 de la Constitución peruana y arts. 75 y siguientes del Código Procesal Constitucional peruano), la acción popular procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane; por lo tanto, tutela la defensa sobre jerarquía normativa de la Constitución o de la ley, es decir es un proceso constitucional de tipo jurisdiccional encargado de control constitucional y legal, contra las normas reglamentarias o administrativas contrarias a la Constitución y a la ley.

En Bolivia a diferencia de Perú, la acción popular constituye una acción de defensa para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados, lo cual implica que guarda cierta similitud con Colombia (art. 88 de la Constitución colombiana).

En ese sentido, aprovecho la ocasión como coautor del libro colectivo “Código Procesal Constitucional de Bolivia” (Editorial Kipus, 2014) para aclarar la pág. 108 de dicha obra, que los procesos constitucionales se podrían clasificar de la siguiente manera: 1) Aquellos que tutelan la dignidad de la persona y los derechos derivados de ella, como ser: acción de libertad (arts. 46 y sgtes del Código Procesal Constitucional - CPCo -), amparo constitución (arts. 51 y sgtes del CPCo), acción de protección de la privacidad (arts. 58 y sgtes del CPCo), acción de cumplimiento (arts. 64 y sgtes del CPCo) y la acción popular (arts. 68 y sgtes del CPCo); y, 2) Aquellos de tutelan la defensa sobre jerarquía normativa de la Constitución o de la ley; entre éstos se encuentran: la acción de inconstitucionalidad abstracta (arts. 74 y siguientes del CPCo) y concreta (arts. 79 y sgtes. del CPCo), además del proceso constitucional sobre conflicto de competencia (arts. 85 y sgtes. del CPCo).

Dentro del ámbito de protección de la acción popular en Bolivia, se encuentran los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, entre estos últimos se encuentran: los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores, derechos de las personas con discapacidad, derecho a la paz, etc.

Sin embargo, las diferencias entre la acción popular de Colombia con la de nuestro país, gravita en el hecho de que la acción popular colombiana posee un carácter preventivo y dentro de aquel ámbito de protección (a diferencia de nosotros), ésta incluye la moral administrativa.

La Moralidad Administrativa fue consagrada en el artículo 209 de la Constitución colombiana como un principio de la función pública, así mismo en el mencionado texto constitucional se estableció como derecho colectivo.

La Corte Constitucional colombiana mediante Sentencia No T-S03 de 1994, definió la moralidad administrativa como el conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social, a diferencia de lo que puede suceder con la moral en general, en el campo de la moralidad administrativa existen conductas no solo generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y hasta penalmente sancionadas, tales como el cohecho por dar u ofrecer, el tráfico de influencias y la celebración indebida de contratos.

La moralidad administrativa es actualmente considerada en Colombia como un principio constitucional que debía ser aplicado como consecuencia del alcance cualitativo del Estado Social de Derecho, que impone otra manera de interpretar el derecho disminuyendo la importancia sacramental del texto legal, pues el Estado de Derecho es bastante más que un mecanismo formal resuelto en una simple legalidad; es una inequívoca proclamación de valores supralegales y de su valor vinculante directo.

Paralelamente a los aportes de la Corte Constitucional colombiana al desarrollo conceptual de la moralidad administrativa como derecho colectivo, el Consejo de Estado también comenzó a estructurar una línea jurisprudencial sobre el tema, definiendo la moralidad administrativa como el desenvolvimiento del servidor público dentro de auténticos propósitos de servicio público, con toda honestidad y desinterés y con absoluto respeto a las normas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones.

De allí que la moralidad administrativa presenta dos diferentes rangos normativos: 1) como principio de la función administrativa; y, 2) como derecho de naturaleza colectiva, dejando en claro que no toda ilegalidad supone una inmoralidad y, en esa misma relación lógica, no toda inmoralidad presupone, necesariamente, una ilegalidad; por ende, es posible que ciertas acciones desconozcan fundamentos éticos o morales – en términos de la función administrativa-, pero no necesariamente constituyan el quebrantamiento de una disposición de rango legal.

De esta manera, en Colombia los ciudadanos que detecten una anomalía en la función pública (Ej.: situaciones donde no se hubieran cumplido las normas de contrataciones públicas o los procedimientos a los cuales debe someterse todo servidor público, etc.), podrían defender el patrimonio nacional y la moralidad pública incoando una acción popular.

Esta situación debería llamarnos a la reflexión para considerar la inclusión de la moralidad administrativa dentro del ámbito de protección de la acción popular en nuestra legislación dada su importante y necesaria utilidad práctica teniendo en cuenta que guarda estrecha relación con el recto proceder de las instituciones estatales y por ende se perfila como un instrumento importante en la lucha contra la corrupción, razón por la cual es indispensable trabajar en la creación del ambiente político necesario para lograr la aprobación de iniciativas tendientes a fortalecer esta institución jurídica; y, en especial como ya se dijo, porque existen conductas no solo generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y hasta penalmente sancionadas.

La libertad en la Ley de Imprenta


(Martes, 29 Julio 2014)

ROBERTO LASERNA

En un anterior artículo señalamos que la Ley de Imprenta tiene por objeto regular la publicación de ideas, cualquiera que sea el medio a través del cual se transmiten o comunican los signos, y cualquiera que sea la persona que lo haga. Se trata de una norma que obliga y defiende a cualquier ciudadano. Estas conclusiones emergen de la propia ley, que se inicia justamente proclamando el derecho de todos a publicar sus pensamientos sin previa censura, señalando como primer responsable al autor de la publicación. De hecho, especifica también que, conocido el autor, es el único responsable ya que “la responsabilidad no es conjunta ni mancomunada sino sucesiva” (Art. 2).

La edad laboral y punible


(Lunes, 21 Julio 2014)

CIRO AÑEZ

 Los países democráticos adoptan leyes que prohíben o imponen severas restricciones al empleo y el trabajo de los niños, especialmente impulsados y guiados por las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, pese a dichos esfuerzos, el trabajo infantil continúa existiendo de forma masiva y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables. Uno de los principales ideales es la eliminación total del trabajo infantil como objetivo último de las políticas y que establezca las consiguientes medidas para lograrlo, y en la que se determinen y prohíban de manera explícita las peores formas de trabajo infantil que se han de eliminar como prioridad.

Garantías constitucionales sobre el derecho a la información


(Martes, 13 Mayo 2014)

JOSÉ LUIS SANTIESTEVAN

En la vida pública el derecho a la libertad de expresión e información es un derecho fundamental de la persona y constituye una garantía para tomar conocimiento pleno de la administración de un Estado.

El trabajo del periodismo, en la vida formal, nace con el Estado Republicano, así, la primera Constitución de 1826, estableció en su artículo 145: Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra, o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta sin censura previa; pero bajo la responsabilidad que la ley determine.

Leyes, legalidad y legitimidad


(Domingo, 27 Abril 2014)

FRANCISCO CAPELLA

Los individuos pueden preguntarse por el por qué o para qué de las leyes, su justificación, legitimación y fundamentación, y la necesidad o conveniencia de su cumplimiento…

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