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La función económica del Derecho


(Lunes, 27 Enero 2014)

CIRO AÑEZ 

Teniendo en cuenta que el positivismo jurídico se encuentra fuertemente arraigado en Latinoamérica, en mi anterior artículo de opinión bajo esta óptica expliqué brevemente que no todo lo legal es ético y los efectos de la hiperlegislación.

Ahora bien, desde un punto de vista económico resulta que el Derecho no tiene independencia ontológica frente al ser humano; de ahí que también no todo lo legal es ético pues las normas jurídicas existen en la medida que son ellas obedecidas, por lo tanto, la moralidad están en las personas y no en las instituciones (como el Derecho) pues éstas últimas cumplen funciones económicas.

Richard Posner en su libro “la economía de la jurisprudencia” explica que un juicio o litigio judicial viene a ser un sustituto del mercado, dado que es un sistema institucional hecho para sustituirlo cuando éste no puede resolver un conflicto; esto ocurre cuando el mercado resulta incapaz en determinar quién puede darle un uso más valioso a un bien, por consecuencia ganará un litigio judicial quien hubiera demostrado y atribuido aquella mayor valoración de uso al bien en disputa. De esta manera, el juzgador se convierte en un maximizador de utilidad social.

La hiperlegislación y la ética


(Domingo, 19 Enero 2014)

CIRO AÑEZ

La ley conforme a la clasificación doctrinal generalizada constituye una de las fuentes principales del Derecho aunque también existe una posición doctrinal de no considerarla como fuente sino únicamente como una expresión material del Derecho.

Desde una perspectiva amplia o material, la ley consiste en toda norma jurídica que regula los actos y las relaciones humanas que son aplicadas en determinado tiempo y lugar. De allí que la ley deberá responder principalmente a los principios de justicia y equidad, por ende entre sus propósitos está la de brindar seguridad jurídica a la sociedad.

El nuevo Código de Procedimiento Civil


(Martes, 24 Diciembre 2013)

PAMELA RAMÍREZ 

Nadie ignora la crisis en la que se encuentra sumido el sistema de justicia, no sólo por el prolongado tiempo que duran los juicios que son verdaderos calvarios para los litigantes, sino también porque la credibilidad y confiabilidad que deben adornar a las autoridades judiciales parecen estar totalmente ausentes.
Con el propósito de abreviar los tiempos de los procesos civiles y facilitar el acceso expedito a la justicia, hace unas semanas se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Civil, que se espera entre en vigencia plena en el año 2014.

Este nuevo texto legal da mayor énfasis a la oralidad en los juicios y a las facultades del juez para establecer la verdad material, así se piensa que se podrá desterrar los formalismos. Por otro lado, la conciliación como vía primaria y expedita para la solución de las controversias. Adicionalmente se dispone también el aprovechamiento de la tecnología, implementando las notificaciones por correo electrónico, entre otros.

No parece haber una clara diferenciación entre la filosofía del aún vigente Código de Procedimiento Civil con el recientemente promulgado; los juicios son mixtos (oral y escrito), el juez tiene todas las facultades para alcanzar la verdad material y también la institución de la conciliación que fue fortalecida con la Ley de Conciliación y Arbitraje de 1997.
La gran diferencia radica en la ejecución del uso de la tecnología para realizar las notificaciones. Este procedimiento suplirá a los oficiales de diligencias.

La evolución del Sistema de Regulación en Bolivia


(Domingo, 09 Junio 2013)

CIRO AÑEZ 

La jurisprudencia constitucional de Bolivia (SSCC N° 0071/2004-R de 16 de julio de 2004, 0104/2004 de 13 de septiembre de 2004 y 0013/2006 de 15 de marzo de 2006), hace referencia al concepto de regulación como la serie de instrumentos mediante los cuales se establecen requerimientos sobre la libre actividad de las empresas. Así, las regulaciones son limitaciones impuestas por los gobiernos a la libertad de los ciudadanos y las empresas por presumibles razones de interés público; similar concepto es mencionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros estudios sobre capacidad de gestión estatal.

En esta misma dirección, se expresan tanto en leyes como en reglamentos y órdenes o actos administrativos producidos en los diferentes niveles de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o autoreguladas que tengan poderes reguladores delegados, las mismas que se clasifican en tres categorías:

1º Regulaciones Económicas, con las que se interviene directamente en decisiones de mercado, a través de decisiones orientadas a regular la fijación de precios, la competencia, la entrada o salida en los mercados. La reforma reguladora trata en este sector de incrementar la eficiencia económica mediante la reducción de barreras a la competencia y a la innovación, a menudo mediante la desregulación y el uso de regulaciones proveedoras de eficiencia, y mediante el mejoramiento de los marcos reguladores para el funcionamiento y la supervisión prudente de los mercados.

La re-reelección: más dudas que certezas


(Lunes, 13 Mayo 2013)

CIRO ANEZ 

El Tribunal Constitucional (TC) mediante Declaración Constitucional 0003/2013 de 25 de abril de 2013, ha declarado la Constitucionalidad de cinco artículos de un Proyecto de Ley denominado “Ley de Aplicación Normativa”, que entre dichas normas, se encuentra el artículo 4 referido a la reelección del actual Presidente y Vicepresidente del Estado.

El Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa” consiste en un Proyecto de “Ley Interpretativo de la Constitución” y por ende existen falencias sustanciales y procedimentales al haber sido elaborado y enviado en consulta al TC, por lo siguiente:

Una decisión que afecta al Estado de Derecho


(Domingo, 05 Mayo 2013)

JOSÉ ANTONIO RIVERA 

El día lunes 29 de abril, el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional ha comunicado que ese órgano constitucional ha adoptado la decisión de declarar la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Aplicación Normativa, emitiendo la Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013; lo que significa que, con la Ley, se habilitará al presidente Evo Morales Ayma a una nueva reelección.

La ofensiva boliviana


(Domingo, 07 Abril 2013)

ALVARO VARGAS LLOSA

El gobierno del Presidente Evo Morales ha vuelto al ataque con motivo de la conmemoración del Día del Mar, fecha muy sensible para sus compatriotas. Ha anunciado que acudirá a La Haya para -en sus propias palabras- “presentar una demanda para retornar al mar con soberanía”.

La Revolución industrial y el Derecho laboral


(Domingo, 31 Marzo 2013)

GUILLERMO CABIESES

El "Derecho laboral" encuentra su génesis en los “abusos” que durante la Revolución Industrial padecieron los trabajadores en las fábricas inglesas. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender al proletariado de las opresoras garras del gran capital.

Los Delitos de Corrupción


(Domingo, 24 Marzo 2013)

CIRO AÑEZ

(Introducción a su libro "Los Delitos de Corrupción")

¿Qué hacer como sociedad contra el ataque de la corrupción?, fue la pregunta que me lanzó en una entrevista un periodista de una Revista especializada en Economía, teniendo en cuenta el impacto que conlleva este flagelo a la economía y a la sociedad.
Esta interrogante me dio la oportunidad de considerar detenidamente de que en más de una década de mi vida profesional era por demás de evidente que esta batalla se ha realizado de forma invariable, no solo en Bolivia sino en los demás países, mediante dos frentes de ataque comunes y bien definidos: 1) arremeter contra los actos de corrupción mediante leyes drásticas y mecanismos de persecución a través de autoridades competentes y 2) potenciando las instituciones públicas de persecución; sin embargo, el resultado ha sido siempre el mismo: la corrupción continúa y en algunos casos se ha acrecentado.

Captación de inversiones y protección de derechos


(Domingo, 03 Marzo 2013)

CIRO AÑEZ

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la posibilidad de contar con una Ley de Promoción de Inversiones constituye una buena noticia para el empresariado pequeño, mediano e industrial, dado que presupone que se garantizarán los derechos y las libertades constitucionales de las personas y por consecuencia esto traerá consigo mayores oportunidades de negocio y productividad.
En Bolivia actualmente existe un proyecto de ley que ha sido diseñado para las inversiones que se originan entre la sociedad y el Estado, y aquellas que son desarrolladas entre las instituciones públicas. El éxito de una ley de esta naturaleza es que atraiga al inversionista tanto nacional como extranjero. De allí que dicha ley debería contar con un enfoque destinado a brindar las garantías inherentes a la inversión privada, de las cuales a continuación citaré algunas de ellas:

a) derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación entre empresas en función a la titularidad estatal del capital y también entre inversionistas y empresas. En este último aspecto, por ejemplo, en lo concerniente al valor del tipo de cambio monetario más favorable, precios, tarifas o derechos arancelarios, etc.;

b) derecho a la propiedad privada prevista en el art. 56 de la Constitución;

c) libertad de empresa e industria prevista en el art. 52 de la Constitución;

d) libertad de comercio tanto interno como exterior previsto en el art. 47 de la Constitución;

e) derecho de las empresas a acordar libremente la distribución de utilidades y dividendos, así como el derecho de los inversionistas a percibir la totalidad de sus utilidades que le corresponda;

f) derecho a desarrollar la actividad económica de su preferencia;

g) derecho a la propiedad intelectual e industrial;

h) respeto al principio de reserva legal en materia tributaria, esto es: la imposición legal de que el tributo únicamente se crea, interpreta y aplica conforme a la norma y acorde a procedimientos especiales predeterminados; etc.


De esta manera es posible evitar el surgimiento de mercados cautivos que únicamente genera mercantilismo el cual beneficia a unos cuantos en detrimento de la productividad real, el desarrollo y crecimiento económico armónico en igualdad de condiciones y oportunidades a favor de la sociedad, el Estado central y las entidades autónomas.

En el ámbito de los incentivos a la inversión previsto en el capítulo V del referido proyecto de ley, no se debiera descartar la posibilidad al inversionista de que éste pueda suscribir contratos de estabilidad jurídica con el Estado basados en el principio de proporcionalidad en la adopción de instrumentos de intervención eficientes (con respecto a la asignación) y equitativos (con respecto a la distribución), donde también se garantice la temporalidad (por ejemplo: en un periodo de diez años) en el uso y goce de derechos, como ser: la estabilidad en el régimen tributario; la libre disponibilidad de divisas; estabilidad en el régimen de exportación; estabilidad en el régimen de contratación laboral en todas sus modalidades; derecho a la no discriminación; etc.

En este sentido, llama la atención que no se encuentre previsto el principio de proporcionalidad en el art. 3 de dicho proyecto de ley, puesto que el “respeto mutuo y equidad” no es lo mismo al concepto de “proporcionalidad y equidad”.

Siguiendo el espectro de los incentivos, el Estado también debiera promover por esta vía las zonas francas industriales, comerciales y parques industriales con la finalidad de aumentar la producción nacional y suscitar mayor empleo.

Por otro lado, una norma que podría causar un efecto desalentador es el artículo 11 inciso d) del citado proyecto de ley pues impediría el flujo de mayor inversión debido a que “el Estado no avalará ni garantizará contratos de crédito externo o interno suscritos por personas naturales y jurídicas de derecho privado nacionales y extranjeros”, siendo que éste es en un mecanismo habitual y posible para generar mayores oportunidades en procura de mayor inversión.

Desde la perspectiva de la sistematización jurídica resulta reprochable aquel hábito de crear delitos en leyes no penales lesionando el principio de la última ratio del Derecho Penal, pues lo correcto sería que aquellas normas no penales se encarguen de derivar los hechos ilícitos emergentes al Código Penal; por ejemplo, la disposición adicional cuarta del proyecto de ley en cuestión, crea un tipo penal denominado “invasión o destrucción de la inversión estatal” el cual se encuentra exento del debido análisis previo que determine si realmente se trata de un hecho que merece protección y cuál sería el bien jurídico a proteger, etc.

En otras palabras, no se debiera apostar de primera mano por la represión punitiva y de acuerdo con el trato equitativo es menester que los niveles de protección deban ser similares tanto para los privados como para las empresas estatales.

Cabe hacer notar que en la actividad económica los sectores de servicios e industriales están inmersos a cambios tecnológicos constantes, lo cual justifica la búsqueda de inversión en conocimiento y tecnología. Por ejemplo, en la agricultura, carece de sentido ensimismarse en la producción ineficiente y costosa de alimentos cuando es posible conseguir mejores condiciones de vida para los trabajadores y disminuir los índices de pobreza mediante la especialización y uso de la tecnología en aquellos rubros en los que se es eficiente y se le puede agregar valor a la producción.

La globalización no debe ser analizada como algo exclusivamente negativo pues también genera una serie de convenientes para las economías emergentes y los países de renta media, como Bolivia; daré tres ejemplos: 1) la crisis alimentaria global, debiera ser vista como una oportunidad en generar mayor producción y para ello es menester incentivar el comercio internacional, el conocimiento especializado y la tecnología; 2) Si mi negocio consiste en las comunicaciones es por demás sabido que la globalización de las tecnologías ha llegado a dicho sector de manera satisfactoria y de forma muy prometedora; y, 3) Del mismo modo, supongamos que mi negocio corresponde al sector mueblero, actualmente existe una multitud de tendencias e innovaciones en cuanto a diseño y materiales que generan grandes oportunidades.

Por lo tanto, es aconsejable que el Estado promueva y aliente la investigación, la ciencia y la tecnología e incentive el crecimiento empresarial tanto nacional como foráneo.

En lo concerniente a la solución de controversia es positivo que el capítulo VI de dicho proyecto de ley incluya a los tribunales arbitrales pero al mismo tiempo también se debiera examinar la posibilidad de incluir procedimientos de referencia obligatoria en los tratados de inversión que prevean consultas con organismos expertos o con mecanismos arbitrales en materia de legislación sobre los Derechos Humanos.

Finalmente es bueno recordar que la búsqueda de la prosperidad económica de un país no se encuentra únicamente en la promulgación de leyes o provocando una inflación normativa sino más bien a través de la prudencia y la sana ortodoxia económica, lo cual incluye una secuencia de factores, entre ellas: el equilibrio fiscal, reducción del gasto público, control de la inflación, limitación de la deuda externa, flexibilización del sistema de contratación, apertura de mercados, certidumbre jurídica, calidad institucional, respeto de derechos y libertades, etc.

Abogado constitucionalista

La reelección y la estrategia "envolvente"


(Domingo, 24 Febrero 2013)

CAYO SALINAS 

En octubre del pasado año escribí en este mismo espacio en sentido que la verdadera prueba del TC iba a pasar por la interpretación a la Disposición Transitoria Primera-II de la CPE. Bajo ese razonamiento, con un buen amigo cavilé en sentido que antes a que eso ocurra, la estrategia apuntaba a limpiar la imagen del TC con una serie de fallos que en principio podrían considerarse “contrarios” a los intereses del Gobierno, a efecto que cuando deba hablarse de reelección, nadie dude de la certeza de su palabra que a la fecha, ya se ha materializado con i) la inconstitucionalidad de aplicar retroactivamente tipos penales no vigentes a tiempo del ilícito; ii) la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Marco de Autonomías que permitía la suspensión de autoridades electas con simple acusación y, iii) la exclusión del desacato de nuestro ordenamiento penal.

La pregunta ahora es: ¿el TC efectivamente es independiente del poder político y podrá llevar a cabo una interpretación de la Constitución desde la Constitución?

El TC: entre la espada y la pared


(Domingo, 09 Diciembre 2012)

WALDO TORREZ 

No existe Estado de Derecho si al mismo tiempo no existe la tutela efectiva de los derechos individuales y generales. La Constitución sería una mera carta de intenciones si sus "derechos” y sus “garantías” resultaran fácilmente vulnerados por el arrogante poder político, más propenso a la imposición que al pacto. No existe falla en el sistema, el Legislativo debe someterse a estas restricciones como poder constituido.

Es comprensible el interés del Estado de castigar los delitos, pero aun en caso de flagrancia y antes de la sustanciación de un proceso, no puede existir coerción estatal. La Constitución establece que la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el ser oído en juicio, y a un juicio justo, son derechos fundamentales, desconocerlos no es solo inconstitucional, sino que atenta contra la lógica jurídica de los Tratados Internacionales sobre DDHH ratificados por el país, los que prevalecen en el orden interno, aun por sobre lo estipulado en la Constitución.

Control social y Lucha contra la Corrupción


(Domingo, 02 Diciembre 2012)

CIRO AÑEZ

El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades.

Existen dos clases de control social: 1) el positivo o de acción y 2) el negativo, de respuesta o de reacción. El primero, parte del criterio que en cualquier organización social, desde las más primitivas hasta el Estado moderno, requiere de un consenso de los miembros para establecer un conjunto de reglas y principios; y, para asegurar dicha conformidad, la organización social dispone de recursos cuyo objetivo es asegurarse que los comportamiento de sus miembros se someterán a ese conjunto de reglas y principios establecidos; y, el segundo, consiste en la respuesta que da a los transgresores, esto es, a los que al haber desconocido las reglas y principios señalados, son definidos como indeseables, corruptos, enemigos.

La Extinción de Dominio


(Domingo, 18 Noviembre 2012)

CAYO SALINAS 

Me ha parecido serio y propio de un cargo como el que ocupa Rebeca Delgado, que ésta haya recomendado al titular de Gobierno mayor cuidado a la hora de remitir proyectos de ley para su tratamiento legislativo. La Presidenta de Diputados no pudo haber actuado de otra manera si consideramos que la propuesta de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, jurídicamente hablando, atenta contra las garantías constitucionales reconocidas para todo ciudadano.

La Constitución cuando se refiere a la propiedad privada establece que toda persona tiene derecho a la misma, por lo que a tiempo de garantizar el ejercicio de dominio sobre aquella, fija tres presupuestos insoslayables: que cumpla una función social, que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo y que a la muerte de su titular, sus herederos la detenten. La única limitante que recoge como mecanismo para negar el derecho de tenencia de un bien inmueble es la expropiación, que se impone por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa en favor del propietario.

Legisladores "amateurs"


(Lunes, 12 Noviembre 2012)

WALDO TORREZ

Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y proyectos de ley motivan algunas reflexiones: Las normas internacionales de los DDHH tienen preeminencia en su aplicación no solo sobre las leyes nacionales, sino también primacía sobre la propia Constitución, a la que limitan su potestad mediante restricciones. Esta internacionalización consolida los DDHH en el país, al estar protegidos por la comunidad internacional contra excesos ilegales del poder político. En el marco de la lógica, el respeto se debe tanto a las normas internacionales de DDHH, como a la Constitución, pero a esta última, sólo en la medida en que se conforme con aquellas. Quien lo ignora, o desprecia, es el legislativo al dictar inadvertidamente normas y leyes incompatibles con las normas internacionales de DDHH.

Polémico Proyecto de Ley


(Lunes, 12 Noviembre 2012)

CIRO AÑEZ

El polémico proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado que fue recientemente derivado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional adolece de varios artículos inconstitucionales, entre ellos cabe citar los siguientes:

1.- El art. 3 –II, establece: “la acción administrativa de extinción de dominio de bienes a favor del Estado es independiente, no jurisdiccional, de aplicación preferente a cualquier acción que se haya iniciado, sin necesidad de sentencia penal previa contra el titular del bien”. Esta norma es totalmente contraria a la Constitución, pues es inaudito de que a simple sospecha (sin que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada) sean arrebatados los bienes de las personas, vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, previsto en el art. 116-I de la Constitución.

Polémica "Ley de extinción del derecho propietario a favor del Estado"


(Domingo, 04 Noviembre 2012)

VÍCTOR GUTIÉRREZ 

El Gobierno a título de lucha contra la corrupción pretende aprobar una ley a todas luces violatoria del ordenamiento legal vigente, de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Dicha ley ha sido denominada de manera eufemística como “Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado”, cuando en esencia la ley proyectada no es más que una ley de carácter confiscatorio dado que a sola denuncia y en forma casi simultánea los bienes del “denunciado” en cuestión, pasarán a dominio del Estado, otorgándosele al denunciado nada menos que el plazo de cinco días para que demuestre el origen lícito de sus bienes. Y por si fuera poco establece supuestos mecanismos de impugnación ante la misma autoridad que dispuso la confiscación de sus bienes.

El trabajo del Tribunal Constitucional


(Domingo, 28 Octubre 2012)

EDUARDO BOWLES

El Tribunal Constitucional (TCP) ha estado emitiendo señales que podrían generar algún tipo de entusiasmo sobre la restauración del Estado de Derecho en Bolivia. Recientes fallos han generado incomodidad en el régimen político gobernante porque, a simple vista, este se quedaría despojado de los mecanismos de persecución que ha estado aplicando en estos siete años y que le han servido con mucha eficacia para sacar del camino a los líderes de la oposición.

La primera de las determinaciones del TCP la tomó a principios del mes pasado cuando admitió una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, que facilita la suspensión de alcaldes y gobernadores a simple presentación de una imputación fiscal. Cuando se pensó que la seguidilla de golpes de Estado había terminado, el máximo organismo judicial aclaró que la norma en cuestión sigue vigente y como para ejemplificarlo, en San Ignacio de Velasco acaba de ser suspendido el alcalde. La decisión del TCP tampoco impidió el oprobio sufrido por el alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani.

Una buena decisión


(Domingo, 28 Octubre 2012)

VÍCTOR GUTIÉRREZ

En las últimas horas se han hecho públicas dos sentencias constitucionales pronunciadas por el actual Tribunal Constitucional. La primera de ellas que declara la inconstitucionalidad de la figura penal del desacato por ser este ilícito penal un viejo resabio dictatorial, cuya finalidad era la de atentar contra el derecho a la libre expresión de la ciudadanía que se veía amordazada y casi impedida de ejercer en los hechos su derecho a la crítica respecto del accionar de un determinado funcionario público, dado que si lo hacía se veía expuesto casi en forma inmediata a ser encausado penalmente por sus expresiones por parte del funcionario público en cuestión, que para materializar su acción intimidatoria contaba con el apoyo del Ministerio Público.

De ahí que, a título de desacato, tenemos procesos judiciales instaurados curiosamente la mayoría de ellos en contra de todos aquellos que son parte de la oposición política. A tal punto que por la vía de la amenaza de enjuiciamiento penal por el ilícito de desacato tenemos a gente llena de temor ante la posibilidad de ser, de la noche a la mañana, enjuiciada y sentenciada a penas privativas de libertad nada más que por haberse atrevido a cuestionar y/o criticar el desenvolvimiento del Gobierno.

A propósito de la función interpretativa del Tribunal Constitucional


(Domingo, 14 Octubre 2012)

HORACIO ANDALUZ

El colaborador de Página Siete Franz Barrios González sostiene que “el párrafo II del artículo 196 [se] refiere a la preferencia con la cual el Tribunal Constitucional aplicará su criterio de interpretación, que a decir del tenor literal de su texto es la voluntad del constituyente” (“La función interpretativa del Tribunal Constitucional”). No es así.

El artículo 196.II es una cláusula de interpretación: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. No dice que preferirá un criterio al otro, sino que preferirá ambos: “con preferencia” uno “así como” el otro, que es lo mismo que “con preferencia” uno “y” el otro.

La determinación de su significado jurídico es más compleja que la lectura de su texto. Si ambos criterios deben aplicarse “con preferencia”, entonces otros criterios también pueden aplicarse, pero sin tal carácter preferente. Por su contenido, “con preferencia” no es una prohibición, sino un permiso: autoriza a servirse de otros criterios, frente a los cuales tienen preferencia los mencionados en la cláusula. Por tanto, la cláusula de interpretación no confina a la aplicación de sus criterios, sino que obliga al Tribunal a justificar su inaplicación, cuando existan razones excluyentes para hacerlo (razones que justifiquen que, a pesar de inaplicarlos, no está incumpliendo la Constitución). Hasta aquí se extiende su sentido normativo.

Que esto complejiza la labor del Tribunal, es un hecho: es el costo de haber direccionado desde la Constitución su capacidad interpretativa. Pero que es eso lo que le toca hacer, es también un hecho: del custodio de la Constitución no se espera que la custodie incumpliéndola. Y que es esto lo que hasta el momento no ha efectuado, es otro hecho: (1) En unos pocos casos, el Tribunal ha dicho inaplicar el artículo 196.II con la cobertura del artículo 256.II, que no es alternativa al primero, sino expresión de la vocación existencial de la Constitución: garantizar el ejercicio de los derechos, de lo que el artículo 196.II es tan sólo instrumento.

Más allá del lenguaje, el acto interpretativo, como tal, es metodológicamente correcto, porque tiene apoyatura en la relación de medios a fines que vincula a ambos artículos (por todas, STC 773/2011 RAC).

(2) En menos casos aun, los disidentes con la mayoría han justificado sus votos en la insuficiencia de la cláusula de interpretación. La diferencia con el supuesto anterior es solamente retórica. También aquí aplican el artículo 256.II, aunque sin citarlo. Por tanto, también aquí el acto interpretativo en sí mismo, velado por el texto, es acertado (por todos, voto disidente a la STC 270/2011 RAC).

(3) Pero en la mayoría de los casos, la cláusula de interpretación simplemente ha sido pasada de largo: el Tribunal no justifica que sus decisiones estén fundamentadas en sus criterios, ni justifica tampoco que se fundamenten en otros.

Horacio Andaluz Vegacenteno tiene una Maestría en Derecho Constitucional otorgada por la Escuela de Leyes de Harvard. 

Tomado de paginasiete.bo

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