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Libertad económica, función empresarial y Derecho Mercantil


(Miércoles, 31 Mayo 2017)

LEONARDO GONZÁLEZ 

Resulta imperativo comentar que en lo relativo a la libertad económica, para que la misma se desarrolle plenamente, esta debe inicialmente girar en torno al concepto de “libertad”

Reforma Tributaria en Bolivia


(Martes, 16 Mayo 2017)

CIRO AÑEZ 

Las reformas al Código Tributario desde la perspectiva del contribuyente no han reducido el gran peso que representa ser formal; por lo tanto, el camino de solución no es mediante estrangulamiento al formal ni apostando a la represión tributaria para lograr recaudaciones históricas jactanciosas sino que ameritaría un cambio de paradigma más orientado hacia el sentido común y la verdad material.

Es menester entender que el tema tributario no puede verse de manera aislada del gasto público.
Los tributos sirven para financiar el gasto público, por lo tanto, se debiera avanzar hacia un consenso sobre qué tamaño de Estado queremos a mediano plazo, con lo cual podemos definir qué nivel de presión tributaria se necesita.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela


(Miércoles, 12 Abril 2017)

RAMIRO ARÍAS

Históricamente la democracia representativa ha sido un objetivo esquivo en buena parte de los países de las Américas, cuyos sistemas políticos cíclicamente han enfrentado procesos de autoritarismo, concentración de poder, falta de pluralismo y restricciones a las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Es por ello que desde que se conformó la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1948, se planteó como uno de sus propósitos promover conjuntamente las instituciones de la democracia. Con ese fin, durante los últimos 25 años, la región ha ido construyendo un patrimonio jurídico y doctrinal de declaraciones, resoluciones y actas que configuran un sistema colectivo de defensa de la democracia. Hoy, para el derecho internacional americano la democracia no es un sistema indefenso. Los ciudadanos del continente son titulares del derecho a la democracia y los gobiernos del deber de protegerla.

Alcances y efectos del Referendo Constitucional


(Martes, 04 Abril 2017)

JOSÉ ANTONIO RIVERA

Como parte de los argumentos, para forzar un nuevo intento de reformar el art. 168 de la Constitución, para habilitar a Evo Morales Ayma a una nueva reelección, se ha expresado que no existe una norma jurídica que prohíba realizar varias veces un referendo constitucional aprobatorio de una reforma constitucional. Ese argumento resulta inconsistente.

Las Leyes


(Miércoles, 08 Marzo 2017)

DANIELA ESCOBAR 

Hemos olvidado o simplemente no nos damos cuenta de que perdemos libertad a medida que distintos temas salen de la esfera privada para ser regulados por aquel grupo de voluntades disímiles que habitan el congreso.

Muy pocas veces o quizá ninguna nos hemos cuestionado acerca de cómo está planteado nuestro sistema de creación de leyes por parte de una institución democrática.

Sobre el proyecto de Reforma del Sistema Penal boliviano


(Martes, 17 Enero 2017)

CIRO AÑEZ

El día martes 13 de diciembre del año pasado, se realizó un acto en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde fue anunciado un proyecto de ley sobre la reforma al codigo penal bolivano. Sin embargo de que ningún asistente recibió un ejemplar para su lectura, entre los colegas abogados circula actualmente un proyecto ley que trae consigo varias novedades, a continuación señalamos algunas de ellas:

Reelección presidencial


(Miércoles, 14 Diciembre 2016)

VICTOR PAVÓN 

Cada vez que se escucha sobre la reelección presidencial en cualquier país,

La prescripción del delito


(Miércoles, 23 Noviembre 2016)

WILLIAM HERRERA

A propósito de la acusación contra Samuel Doria Medina por supuestos hechos ocurridos hace más de 20 años, existe la figura de la prescripción del delito que conlleva la extinción de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo que fija la ley. El tiempo de la prescripción dependerá de la gravedad y la naturaleza de cada delito en particular. El legislador establece los plazos como una manifestación concreta del ius puniendi, que tiene el Estado. Esta es una garantía para el imputado pues cuando se declara probada la prescripción del delito, lo libera de la persecución penal y para el Estado representa una sanción porque no puede continuar ejerciendo la acción penal que estaba obligado a promover.

¿CPE?: "Yo, le meto nomás" (I)


(Lunes, 24 Octubre 2016)

IVÁN ARIAS

Nada dura para siempre y los actuales gobernantes tienen que empezar a tomarlo muy en cuenta porque sus violaciones a las normas, pero ante todo a la Constitución Política del Estado (CPE), son varias y, a no dudar, deberán rendir cuentas algún rato. Eso de "yo le meto nomás” es folklórico, pero aplicado a la gestión pública es catastrófico y sus desastrosos impactos en la realidad nacional los estamos viendo en todos los aspectos. Gracias al apoyo de la doctora Alejandra Prado, hacemos una breve relación de las violaciones de la CPE aprobada en 2009.

Sin carrera judicial no habrá independencia judicial en Bolivia


(Martes, 04 Octubre 2016)

EDDIE CÓNDOR 

La Constitución Política del Estado (art. 178-II) establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.

La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje –fijo– del presupuesto general del Estado, suficiente que viabilice los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permita atender sus gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones conforme a su presupuesto y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.

Inseguridad jurídica


(Martes, 04 Octubre 2016)

GABRIEL BORAGINA 

El concepto de seguridad jurídica como el de su antagónico (la inseguridad jurídica) es, como hemos dicho en otras oportunidades, una noción de carácter relativo atendiendo (y dependiendo) el marco institucional vigente en un país determinado. Como hubiéramos referido, variará según sea el enfoque socio-jurídico-filosófico de lo que se tenga por "orden jurídico", ya que cabria la posibilidad -y lamentablemente ha sucedido históricamente con demasiada frecuencia- que una determinada sociedad tuviera la visión de "orden jurídico" como aquel "orden" impuesto por una autoridad que, encaramada en el estado-nación entendido como institución, impartiera el mismo de manera completamente discrecional.

Así, en otras épocas, el "orden jurídico" era el que dictaba el rey, monarca, emperador, cónsul, Duce, Führer o jefe carismático, voluntario o involuntario, de un determinado lugar, nación, país o continente. Desde este punto de vista, cuando se habla de un "estado de derecho" en realidad se está aludiendo a un "estado" representado por la voluntad de una persona, o de un grupo dominante (aunque relativamente pequeño) de personas que constituyen una élite gobernante y que definen lo "que es" el "derecho" desde sus respectivas posiciones de poder.

Frente a este enfoque -que fue mayoritario durante buena parte de nuestra historia antigua y reciente- se alza otra opuesta, que identifica el orden jurídico y –correlativamente- la seguridad jurídica con el reconocimiento de ciertas instituciones tales como la propiedad privada y los derechos individuales. Por lo que, conforme uno se posicione en una u otra perspectiva, lo que se entienda por "inseguridad jurídica" será sustancialmente diferente. En la primera descripta, la seguridad jurídica será aquella que emana del edicto real, o imperial, o del estado totalitario. En una palabra, lo que el jefe o director defina como tal. Desde la segunda, la seguridad jurídica será aquella otra donde un orden legal personal o impersonal garantice los derechos individuales en lugar de definirlos. Desde esta segunda posición, se ha dicho (en el marco del tema referido al denominado "estado de necesidad") por ejemplo que:

Derecho y libertad


(Martes, 13 Septiembre 2016)

GORKA ETXEBARRÍA

En épocas de inflación legislativa como la nuestra, donde cada segmento de la vida individual está sometido a un reglamento, norma o decreto, la libertad es un bien escaso, cuando no prácticamente inexistente.

Contra los excesos de las leyes, hay quien utiliza el llamado Derecho Natural para defender, antes de que el Estado se lance a dictar norma alguna, que todo hombre posee unos derechos inalienables y que nadie puede vulnerar: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Evidentemente, este enfoque es el más razonable para desmontar el llamado positivismo jurídico, que subraya que sólo la norma escrita es ley. El más famoso representante de esta corriente de pensamiento es Kelsen, autor al que despedaza Bruno Leoni en el libro que reseñamos aquí: Lecciones de filosofía del derecho.

Leoni no se dejó engañar por la grandeza de la obra de Kelsen, un autor que, poco después de que Hitler llegara al poder y tener que salir corriendo de Alemania, camino de los Estados Unidos, reconoció que quizá las normas tenían límites que el Estado no podía sobrepasar. Pero ya era demasiado tarde: Hitler había impuesto su terrible tiranía utilizando la ley y respaldado por juristas relevantes como Carl Schmitt.

El daño resultó irreparable. Al dejar que el Estado no tenga más límite que sí mismo, la libertad desaparece de la escena social. Habrá quien piense que las Constituciones pueden servir de muro de contención, pero, como dijo Anthony de Jasay, son tan eficaces como poner a una doncella un cinturón de castidad y dejarle a mano la llave: aunque los acontecimientos se posterguen un poco, al final la naturaleza prevalecerá.

Políticas y "derechos sociales"


(Martes, 02 Agosto 2016)

GABRIEL BORAGINA

A veces se denomina "el estado social" a aquel estado-nación donde su política legislativa se orienta al establecimiento y jerarquización de los llamados "derechos sociales" instituyendo esta categoría como de rango superior a la de los clásicos derechos individuales. En alguna época ya pasada, aproximadamente entre los siglos XVIII y comienzos del XX, la noción de derecho se identificaba casi plenamente con la de los derechos individuales. No se concebía que la palabra "derecho" se refiriera a otra cosa. Fue cuando surgió la de los "derechos sociales" -que buscaban distinguirse de los individuales- cuando se hizo necesario aclarar, a todo instante, de qué clase de derechos se estaba hablando.

La expresión "derechos sociales" se impuso como una categoría que, no sólo pretendía separarse de la de los análogos individuales, sino que procuraba -por sobre todas las cosas- mostrarse como una "etapa evolutiva" desde estos hacia aquellos y –al mismo tempo- subordinar (y con el tiempo eliminar o suprimir) tales derechos individuales en pos de los "sociales" para siempre. Esta y no otra fue la pretensión del socialismo desde su aparición con los utópicos -como K. Marx los tildó- pasando por los socialistas "científicos" de este, hasta los actuales "socialistas del siglo XXI".

Es por esta misma razón que, los países donde se ensaya el sistema comunista se declaran los "campeones" de los "derechos sociales". Un buen ejemplo es el de Cuba, de la que se nos dice:
"Los mal llamados derechos sociales, se vinculan con la satisfacción de ciertos requerimientos propios de la vida humana, tales como salud, vivienda, educación, etc.....Quizás los dos ámbitos donde resulte más claro sean el educativo y el laboral. En el primer caso, el castrismo se jacta de un alto porcentaje de niños en las escuelas. Pero la realidad es que dichos establecimientos escolares son en primer lugar, instrumentos para controlar las ideas que estarán al alcance de los ciudadanos, e impedir que tengan acceso a otras, consideradas peligrosas.

El Rule of Law, un legado británico protector de los derechos individuales


(Lunes, 27 Junio 2016)

ANDREA VON ROTH 

Es uno de los logros más importantes del sistema político anglosajón para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, y muy especialmente del gobierno.

Se podría traducir como el imperio o la soberanía de la Ley frente a las arbitrariedades o caprichos del gobernante y fue, en sus inicios, una conquista de la tradición jurídica y política británica en su esforzada lucha contra las prerrogativas del Parlamento y de la Corona. La filosofía inspiradora de la Rule of Law se propagó por la Commonwealth y se trasvasó luego al continente europeo mediante el concepto del "Estado de Derecho" (Rechtsstaat o état de droit).

Podríamos diseccionar la Rule of Law, en cuatro conceptos o principios básicos interrelacionados que permiten hablar de la grandeza del imperio de la ley, sin los cuales no podría hablarse de la existencia de la misma en un ordenamiento jurídico:

Principio de generalidad: La ley no debe saber de antemano a quién va a afectar. Si se supiera, no sería garantía de objetividad. La ley debe, ante todo, ser neutral.

Principio de igualdad: Todos somos iguales ante la ley y, por tanto, esperamos un tratamiento de las normas igual para todos sin que se tome en consideración nuestras posesiones, alcurnia, poder, facultades o cualquier otra circunstancia personal.

Principio de certeza: Debe haber una uniformidad de las leyes a lo largo del tiempo (esto es así, sobre todo, con las leyes no escritas del Common law) para que sean conocidas e interiorizadas. La interpretación de los jueces reforzaría su certeza y sus destinatarios preverían con bastante exactitud las consecuencias futuras de su aplicación. El "Estado de Derecho" continental se separa radicalmente en este punto de la Rule of Law anglosajona en que la certeza es atributo exclusivo de ley escrita y publicada. En los estados europeos continentales la certeza de la ley es sinónima de norma publicada en un diario o boletín oficial.

Explicando el sistema de arbitraje


(Martes, 26 Abril 2016)

ALFREDO BULLARD 

Giosue Cozzarelli era aspirante a Miss Panamá en el 2009. Durante el concurso le pidieron que comentara una frase de Confucio. Al responder dijo que Confucio “fue un chino japonés que había inventado la confusión”.

El congresista Juan Carlos Eguren me ha hecho recordar a la despistada candidata a reina de belleza. Ha propuesto varias modificaciones a la ley de arbitraje que demuestran no solo que habla de lo que no sabe, sino que parece atrapado en la confusión inventada por el ficticio Confucio del concurso de belleza.

Cuando las partes pactan un arbitraje pueden someterse libremente a las reglas de una institución arbitral (como las de la Cámara de Comercio de Lima) o decidir no hacerlo.

¿Qué beneficios te da una institución arbitral? Primero, se encarga de administrar y organizar el arbitraje. Segundo, suele dar el servicio de entidad nominadora, es decir de nombrar árbitros en caso de omisión por las partes o por los árbitros. Y tercero —que yo diría es el más importante—, protege el arbitraje, creando una marca de prestigio que sea sinónimo de imparcialidad, eficiencia y transparencia.

Violación de la soberanía económica


(Martes, 05 Abril 2016)

JOSÉ LUIS SANTIESTEBAN 

La Constitución Política del Estado es la única norma nacional aprobada por voto mediante referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. Para entender la violación a la soberanía económica del Estado, es necesario transcribir la norma fundamental Art. 320. “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.

El ITF como restricción al ejercicio del derecho a la propiedad privada


(Martes, 19 Enero 2016)

CIRO AÑEZ 

El Impuesto a las Transacciones Financieras, más conocido como ITF, es un impuesto que nace con una característica temporal pero en realidad se ha mantenido por varios años.

Con la aprobación de la Ley de Ampliación del ITF de fecha 1 de julio de 2015 resulta que hasta el 31 de diciembre del año pasado la alícuota de dicho tributo era de 0,15%, ahora en este año (2016) se implementará un gravamen progresivo hasta 2018, por cuanto esta nueva ley modifica el gravamen y define una alícuota gradual de 0,20% en 2016; de 0,25% en 2017, y de 0,30% en la gestión 2018

La justicia que queremos: mito o realidad


(Lunes, 04 Enero 2016)

CARLOS ALARCÓN  

Estamos tan frustrados, decepcionados, escépticos y defraudados los bolivianos de no poder contar con un sistema de justicia que se encuentre a la altura de nuestros sueños, deseos, anhelos, aspiraciones y necesidades, que desde la fundación de la república venimos arrastrando este drama y no lo hemos podido resolver hasta ahora. Es más, en los tiempos de la revolución democrática y cultural este problema se ha agravado exponencialmente, configurando uno de los peores escenarios históricos vividos en el país.

Bolivia, relaciones internacionales y oportunidades perdidas


(Lunes, 28 Diciembre 2015)

KAREN LONGARIC

Evo Morales obtuvo una victoria contundente en las elecciones generales de 2005 y como primer presidente indígena de América conmovió al mundo durante la gira internacional que realizó antes de asumir el mando, vistiendo una sencilla chompa a rayas. Personalidades y líderes extranjeros le expresaron simpatía y apoyo y su liderazgo fue en ascenso.

¿Qué es un derecho?


(Jueves, 03 Septiembre 2015)

ALBERTO BENEGAS LYNCH 

Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

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