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El límite del derecho propio es el derecho de los demás


(Miércoles, 22 Noviembre 2017)

CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN

Para mantenerse indefinidamente en el poder simulando democracia, los regímenes del castrochavismo realizan múltiples e ilegales maniobras constitucionales, judiciales y electorales en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. La constante de estas manipulaciones es la violación de los derechos humanos. Ahora en Bolivia, el tribunal constitucional del régimen tiene lista una sentencia declarando “como derecho humano que Evo Morales se reelija indefinidamente”, violando así los derechos humanos de todos los bolivianos porque el Art 32, 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José manda que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

Es principio universal que “el derecho propio tiene por limite el derecho de los demás”. Es fundamento del “estado de derecho” destinado a garantizar que en casos como el de Evo Morales no hay derecho frente a la libertad y a los derechos políticos de todo un pueblo. Así lo manda precisamente el Art. 23 del Pacto de San José (que invoca el régimen dictatorial boliviano) cuando consagra los derechos políticos como “derechos de todos los ciudadanos” que deben cumplirse en “igualdad de condiciones”.

Si de verdad se respetaran los derechos humanos en Bolivia


(Jueves, 19 Octubre 2017)

JOSÉ ANTONIO RIVERA 

Desde que un grupo de diputados del MAS presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, pidiendo que dicho Tribunal declare la inconstitucionalidad de los Arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026 y declare la inaplicabilidad de los Arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución respecto a la limitación de la reelección por una sola vez de manera continua, los diputados y senadores del oficialismo, ministros de Estado y ex autoridades vinculadas al MAS sostienen con énfasis, no sé si con firme convicción, que los derechos humanos deben ser respetados, resguardados y protegidos, por lo que los tratados y convenciones internacionales deben ser aplicados con preferencia a la Constitución, que para ello las autoridades deben realizar control de convencionalidad declarando inaplicables las normas de la Constitución que contradigan a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, invocando para ello la norma prevista por el art. 256.I de la Constitución.

Las referidas expresiones, normalmente debieran alegrarnos a los bolivianos y bolivianas, porque un respeto, resguardo y garantía efectiva de los derechos humanos por parte del Estado pacificaría nuestra Sociedad y mejoraría la calidad de vida; lamentablemente no nos alegra; al contrario, nos genera profunda preocupación, porque se trata de una mera instrumentalización y grosera utilización del concepto de primacía de los derechos humanos para lograr un propósito político de perpetuarse en el ejercicio del poder, infringiendo los principios democráticos y desconociendo las reglas preestablecidas por la Constitución.

Si los diputados y senadores tuviesen la firme convicción de que se debe aplicar los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos con preferencia a la Constitución y las leyes, no tendrían que haber sancionado la Ley que levanta la intangibilidad del TIPNIS, es más hoy tendrían que abrogarla, como una muestra de seriedad de sus actos y coherencia entre lo que predican y practican; ya que esa Ley infringe las normas previstas por el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que ha suscrito y ratificado el Estado boliviano; tendrían que derogar el art. 36 de la Ley Nº 004, que introduce los arts. 91 Bis y 344 Bis al Código de Procedimiento Penal, cuyas normas permiten la prosecución de una acción penal contra las personas acusadas de corrupción que sean declaradas en rebeldía, porque dichas normas son contrarias a las normas previstas por el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); también tendrían que derogar la Disposición Final Primera de la Ley 004 que permite la aplicación retroactiva del art.25, numerales 2 y 3) de la misma Ley, porque infringe el art. 9 de la CADH; tendrían que eliminar en el Proyecto del Código del Sistema Penal Boliviano la norma referida al aborto impune, porque contradice la norma prevista por el art. 4.1. de la CADH que prevé lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

En suma, la Asamblea Legislativa Plurinacional tendría que proceder a un saneamiento legislativo, para derogar todas aquellas disposiciones legales que son contrarias a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Bolivia: la Constitución del Estado plurinacional es nula


(Miércoles, 27 Septiembre 2017)

CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN 

En Bolivia se ejecuta otra maniobra para la permanencia indefinida en el poder, pese al mandato del referéndum de 21 de febrero de 2016 en el que el pueblo dijo NO. Es otra operación castrochavista que busca seguir simulando una democracia que no existe, poniendo en escena un recurso constitucional para que sus jueces manipulados falseen la prohibición de reelección establecida en su constitución, que en el tema ya violaron dos veces. Ningún recurso puede habilitar a Evo Morales, ni legalizar su sistema, porque toda la estructura constitucional en la que se ampara el régimen es ilegal, ya que la Constitución de su estado plurinacional es nula de pleno derecho y es solo la frágil careta de un gobierno de facto.

Acción de Inconstitucionalidad para habilitar la reelección indefinida


(Miércoles, 20 Septiembre 2017)

JOSÉ ANTONIO RIVERA

Según se registra en la prensa, los jefes de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) han presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, impugnando los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, cuyas normas, que tienen su base en los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución, prevén que el Presidente y Vicepresidente del Estado, los gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales tienen un período de mandato de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Piden al Tribunal Constitucional Plurinacional declare la inconstitucionalidad de los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026, y determine la inaplicabilidad de los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución.

El fondo de la demanda marítima


(Martes, 01 Agosto 2017)

KAREN LONGARIC

Es difícil, en una breve nota, plasmar un análisis sobre el fondo de la demanda instaurada por Bolivia contra Chile, evaluando con rigor jurídico sus fortalezas y debilidades. Por ello, me limitaré a facilitar al lector algunos datos normativos y doctrinarios, que lo ayudarán a valorar el asunto con apropiada lógica jurídica.

La demanda, se sustenta en la figura jurídica de los “actos unilaterales de un Estado, que surten efectos vinculantes para otros Estados”. Es así que Bolivia confiere a los pronunciamientos de Chile, de negociar una salida soberana al mar, valor jurídico análogo al de los actos unilaterales vinculantes. La figura de los actos unilaterales todavía no ha sido regulada por una norma escrita. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina le proporcionan sustento jurídico, siempre que se cumplan determinados presupuestos, para que el acto unilateral alcance efectos jurídicos vinculantes.

Constitución y Responsabilidad Penal de las personas jurídicas


(Martes, 01 Agosto 2017)

CIRO AÑEZ 

Actualmente en nuestro país se pretende establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo el entendido que algunas de ellas tienen por objeto la comisión de delitos y/o sirven como instrumento para la realización de ilícitos penales; sin embargo, no debemos olvidar que los entes colectivos tienen como sustrato material, la misma personalidad humana de donde reciben su manifestación.

Imaginemos que una persona natural que trabaja de taxista se encuentra conduciendo un vehículo automotor y resulta que atropella violentamente a alguien ocasionando graves lesiones a la víctima. Acaso aquella persona natural que conduce dicho vehículo, dirá: ¡yo no fui el que atropelló, fue el vehículo!, por lo tanto, debiera responsabilizarse penalmente a dicho vehículo como instrumento o medio en la comisión del delito!. Casi lo mismo, ocurre con el criterio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pretender culpar al instrumento artificial y no así a la persona natural que comanda la empresa. Esta situación era más evidente cuando en principio el proyecto de ley, estaba eliminando el art. 13 ter del actual Código Penal, que responsabiliza al administrador y representante de las personas jurídicas.

Condenas erróneas


(Jueves, 06 Julio 2017)

CIRO AÑEZ 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo con la procedencia de la indemnización por parte del Estado cuando se ha condenado erróneamente a un imputado.

Existen Tratados Internacionales con jerarquía constitucional que tratan este tema, como ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su art. 10 dispone: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

La Haya no es el final del camino


(Jueves, 29 Junio 2017)

KAREN LONGARIC 

Razones de orden histórico, político y económico sitúan al tema marítimo como el objetivo más importante de la política exterior boliviana. En el último tiempo se han realizado pronunciamientos y opiniones que no exteriorizan con claridad y precisión la verdadera dimensión de las gestiones judiciales que se adelantan en la Corte Internacional de Justicia. Por la importancia que tiene la vocería de la demanda marítima y la indiscutible influencia que el expresidente Carlos Mesa ejerce en la opinión pública nacional, siento el deber de hacer algunas precisiones y comentarios sobre la posición expresada por el expresidente en un artículo publicado el 11 de junio de 2017, intitulado "La Haya no es el final del camino”.

Libertad económica, función empresarial y Derecho Mercantil


(Miércoles, 31 Mayo 2017)

LEONARDO GONZÁLEZ 

Resulta imperativo comentar que en lo relativo a la libertad económica, para que la misma se desarrolle plenamente, esta debe inicialmente girar en torno al concepto de “libertad”

Reforma Tributaria en Bolivia


(Martes, 16 Mayo 2017)

CIRO AÑEZ 

Las reformas al Código Tributario desde la perspectiva del contribuyente no han reducido el gran peso que representa ser formal; por lo tanto, el camino de solución no es mediante estrangulamiento al formal ni apostando a la represión tributaria para lograr recaudaciones históricas jactanciosas sino que ameritaría un cambio de paradigma más orientado hacia el sentido común y la verdad material.

Es menester entender que el tema tributario no puede verse de manera aislada del gasto público.
Los tributos sirven para financiar el gasto público, por lo tanto, se debiera avanzar hacia un consenso sobre qué tamaño de Estado queremos a mediano plazo, con lo cual podemos definir qué nivel de presión tributaria se necesita.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela


(Miércoles, 12 Abril 2017)

RAMIRO ARÍAS

Históricamente la democracia representativa ha sido un objetivo esquivo en buena parte de los países de las Américas, cuyos sistemas políticos cíclicamente han enfrentado procesos de autoritarismo, concentración de poder, falta de pluralismo y restricciones a las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Es por ello que desde que se conformó la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1948, se planteó como uno de sus propósitos promover conjuntamente las instituciones de la democracia. Con ese fin, durante los últimos 25 años, la región ha ido construyendo un patrimonio jurídico y doctrinal de declaraciones, resoluciones y actas que configuran un sistema colectivo de defensa de la democracia. Hoy, para el derecho internacional americano la democracia no es un sistema indefenso. Los ciudadanos del continente son titulares del derecho a la democracia y los gobiernos del deber de protegerla.

Alcances y efectos del Referendo Constitucional


(Martes, 04 Abril 2017)

JOSÉ ANTONIO RIVERA

Como parte de los argumentos, para forzar un nuevo intento de reformar el art. 168 de la Constitución, para habilitar a Evo Morales Ayma a una nueva reelección, se ha expresado que no existe una norma jurídica que prohíba realizar varias veces un referendo constitucional aprobatorio de una reforma constitucional. Ese argumento resulta inconsistente.

Las Leyes


(Miércoles, 08 Marzo 2017)

DANIELA ESCOBAR 

Hemos olvidado o simplemente no nos damos cuenta de que perdemos libertad a medida que distintos temas salen de la esfera privada para ser regulados por aquel grupo de voluntades disímiles que habitan el congreso.

Muy pocas veces o quizá ninguna nos hemos cuestionado acerca de cómo está planteado nuestro sistema de creación de leyes por parte de una institución democrática.

Sobre el proyecto de Reforma del Sistema Penal boliviano


(Martes, 17 Enero 2017)

CIRO AÑEZ

El día martes 13 de diciembre del año pasado, se realizó un acto en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde fue anunciado un proyecto de ley sobre la reforma al codigo penal bolivano. Sin embargo de que ningún asistente recibió un ejemplar para su lectura, entre los colegas abogados circula actualmente un proyecto ley que trae consigo varias novedades, a continuación señalamos algunas de ellas:

Reelección presidencial


(Miércoles, 14 Diciembre 2016)

VICTOR PAVÓN 

Cada vez que se escucha sobre la reelección presidencial en cualquier país,

La prescripción del delito


(Miércoles, 23 Noviembre 2016)

WILLIAM HERRERA

A propósito de la acusación contra Samuel Doria Medina por supuestos hechos ocurridos hace más de 20 años, existe la figura de la prescripción del delito que conlleva la extinción de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo que fija la ley. El tiempo de la prescripción dependerá de la gravedad y la naturaleza de cada delito en particular. El legislador establece los plazos como una manifestación concreta del ius puniendi, que tiene el Estado. Esta es una garantía para el imputado pues cuando se declara probada la prescripción del delito, lo libera de la persecución penal y para el Estado representa una sanción porque no puede continuar ejerciendo la acción penal que estaba obligado a promover.

¿CPE?: "Yo, le meto nomás" (I)


(Lunes, 24 Octubre 2016)

IVÁN ARIAS

Nada dura para siempre y los actuales gobernantes tienen que empezar a tomarlo muy en cuenta porque sus violaciones a las normas, pero ante todo a la Constitución Política del Estado (CPE), son varias y, a no dudar, deberán rendir cuentas algún rato. Eso de "yo le meto nomás” es folklórico, pero aplicado a la gestión pública es catastrófico y sus desastrosos impactos en la realidad nacional los estamos viendo en todos los aspectos. Gracias al apoyo de la doctora Alejandra Prado, hacemos una breve relación de las violaciones de la CPE aprobada en 2009.

Sin carrera judicial no habrá independencia judicial en Bolivia


(Martes, 04 Octubre 2016)

EDDIE CÓNDOR 

La Constitución Política del Estado (art. 178-II) establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.

La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje –fijo– del presupuesto general del Estado, suficiente que viabilice los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permita atender sus gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones conforme a su presupuesto y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.

Inseguridad jurídica


(Martes, 04 Octubre 2016)

GABRIEL BORAGINA 

El concepto de seguridad jurídica como el de su antagónico (la inseguridad jurídica) es, como hemos dicho en otras oportunidades, una noción de carácter relativo atendiendo (y dependiendo) el marco institucional vigente en un país determinado. Como hubiéramos referido, variará según sea el enfoque socio-jurídico-filosófico de lo que se tenga por "orden jurídico", ya que cabria la posibilidad -y lamentablemente ha sucedido históricamente con demasiada frecuencia- que una determinada sociedad tuviera la visión de "orden jurídico" como aquel "orden" impuesto por una autoridad que, encaramada en el estado-nación entendido como institución, impartiera el mismo de manera completamente discrecional.

Así, en otras épocas, el "orden jurídico" era el que dictaba el rey, monarca, emperador, cónsul, Duce, Führer o jefe carismático, voluntario o involuntario, de un determinado lugar, nación, país o continente. Desde este punto de vista, cuando se habla de un "estado de derecho" en realidad se está aludiendo a un "estado" representado por la voluntad de una persona, o de un grupo dominante (aunque relativamente pequeño) de personas que constituyen una élite gobernante y que definen lo "que es" el "derecho" desde sus respectivas posiciones de poder.

Frente a este enfoque -que fue mayoritario durante buena parte de nuestra historia antigua y reciente- se alza otra opuesta, que identifica el orden jurídico y –correlativamente- la seguridad jurídica con el reconocimiento de ciertas instituciones tales como la propiedad privada y los derechos individuales. Por lo que, conforme uno se posicione en una u otra perspectiva, lo que se entienda por "inseguridad jurídica" será sustancialmente diferente. En la primera descripta, la seguridad jurídica será aquella que emana del edicto real, o imperial, o del estado totalitario. En una palabra, lo que el jefe o director defina como tal. Desde la segunda, la seguridad jurídica será aquella otra donde un orden legal personal o impersonal garantice los derechos individuales en lugar de definirlos. Desde esta segunda posición, se ha dicho (en el marco del tema referido al denominado "estado de necesidad") por ejemplo que:

Derecho y libertad


(Martes, 13 Septiembre 2016)

GORKA ETXEBARRÍA

En épocas de inflación legislativa como la nuestra, donde cada segmento de la vida individual está sometido a un reglamento, norma o decreto, la libertad es un bien escaso, cuando no prácticamente inexistente.

Contra los excesos de las leyes, hay quien utiliza el llamado Derecho Natural para defender, antes de que el Estado se lance a dictar norma alguna, que todo hombre posee unos derechos inalienables y que nadie puede vulnerar: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Evidentemente, este enfoque es el más razonable para desmontar el llamado positivismo jurídico, que subraya que sólo la norma escrita es ley. El más famoso representante de esta corriente de pensamiento es Kelsen, autor al que despedaza Bruno Leoni en el libro que reseñamos aquí: Lecciones de filosofía del derecho.

Leoni no se dejó engañar por la grandeza de la obra de Kelsen, un autor que, poco después de que Hitler llegara al poder y tener que salir corriendo de Alemania, camino de los Estados Unidos, reconoció que quizá las normas tenían límites que el Estado no podía sobrepasar. Pero ya era demasiado tarde: Hitler había impuesto su terrible tiranía utilizando la ley y respaldado por juristas relevantes como Carl Schmitt.

El daño resultó irreparable. Al dejar que el Estado no tenga más límite que sí mismo, la libertad desaparece de la escena social. Habrá quien piense que las Constituciones pueden servir de muro de contención, pero, como dijo Anthony de Jasay, son tan eficaces como poner a una doncella un cinturón de castidad y dejarle a mano la llave: aunque los acontecimientos se posterguen un poco, al final la naturaleza prevalecerá.

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