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Caída de ingresos petroleros e insostenibilidad fiscal


(Jueves, 22 Junio 2017)

Fuente: fundación-milenio.org (Coy 324)  

Las economías que dependen de la explotación de recursos no renovables para generar ingresos fiscales y divisas, enfrentan a menudo dos problemas: el agotamiento de las reservas y la volatilidad de los precios. El agotamiento plantea problemas complejos de sostenibilidad y asignación intergeneracional de recursos, mientras que la volatilidad complica el manejo macroeconómico y la planificación fiscal.

Nuestra economía no escapa a estos problemas, ya que la generación de divisas e ingresos fiscales depende principalmente de la exportación de gas natural. En el periodo 2009-2014, las ventas externas de gas natural representaron, en promedio, el 43 por ciento del valor total de las exportaciones y los ingresos fiscales por hidrocarburos el 31 por ciento de todos los ingresos tributarios del gobierno general, en promedio.

Déficit fiscal y déficit primario no petrolero
El cuadro 1 muestra que en el periodo 2009–2013, el resultado global del sector público combinado registró un superávit de 1,0 por ciento del PIB en promedio, mientras que el resultado primario no petrolero registró un déficit de 8,4 por ciento del PIB en promedio. En 2014 se observa un deterioro ostensible en el balance fiscal: el resultado global registró un déficit de 3,4 por ciento del PIB y el déficit primario no petrolero empeoró, llegando a 12,3 por ciento del PIB. Esta situación habría empeorado aún más en 2015 (no hay datos oficiales).

En el corto plazo, el resultado primario no petrolero permite ver mejor el impacto de la política fiscal sobre la economía, y es también una medida más confiable del gasto fiscal discrecional que el resultado global, puesto que es una variable que está bajo el control del gobierno. Así pues, el aumento en el déficit primario no petrolero indica expansión del gasto primario (gasto total menos intereses de la deuda pública), debido principalmente al crecimiento de la inversión pública.

Ese mismo resultado proporciona, también, una medida de la vulnerabilidad fiscal. Si los gastos aumentan durante el periodo de precios altos del gas natural, tal como ha ocurrido, el déficit no petrolero resultante puede ser difícil de financiar e, incluso, podría ser insostenible en ausencia de un ajuste fiscal en el periodo de precios bajos del gas natural.

Demanda y reservas de gas
La demanda de gas natural llegó en promedio a 59 millones de metros cúbicos día. Este flujo diario implica una demanda anual de 0,76 trillones de pies cúbicos, como se muestra en el cuadro 2. La demanda ha crecido continuamente y se espera que siga así en el futuro, debido a la necesidad de atender tanto el contrato con Argentina como el mercado interno (por ejemplo, la producción de urea y amoniaco).

Con una demanda de 60 millones de metros cúbicos día y dado el nivel de reservas certificadas de gas natural al 31/12/ 2013 (cuadro 3) ¿cuántos años más el nivel certificado de reservas puede satisfacer la demanda anual? Esta pregunta es crítica para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica. Las reservas probadas se agotarían en 2026 y, si se toma el total ponderado, las reservas podrían durar 3 años más, hasta 2029. El mercado usualmente pondera por 1 las reservas probadas, por 0,5 las probables y por 0,1 las posibles. Utilizando esta práctica ad-hoc, las reservas de gas natural habrían alcanzado a 12,62 trillones de pies cúbicos a diciembre de 2013.

Esta estimación puede ser muy conservadora, ya que no considera los posibles nuevos descubrimientos. Sin embargo, desde el año 2000 en adelante no se han descubierto nuevos reservorios importantes de gas; por el contrario, se prevé una declinación en la producción de los campos más importantes a partir de 2022. Un horizonte de apenas 16 años es un problema que podría frenar la renovación del contrato con Brasil; éste concluye en 2019. Adicionalmente, el cumplimiento del contrato con Argentina podría verse dificultado por la declinación de los campos en operación.

Aunque está vigente una ley para incentivar la exploración con costos temporales para el Tesoro General de la Nación y los gobiernos sub-nacionales, expertos piensan que estas medidas no son suficientes y que las compañías privadas están más interesadas en monetizar las inversiones realizadas en los años noventa. Se sabe, además, que la mayor parte de la inversión se destina a actividades de explotación con el fin de mantener los niveles de producción y satisfacer la demanda.

Política fiscal y recursos naturales no renovables
Frente al agotamiento de las reservas y la declinación de los campos de gas, ¿de qué forma el gobierno debería asignar los recursos a través del tiempo? Para contestar esta pregunta, una herramienta útil es la hipótesis del ingreso permanente, desarrollado para explicar el consumo de las familias. El ingreso permanente viene del ingreso promedio que las familias esperarían a lo largo de un horizonte de tiempo. Por tanto, éste es un promedio de ingresos presentes y futuros. Las familias ajustan su consumo en función al ingreso permanente. Esta idea también se puede aplicar al caso de los ingresos fiscales provenientes de la explotación de un recurso natural no renovable.

La variable clave es la riqueza gasífera definida como el valor presente de los futuros ingresos fiscales por la explotación del gas natural. En este sentido, los ingresos fiscales del gas natural no son vistos como un ingreso, sino como una transacción de portafolio que convierte el activo gas en activo financiero. El desafío de largo plazo de la política fiscal es decidir como asignar la riqueza en el tiempo, considerando la necesidad de preservar la riqueza gasífera, lo cual exige que el gasto fiscal, en cada periodo, esté limitado por la anualidad relacionada al valor presente de los ingresos fiscales futuros del gas natural y los ingresos fiscales no relacionados con la explotación de gas.

Esta idea cobra mayor importancia si los ingresos del gas se reducen porque la producción disminuye y/o porque la caída de precios persiste en el tiempo, puesto que para el gobierno será difícil sostener el mismo nivel de gasto de antes. Se vería obligado, entonces, a ajustar el gasto público a la nueva realidad, con las consiguientes dificultades económicas y sociales.

De acuerdo a los supuestos básicos indicados en el cuadro 4, los ingresos fiscales por gas natural alcanzarían anualmente a casi US$1.600 millones. Aplicando un modelo basado en la hipótesis del ingreso permanente y considerando un endeudamiento externo de 1,7 por ciento del PIB entre 2016 y 2019, el gasto público total no debería ser mayor (en promedio) a 35 por ciento del PIB en el periodo 2016 – 2019, lo que implicaría un ajuste en el gasto de 8 por ciento del PIB con relación al nivel de 2014 (43,2 por ciento del PIB).

Conclusión
El déficit primario no petrolero subió a 12,3 por ciento del PIB en 2014, y es probable que haya empeorado en 2015. Un déficit tan alto es una señal de alerta de que la política fiscal subyacente puede ser insostenible en el mediano plazo. Hay pues la necesidad de un ajuste fiscal basado en un horizonte de largo plazo que tome en cuenta el agotamiento de las reservas y la declinación en la producción de gas natural, como también la caída en los precios, que, según parece, persistirá en el tiempo. El mejor indicador para evaluar la postura fiscal debería ser el déficit primario no petrolero.

Invenciones inaceptables


(Jueves, 22 Junio 2017)

Fuente: carlosdmesa.com (por CARLOS D. MESA) 

Recuperar nuestra historia prehispánica no sólo es legítimo, sino indispensable, mucho más en un momento en el que recordar lo que fuimos antes de la conquista ha cobrado tal importancia. Era hora de que así fuese, sin duda.

Pero lo que no es tolerable en un país con las profundas raíces históricas de Bolivia, es que se planteen inventos tan groseros de nuestro pasado como para establecer que el “año nuevo aymara” rememora 5518 años desde el nacimiento de esa cultura.

Empecemos por decir que el “cálculo” se hace a partir del “más o menos”, del a “grosso modo”. Se cuentan 5000 años desde 1492 hacia atrás y 518 años desde 1492 hacia adelante, lo que “explica” la cronología inventada del año 5518. De ese modo, se establece porque sí, que la cultura aymara apareció en el año 3508 antes de Cristo.

Primera pregunta ¿Qué tiene que ver en este asunto el año 1492? Los españoles tocaron por primera vez la región del Caribe, la isla de Guahanahaní para ser precisos, el 12 de octubre de 1492, pero tuvieron que pasar cuarenta y tres años para que se produjera su llegada a lo que hoy es territorio boliviano. Vale mencionar como dato una primera incursión de un contingente español por la ruta de Asunción al territorio cruceño en 1526, varios años antes de la llegada de Ñuflo de Chávez a la región, pero que no determinó establecimiento permanente alguno, por eso se la menciona como un antecedente. Para el caso de los Andes fueron “los de Chile” de Diego de Almagro los que llegaron al altiplano y fundaron Paria, el primer asentamiento español en nuestro territorio. Ocurrió en 1535. En consecuencia, puestos a inventar, lo mínimo sería la referencia de 1535 y no la de 1492 para hacer la alusión simbólica que se pretende con la historia de los quinientos años. Es decir 475 años y no 518.

Segunda pregunta ¿De dónde salen los 5000 años? De un as debajo de la manga, de la arbitrariedad. Empecemos por decir que se discute incluso si hay una relación directa entre Tiahuanacu y los aymaras. Si la hubiese, se podría establecer una cronología aproximada -como máximo- al 1200 antes de Cristo. Si, por el contrario, como afirman algunos especialistas los aymaras son diferentes y posteriores a Tiahuanacu, la aparición aymara podría datarse entre el 1100 y el 1200 después de Cristo, producto de una migración desde las costas del Pacífico (del norte de Chile a la región del lago Titicaca). Sea una u otra la opción escogida, está claro que es imposible hacer una referencia anterior a cualquiera de esas dos fechas directamente vinculada a lo aymara.

Lo insólito del asunto, además de la absoluta falta de rigor histórico y de un mínimo de pudor simbólico, es que lo deseable era una integración de lo representativo y emblemático en un tiempo como este, preñado de una idea de recuperación de lo originario, estableciendo un criterio de universalidad, es decir que englobe nuestro pasado común indígena, en cuyo caso era perfectamente entendible ir aún más lejos en el tiempo, por los menos al 7000 antes de Cristo, si nos remitimos a la cultura vizcachanense por ejemplo, cuya importancia fundacional para el pasado boliviano es crucial. Ese punto de partida, además, hubiese englobado al conjunto de las culturas indígenas del país, tanto las de los Andes como las del amazonas, Chiquitos y el Chaco, ya que se podía considerar a Vizcachani como una línea común a nuestro espacio geográfico que es, además, parte fundamental de las investigaciones arqueológicas realizadas con seriedad y profesionalismo por arqueólogos bolivianos y extranjeros que han trabajado para darnos pistas consistentes de nuestro remoto pasado.

El asunto no es una banalidad, muestra una intención, porque una vez más se comprueba la búsqueda de una hegemonía de lo aymara al costo que sea, por encima de una visión integradora, no sólo a nivel global, sino específicamente en el contexto del mundo indígena.

A estas alturas, los historiadores tenemos la obligación de llamar la atención sobre un conjunto de elementos que están indicando claramente la intención de torcer la historia, de acomodarla a los tiempos que corren y, lo que es más grave, grabar en el inconsciente colectivo una fecha que nada tiene que ver con la verdad.

La celebración del solsticio de cambio de estación, el mes depende de la parte geográfica del planeta es –en el mundo entero- una fecha importante en la historia humana, tiene que ver con la tierra, con el momento de la siembra, con la idea de la fecundidad. Tradición de respeto que hay que mantener. Lo que no se puede es inventar de un modo tan burdo una historia inexistente. Más grave cuando no necesitamos construir ficciones, contando Bolivia con un pasado indígena tan rico, tan extraordinario, tan lleno de culturas del más alto nivel, del que nos debemos sentir orgullosos.

Llegará el día en que estos desafueros se terminen, llegará la hora en la que podamos mirar nuestro pasado, el verdadero, con los ojos adecuados y la pasión legítima de reencontrarnos con nosotros mismos.

Gremiales y transportistas


(Jueves, 22 Junio 2017)

Fuente: eldia.com.bo ( Por EDUARDO BOWLES)

Casi al mismo tiempo, transportistas y gremiales se han declarado en guerra contra dos leyes municipales y están decididos a imponer su voluntad, lo que equivale a mantener el caos que impera en calles y mercados.

Nos estamos refiriendo en primer lugar a la Ley de Fotomultas que impone un método electrónico para combatir a los infractores y a la Ley de reordenamiento de los mercados que fija el traslado de miles de vendedores hacia nuevos establecimientos construidos en las afueras de la ciudad, con la finalidad de descongestionar el centro de la capital, literalmente invadido por toldos, ambulantes, puestos callejeros y por supuesto, por basurales, congestionamiento y todo tipo de lacras que proliferan en los tugurios.

Los transportistas se han declarado en emergencia y han recurrido a la justicia para denunciar la supuesta ilegalidad de la instalación de sistemas de control cibernéticos en las calles. Los gremiales han optado por una estrategia más agresiva; han salido a las calles a protestar y algunos de ellos se han mostrado con las caras cubiertas con pasamontañas y la inscripción “talibanes gremiales” en el pecho. Dicen estar dispuestos a todo para evitar el desalojo de Los Pozos, La Ramada y el Abasto.

En ambos casos, lo correcto no es afirmar que estos sectores están en contra de la Alcaldía o el Concejo, sino que atentan contra la ciudadanía a la que castigan constantemente con sus malos servicios, con sus hábitos arcaicos, la falta de higiene, productos en mal estado, estafas y todo tipo de mañas que encarnan transportistas y gremiales, que lamentablemente intentan perpetuar el primitivismo, cuando los habitantes de esta ciudad aspiran a vivir con más decencia, limpieza y orden.

Y para ser exactos, desafortunadamente los ciudadanos no pueden tener la seguridad de que sus autoridades, los responsables del Municipio, actúan a su favor. No es por juzgar a los actuales concejales o ejecutivos de la comuna, que a lo mejor tienen buenas intenciones, sino a la falta de consistencia, a la carencia del principio de autoridad y especialmente a la ausencia de compromiso con la ciudad que ha persistido a lo largo de la historia contemporánea de Santa Cruz, que hace mucho está en manos de estos chantajistas, que en numerosas ocasiones han sido gobierno, han manejado las políticas urbanas, se han sentado en los sillones del órgano deliberante y por supuesto, se han asegurado de que perdure el caos que les retribuye buenos dividendos económicos y excelente rentabilidad política a los que han sido elegido para servir a los vecinos y contribuyentes.

Por eso mismo y para asegurar que las cosas cambien definitivamente es que ambos problemas deben ser asumidos por la ciudadanía, que ha demostrado mayor efectividad que las autoridades a la hora de imponer políticas públicas. Los vecinos tienen ahora la posibilidad de activar canales de participación y de presión a través de las redes sociales, tal como ha sucedido en la ciudad de La Paz, donde la realidad del transporte ha comenzado a cambiar gracias a la alianza entre la gente y sus autoridades.

Sin moral y sin derecho


(Jueves, 22 Junio 2017)

Fuente: eldia.com.bo (Por EDUARDO BOWLES) 

Conflictos paralelos en La Paz y en Camiri, no solo reflejan la doble moral con la que actúa el Gobierno, sino también un hecho muy grave: la constatación de que no quedan vestigios del estado de derecho en Bolivia, donde hay quienes gozan de ciertos privilegios y otros son tratados como ciudadanos de segunda categoría, a los que se reprime y se persigue sin contemplaciones.

En la sede de Gobierno, la Federación de Juntas Vecinales lleva adelante el segundo día de bloqueo en protesta por una norma municipal que busca poner orden en las construcciones. Los dirigentes de la Fejuve, vinculados al oficialismo, han podido llevar adelante sus protestas, interrumpir el tráfico en la ciudad más importante del país, la policía no ha hecho más que mirar, mientras que desde el Ministerio de Comunicaciones se justifica esta situación argumentando que “en Bolivia se respeta el derecho a la protesta”.

Esta afirmación suena destemplada, porque justo hace unos días se impidió mediante una resolución judicial impulsada y manipulada entre el Gobierno y el Defensor del Pueblo, una protesta de los médicos y además por lo que está sucediendo en Camiri, donde las fuerzas represivas han descargado todo su poder para proteger a un alcalde cuestionado por la población que exigen nuevas autoridades que ayuden a frenar los abusos y la corrupción.

Obviamente, detrás de todo existe una motivación política, pues en La Paz se está buscando desacreditar y ponerle palos en la rueda a la gestión del alcalde Luis Revilla (opositor) y en Camiri se protege la administración de un oficialista, que viene siendo cuestionada desde hace meses por la mala gestión y el nepotismo, dos elementos que se repiten en cada una de las instituciones manejadas por el oficialismo.

No se debe justificar desde ningún punto de vista el uso del bloqueo como medida de protesta, pues se trata de uno de los males más infames de nuestra política que debemos desterrar de raíz. Pero precisamente la peor forma de hacerlo es dar la señal de que hay “bloqueos malos” y otros que deben ser tolerados y estimulados porque les conviene a los mandamases de turno o porque los organizan ciertas minorías eficientes que han conseguido enquistarse en el poder, adueñarse de la ley y de las instituciones a fuerza del chantaje y la paralización. Esta situación nos confronta entre bolivianos y también con la comunidad internacional que ha visto cómo las autoridades nacionales lloriqueaban en importantes foros multilaterales en reacción por el bloqueo de los aduaneros chilenos que cortaron durante dos semanas el comercio en Bolivia.

Esta manera de proceder, muy característica de un régimen que ha sido juez y parte; legislador y transgresor, comienza a provocar hastío en la población y eso se puede ver en hechos recientes como en Los Yungas, donde los cocaleros no admiten la discriminación respecto de sus pares del Chapare; en La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.

En La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.

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